Si bien el presidente AMLO y los propagandistas de Claudia Sheibaum se jactan diariamente de velar por la democracia, entienden –o aparentan entender– este concepto bajo una óptica limitada, y si se quiere, de corte dictatorial propia de los regímenes autocráticos.

Bajo la interpretación de la 4T y de sus seguidores, la democracia se limita al gobierno de las mayorías. A la luz de este concepto, ellos juran encarnar la voluntad mayoritaria reflejada en el Congreso y en la popularidad del presidente. Desprecian, por tanto, a las minorías parlamentarias y, desde luego, a la Suprema Corte.

Sin embargo, la democracia reviste una interpretación más amplia. Si bien sí que está estrechamente ligada al gobierno de las mayorías, también se ejemplifica con la defensa de las minorías, léase, los grupos minoritarios que no tienen voto en el Legislativo.

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La Suprema Corte, por su parte, en tanto que garante del orden constitucional, tiene la misión fundamental de poner un alto a los abusos de poder cometidos desde el Ejecutivo y el Legislativo; léase, desde los poderes que gozan de la legitimidad mayoritaria. Lo hace en aplicación del derecho originario y de las leyes secundarias.

En este tenor, el plan C, que busca, entre otros objetivos, hacer elegir a los ministros del máximo tribunal por sufragio universal, no es más que una intentona para someter al Poder Judicial al gobierno de las “mayorías”, en tanto que su responsabilidad es la protección de las minorías. Se trata, pues, de una idea contraria al espíritu de la Corte y que atenta contra uno de los pilares fundacionales de la democracia liberal.

En otras palabras, la misión principal de la Constitución y de las leyes secundarias es la garantía del respeto de las libertades y de los derechos individuales de los ciudadanos; tanto contra las embestidas de otros individuos, como frente al autoritarismo ejercido por el presidente y las mayorías parlamentarias.

Y no se queda allí, sino que el concepto de la democracia va más allá. Bajo un marco constitucional y un Estado de derecho efectivo, la libertad de prensa y disensión están garantizadas. Dicho de otra manera, la Constitución y las leyes que de ella emanan garantizan la libertad de expresión sin el temor a una represalia discursiva por parte del jefe del Estado.

AMLO, por su parte, en ejercicio del autoritarismo presidencial que heredó de sus antecesores priistas, desdeña a la ley, y se erige como la única voz que representa al pueblo de México. Como si se tratase de un ciudadano cualquiera, el jefe del Estado mexicano utiliza el púlpito presidencial para despotricar contra cualquier hombre o mujer que le planta cara.

La vulgar intromisión de AMLO en favor del campaña de Claudia trasluce el carácter de aquel priismo de antaño que el presidente lleva en su ADN político.