Tomando en cuenta que lacerantemente desde hace más de 12 años en México inició una cruenta guerra entre grupos delicuenciales, autoridades corruptas y un régimen de gobierno criminal, impune, con una legitimidad y legalidad hecha añicos, ineficiente y en agonía, podemos apuntar -al trasladarnos al presente con un cambio democrático no sólo en el ejecutivo federal sino justo con un cambio de régimen de por medio- que sí, sí ha habido un giro a la baja de esa ascendente línea de muerte y destrucción, ya que por ejemplo hoy en día está totalmente documentado con datos oficiales en mano   el Índice de letalidad en enfrentamientos entre criminales y fuerzas militares (agresores detenidos vs. Agresores fallecidos/heridos) ha ido descendiendo a partir del 1 de diciembre del 2018.

En otras palabras -solidificando lo dicho- observamos que las estadísticas y datos duros disponibles ayudan a formar un índice medible (una fotografía muestral del momento).

Por lo cual, podemos afirmar que es innegable e incuestionable que el número y porcentaje (%) de agresores muertos/heridos en enfrentamientos contra la recién creada en 2019 Guardia Nacional (para empezar a enfrentar el durísimo problema de inseguridad pública heredado por el anterior régimen canalla al actual gobierno progresista), ha empezado a disminuir a partir de la llegada del Presidente Andrés Manuel a Palacio Nacional; es decir, que en la actualidad hay más detenidos que fallecidos contrariamente a lo que pasaba antes (en donde el índice de letalidad era muy superior al actual además de la constante violación de los DDHH), lo que también nos lleva a una -aún inaceptable (pero indicativa decreciente)- cifra de homicidios de personas inocentes (no daños colaterales como inhumanamente les llamó Calderón y la derecha ignorante), que empieza poco a poco -y con mucho dolor en el proceso- a ralentizarse, ello considerando ese brutal contexto de creciente violencia que se iba dando aceleradamente año con año en el pasado reciente y en concreto a partir del inicio de la -sin ningún diagnóstico, planeación, ni estrategia en pos del bien del país- guerra genocida desatada por Calderón Hinojosa en el año 2006.

Por ello y por primera vez en años ha empezado a desacelerarse esa ola de sangre que aún queda en un punto de inflexión muy alto (ya que estamos hablando no solo de cifras sino de vidas humanas), pero que deberá seguir reduciéndose en los próximos años por venir.

Entonces, si razonamos con verdadero rigor analítico, veremos que de los anteriores altos números en rojo de víctimas mortales abatidas en enfrentamientos, hoy hay un tremendo avance en el respeto a los DDHH de parte de las fuerzas armadas mexicanas. Ello gracias al liderazgo, a la nueva visión y estrategia integral de seguridad pública (mucho más preventiva y disuasiva -que puramente punitiva- de la Guardia Nacional), de combate a la corrupción e impunidad, de inteligencia financiera, de reconstrucción del Estado de derecho y de renovar totalmente el sistema penal, de justicia y sobre todo el atender las causas estructurales del delito (con empleos bien remunerados, salud, educación, deporte, cultura y reinserción social) de parte del Presidente Andrés Manuel, su gabinete paritario (50/50 mujeres y hombres), el Legislativo (con una mayoría simple progresista) y el Judicial (con un ministro presidente de la SCJN honesto como lo es Arturo Zaldívar que libra una batalla interna para recuperar el PJF a favor del pueblo), y también con un rescate paulatino de las instituciones públicas encargadas constitucionalmente de salvaguardar -con justicia y dignidad- la vida de todos los mexicanos.

Finalmente y no menos importante de señalar: la cobarde violencia machista y misógina es un grave cáncer a eliminar por completo de nuestra sociedad (así como el racismo, el clasismo y la homofobia). Ante ello y como una acción concreta de política pública con un claro enfoque de equidad de género a realizar, creo firmemente que en los momentos difíciles también surgen las oportunidades para cambiar la narrativa. Por ello el Presidente Andrés Manuel debe corregir y ajustar para continuar con su agenda transformadora, por lo cual tiene que ser inclusivo -y entre otras acciones vitales- debe dar un giro e impulsar la Ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en todo el país. Ojo: Los abortos clandestinos son una de las principales causas de muertes de mujeres en México, por lo cual no sólo es un asunto de salud pública sino también de justicia social, por ello el INSABI -posterior a la aprobación de la ILE- tendrá que brindar con prontitud y prestancia la atención médica gratuita, de calidad e integral a las mujeres que han ganado el derecho a decidir en libertad en toda la república mexicana.

Entonces como observamos aún falta mucho por hacer, mejorar y recorrer. Adelante.