Eduardo Rivera Pérez fue alcalde en el periodo 2011 y 2014, su triunfo estuvo ligado a “la ola del cambio” que en ese momento exigía la salida del llamado “gober precioso” Mario Marín y que llevó al PAN y a Moreno Valle a gobernar por primera vez en su historia el estado de Puebla.
Sin experiencia y rodeado de incondicionales, Rivera Pérez ejerció el poder municipal replicando las prácticas de los gobiernos priistas, aquellas que habían prometido desterrar, pero con el bono democrático con el que accedieron al gobierno les permitió potenciar y en algunos casos, superar.
El de Rivera Pérez fue un gobierno de metas incumplidas y maquilladas, como el caso de supuestas mil calles nuevas pavimentadas que en realidad fueron sólo 253; sistemáticos escándalos de compras a empresas fantasmas y con sobrecostos, dispendio en contratación de servicio de asesoría, devoluciones fiscales irregulares, conflictos con grupos sociales, represión a expresiones de diversidad e igualdad, y una serie de irregularidades que lo llevaron a ser inhabilitado por doce años y sancionado con el pago de 24 millones de pesos por el Congreso del Estado de Puebla, de lo cual sólo un frágil amparo ha postergado la sanción pero que puede revocarse en cualquier momento y poner en riesgo su nueva nominación como candidato del PAN, otra vez, a la alcaldía que saqueó hace 4 años.
Uno de los escándalos que mayor confrontación política y social ocasionaron fue el relacionado con la usurpación de profesión en la que incurrieron su tesorero municipal y su secretario de administración, los dos hombres responsables del ejercicio de los recursos públicos, el que autoriza y el que cobra.
El primer caso, es el de Arturo Botello Vargas que como tesorero municipal firmó documentos como contador público sin poseer el título correspondiente. Ante el escándalo, Rivera Pérez defendió al infractor afirmando que no existía ninguna obligación legal de ser profesional titulado para ejercer el cargo, y tiene razón, porque lar reforma a la Ley Orgánica Municipal de ese estado, que incluyó esa obligatoriedad de ser
profesional titulado para ese cargo, se aprobó posterior a este escándalo. Pero en lo que no tiene razón, a quien sus adversarios llaman el alcalde de la opacidad, es que negó que el funcionario cachirul hubiera firmado documentos presupuestales, contables y fiscales ostentando un título que no poseía.
Como se puede observar en la imagen que presentamos y que son de orden público en las instancias de transparencia de ayuntamiento de Puebla, se demuestra que junto a la firma del presidente municipal se encuentra la de Arturo Botello. En un ejercicio básico de lógica, quién comete un delito se llama delincuente y Botello Vargas cometió el delito de usurpación de profesión en documentos oficiales con impactos financieros y fiscales, ergo, es un delincuente y Eduardo Rivera encubrió y avaló dentro de su gobierno a un delincuente durante más de un año, vaya capacidad de ordenar su propia administración.
Pero el de Botello Vargas no fue el único caso de encubrimiento en el que incurrió Rivera Pérez, también se presentó la misma situación con su Secretario de Administración a quién se liga con el delito de
enriquecimiento inexplicable, tal como lo documentó el periodista Arturo Luna del medio digital Puebla Online, en su investigación se dejan al descubierto diversas irregularidades en el patrimonio de Iñigo Ocejo Rojo, quien ingresó al gobierno municipal declarando ingresos anuales por 193 mil pesos y un año después de abandonar la administración, declaraba ingresos por más de 4 millones 300 mil pesos, ya que se convirtió en un prospero consultor especialista en gestión de fondos para emprendedores, vaya situación, debe haber muchos emprendedores en México que quisieran obtener esos ingresos anuales.
(http://www.pueblaonline.com.mx/garganta_prof/?p=9118#.Wx0_DC9y8c g)
Ocejo Rojo, quien permaneció en toda la administración de Eduardo Rivera, también signó contratos y diversos documentos oficiales ostentándose como licenciado sin poseer el titulo profesional, pero no era nueva esta conducta, cuando fue delegado federal de la CONDUSEF en Puebla, hizo lo mismo.
Eduardo Rivera no puede decirse ajeno o sorprendido por esta situación, él lo designó y avaló las irregularidades, eso lo convierte en cómplice. ¿Así quiere volver al ser el alcalde de la transparencia y legalidad?