La derrota de Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos significa, por un lado, la polarización política en su máximo esplendor, pero también el fracaso del proyecto político de un solo hombre que tenía la intención de transformar ese país, de una manera radical. 

Pero lo que importa por ahora es tratar de entender las posibles repercusiones en la libertad de expresión del hecho de que varias redes sociales - incluyendo a Twitter y Facebook - suspendieron las cuentas del que todavía era el Presidente de EE.UU.

Desde mi perspectiva, encuentro al menos tres valores en juego: Primero, se buscaba evitar la dispersión de noticias falsas y así evitar que los ánimos se caldearan aún más, después de que grupos simpatizantes de Donald Trump irrumpieran en el Congreso con la intención de evitar la certificación de Joe Biden como POTUS.

Segundo. Por otro lado, sin embargo, académicos como Francis Fukuyama, han sugerido que existe un peligro en el hecho de que las redes sociales puedan unilateralmente suspender cuentas. Muchos han justificado esto argumentando que, al ser entidades privadas, tiene el derecho de decidir quiénes pueden usar sus plataformas, como Uber su sistema de transporte.

Sin embargo, lo cierto es que empresas como Twitter o Facebook han acumulado tal poder y penetración en la sociedad que es dable pensar que sus decisiones afectan a la comunidad en su conjunto. ¿Cómo podría no serlo si en estas plataformas nacen y se desarrollan debates de la vida pública de nuestra nación diariamente?

En México este debate sobre la libertad de expresión también se desencadenó por la decisión del INE de no permitir que se hable de algunos temas en las conferencias de prensa de AMLO durante el período de campañas. Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación todavía tiene que pronunciarse al respecto una vez más (porque ya lo ha hecho antes), por haber sido impugnada dicho acuerdo del Consejo General, lo cierto es que un asunto del que poco se ha hablado -y es el tercer valor en juego- es el del derecho de la ciudadanía de saber -sin restricción- qué es lo que proponen las plataformas electorales. 

En esta materia las decisiones del INE corren el albur de parecer arbitrarias, ya que es muy difícil establecer la frontera entre lo adecuado y lo inadecuado en una campaña electoral aún con el argumento tan corto como cierto de “porque así lo dice la Constitución”.

Ante ello, no estaría mal reabrir el debate y repensar la Reforma Electoral del 2007 para que las campañas dejen de ser una vil guerra de spots sin narrativas claras; y transicionen a un verdadero ágora donde las y los candidatos y la ciudadanía tengan las mayores libertades posibles para dialogar e informarse; y no menos importante, que la sociedad y no dos o tres plataformas digitales, retome el poder que le corresponde; por lo que todo ello representa.

Alfredo Medellín Reyes Retana

Maestro en Comunicación Política por la Universidad George Washington

Director General de Comunicación Social del Poder Legislativo del Estado de México

*Los puntos de vista son a título personal, No representan la posición del Poder Legislativo del Estado de México.*