El 31 de diciembre de 2020, Carlos Mendoza Davis veta el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal 2021. En su columna lus et ratio, Arturo Rubio Ruíz llamó a esto un veto imperial. Una acción digna de un monarca más que un representante del Poder Ejecutivo que debería trabajar vinculado a otros dos poderes legislativo y judicial que forman el aparato estatal.

“El veto, en el derecho constitucional mexicano en general, y sudcaliforniano en particular, NO es un acto soberano de prohibir, como puede sugerir la interpretación etimológica del término veto, que es prohibir, dejar sin efecto, pues ello implicaría la superposición del Ejecutivo sobre el Legislativo”, expresa Rubio Ruíz en el texto El veto imperial sudcaliforniano: culcobcs.com/educacion-y-sociedad/el-veto-imperial-sudcaliforniano/

Desde 2019, por primera vez, la mayoría morenista ponía en jaque a un gobernador acostumbrado a un recinto parlamentario a modo. En 2020, Mendoza Davis decidió entorpecer el trabajo legislativo desconociendo y negándose a publicar 32 decretos, entre ellas la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur.

Por supuesto, el caos al interior de la legislatura no hubiera sido posible sin Ramiro Ruíz, quien llegó al poder con Morena, luego pactó con el mandatario. Formó un bloque con las y los diputados de oposición del PAN, PRS, Humanista, PRI y PRD. Al final, como el perro arrepentido, volvió con la cola entre las patas y él junto a los otros integrantes de la fracción alterna de Morena se unieron en 2020 como contrapeso, pero su traición fue cobrada y no alcanzó ninguna posición para el 2021, por eso otra vez abandona a los morenista y se fue con Movimiento Ciudadano impulsando a su esposa Lavinia Núñez a la alcaldía de La Paz.

La columna de Rubio Ruíz es una crítica necesaria a la forma de ejercer el poder en la entidad, porque como bien dijo “el Gobernador actuó como un auténtico emperador, pues ejecutó la facultad de veto como un acto potestativo de imperio, dictatorial y arbitrario, inadmisible en un Estado democrático moderno”.

El veto resultó por las modificaciones que hicieron las y los diputados de Morena en rubros no prioritarios de servicios de comunicación social y publicidad, Servicios de traslado, viáticos en el país y pasajes aéreos. La iniciativa del gobernador designó 50 millones 353 mil 478 pesos sólo para comunicar las acciones gubernamentales durante el año electoral de 2021. Las y los diputados decidieron un recorte de 10 millones de pesos en este rubro.

En servicios de traslado y viáticos, el mandatario quería 33 millones 906 mil 276 pesos, pero el congreso recortó 25 millones de pesos. Lo mismo para pasajes aéreos, de 12 millones 770 mil 504 le fueron reorientados 10 millones de pesos mientras que en viáticos en el país de los 14 millones 375 mil 506 pesos le quitaron 12 millones de pesos. Los morenistas resaltaron que las modificaciones tenían el objetivo de reforzar el sector educativo, de seguridad y salud. Desmintieron que existiera una reducción del 60% del presupuesto en el Capítulo 3000 (servicios generales), el cual, calculó en 38%. La fracción legislativa únicamente cambió menos del 2% en este apartado.

El discurso con el que justificó el veto apela “a los intereses de las y los sudcalifornianos”. En nombre de sus representados, el (neo)virrey aplicó una estrategia que intenta golpetear al legislativo y, aunque lo niegue, con tintes electorales. ¿Qué busca la alianza PAN-PRI-PRD? No solo apoderarse de la Cámara de diputados y senadores, sino de las diputaciones locales para hacer contrapeso en caso de perder la gubernatura.

La manera en que operan los gobernadores en México, escribe Otto Granados Roldán para Nexos, evocan a la mecánica porfirista de finales del siglo XIX. Sin embargo, el mandatario es un ejemplo del ejercicio desigual del poder, basado en un patrón que inicia su configuración a partir del siglo XVI y que influenciará en el comportamiento social, económico y político no sólo de México, sino del resto de Estados-nación latinoamericanos, aún después de la independencia colonial: www.nexos.com.mx/?p=14511

Las formas de hacer política del (neo)virrey fueron una herencia de las élites de poder mexicana que consideran a la ciudadanía incapaces de autogobernarse. En la subjetividad del gobernante está impreso un patrón de poder que Aníbal Quijano llamó colonialidad, es decir, un conjunto de jerarquías políticas, económicas, religiosas, sexo género y epistemológicas gestadas durante el proceso colonial y vigentes hasta ahora.

El gobernador reproduce con su veto ese continuum histórico del “control de la autoridad colectiva, en torno de la hegemonía del Estado - Estado-Nación después del siglo XVIII - y de un sistema de Estados, de cuya generación y control son excluidas las poblaciones ‘racialmente’ clasificadas como ‘inferiores’” (Quijano, 2005), en donde nosotros somos los inferiores y él representa a esas élites que utilizan la estructura estatal promover una política subordinada a una geopolítica para la neocolonización neoliberal de Baja California Sur.

Quijano, Aníbal. El “movimiento indígena” y las cuestiones pendientes en América Latina. En: Revista Tareas, Nro. 119, enero-abril. CELA, Centro de Estudios Latinoamericanos, Justo Arosemena, Panamá, R. de Panamá. 2005. pp. 31-62.

Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/tar119/quijano.rtf