La elección de comisionados de institutos autónomos y organismos reguladores varía considerablemente según la institución de que se trate. Sin embargo, en todos los casos los mecanismos conjugan las preferencias de los poderes del Ejecutivo y del Legislativo (senadores o diputados). Esto se hace bajo la premisa de que estos organismos deben servir como contrapesos en las decisiones técnicas y políticas del Estado mexicano, por lo que en ninguno de los dos poderes debe recaer exclusivamente la decisión de elegir a quienes encabezarán este tipo de organismos. La idea central de la creación de las instituciones autónomas fue la necesidad de que el gobierno mexicano pudiera cumplir con algunas de sus funciones básicas; lo que no estaba logrando bajo el esquema tradicional de los tres poderes. Por ejemplo: 1) la política monetaria, manejada por Hacienda, que en el pasado ocasionó inflaciones galopantes y enormes devaluaciones del peso, 2) los mecanismos electorales, manejados por Gobernación, que anteriormente permitían todo tipo de atropellos a los partidos políticos y a candidatos de oposición, razón por la cual el PRI tuvo el control absoluto del país por cerca de 70 años y 3) la información estadística del país, también controlada por Gobernación, que en el pasado era completamente opaca, poco creíble y que se utilizaba con fines políticos, partidistas y electorales; menos con la intención de informar y rendir cuentas a la sociedad. 

Por ello, en diferentes momentos, con la intención de resolver estos tres grandes problemas, se crearon y/o se les otorgó la autonomía, respectivamente, al Banco de México (BM), al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Es decir, éstas y las otras instituciones autónomas creadas por el Estado mexicano, se crearon para resolver problemas que el gobierno no había sido capaz de hacerlo por sí mismo. Esta es la razón que justifica que estos organismos actúen con verdadera independencia y que funcionen, de facto, como un cuarto poder. De nada serviría tener una institución "autónoma" si sus decisiones fueran dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo. Sin embargo, a ningún gobierno le gusta tener verdaderos contrapesos. Por ello, hacen todo lo posible para tenerlos bajo control, principalmente, a través de intervenir de manera determinante en la elección de sus consejeros. Previendo este problema, los organismos autónomos tienen por ley distintos mecanismos para elegir a los integrantes de sus juntas de gobierno, los cuales tratan de equilibrar las filias y fobias de los dos poderes que intervienen en su elección. En algunos casos, el poder Legislativo (senadores o diputados) manda sus propuestas al Ejecutivo para que éste elija. En otros, el Ejecutivo manda las suyas al Legislativo para que haga la última selección. Y en otros más, las competencias de los candidatos son evaluadas (por terceras instituciones) en la materia a regular (como en los casos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y el de la Comisión Federal de Competencia Económica) y con bases en sus resultados se manda una terna para que el Ejecutivo proponga al Legislativo el candidato de su elección. Desgraciadamente, este mecanismo que asegura que los comisionados sean unos verdaderos expertos en la materia no se da en la mayoría de los casos. Un ejemplo patético es el caso de los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuyos candidatos propuestos por el Ejecutivo desconocen por completo el tema a regular. Aun así, la cámara de diputados dominada por MORENA aprobó dichas candidaturas, poniendo en evidencia que su interés no es contar con un organismo autónomo y experto en la materia, sino uno que el Ejecutivo pueda manejar a su antojo. En estas condiciones, me pregunto ¿no convendría cambiar el mecanismo para elegir comisionados de la CRE que primero acrediten un examen de competencias técnicas para después poder ser propuestos y, finalmente elegidos, como en los casos del IFT y la CFCE? De otra manera, no se justifica mantener a un organismo que no gozará del principio de independencia, indispensable para poder cumplir con su función básica?

 

**El autor es Presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, A.C.