No dejan de llamar la atención los significativos contrastes entre la impartición de justicia mexicana -que ya se asemeja más a un parque de diversiones donde predomina la fantasía-, y la mano dura con que la implacable justicia norteamericana lleva sus procesos y llega a dictar sentencias. Los casos de funcionarios, narcotraficantes y líderes religiosos están a la vista de todos: Mientras Joaquín “El Chapo Guzmán, fue encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua en la Corte de Distrito Federal en Brooklyn, Nueva York, por los cargos de narcotráfico, asesinato y lavado de dinero, en territorio mexicano, su hijo Ovidio, quien fue detenido en un operativo en octubre pasado en Sinaloa, fue dejado libre por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, “para no poner en riesgo a la población”, según confesó. A estas disparidades en la impartición de justicia habremos de agregar los procesos que se siguen en el vecino país del norte a Genaro García Luna, Iván Reyes Arzate, Edgar Veytia, Tomás Yarrington y Naasón Joaquín, así como los muy opacos e irregulares por no decir ilegales procesos que en México se desahogan en los casos de Emilio Lozoya, Javier Duarte, Rosario Robles y las novedades que nos pueda reportar la detención de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”.

Para muestra basta un botón; Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante mexicano conocido como el Chapo, fue sentenciado el 17 de julio de 2019 a cadena perpetua, después de un juicio de tres meses, con lo que terminó una de las carreras criminales más brutales y notorias de la historia moderna.

Además de sentenciarlo a una cadena perpetua más treinta años, el juez ordenó al capo pagar 12 600 millones de dólares en reparación de daños.

El llamado “Culiacanazo”, llevado a cabo el 17 de octubre de 2019 constituye un hecho sin parangón. Baste recordar que durante un operativo realizado por elementos federales fue capturado Ovidio Guzmán López. El video de la detención circuló profusamente en redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo tratándose del hijo de “El Chapo”, pero inexplicablemente fue dejado en libertad. Los encargados de las fuerzas de Seguridad en el país intentaron argumentar sobre la decisión de soltar al presunto delincuente sin que quedase claro el tema, hasta que recientemente López Obrador osó ventilar en una de sus conferencias mañaneras que había sido él quien tomó la determinación de dejar libre al hijo de quien fuera el narcotraficante más buscado del mundo.

En la Unión Americana, Genaro García Luna, el ex Jefe de la Policía de México, se encuentra detenido desde diciembre pasado, señalado por haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante los sexenios de Felipe Calderon y Vicente Fox, a cambio de protección al crimen organizado. Está acusado además por cargos de corrupción, y crimen organizado.

Aún cuando se conoce que ha prometido colaborar entregando nombres e información, se advierte que ante la falta de acuerdos con el gobierno estadounidense, ha quedado abierta la puerta a un inminente juicio de alto voltaje por los nombres de pesos pesados que pueda involucrar, después de confesar que habría movido más de 50 millones de dólares en sobornos con dinero proveniente del crimen organizado.

Genaro García Luna, e Iván Reyes Arzate, quien fue mando en la Policía Federal entre el 2008 y 2017, acusados de nexos con el narcotráfico llevan su proceso en Estados Unidos, lo mismo que Edgar Veytia ex Fiscal de Nayarit en la administración de Roberto Sandoval, quien fue sentenciado a 20 años de prisión, debiendo recordarse está en una prisión en Texas el exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington.

El pasado 3 de julio, el sistema de acceso a las cortes federales de Estados Unidos informó que ambos casos habían sido puestos “bajo sello” y dejaban de ser de acceso público. Sin embargo, se realizó una nueva revisión de los expedientes de los imputados y se determinó que pudieran consultarse de nuevo, de manera que el público tiene derecho a acceder a la información de ambos procesos judiciales.

Sin duda, una situación muy diferente al caso del ex Director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Ricardo Lozoya Austin, que está plagado de irregularidades. De entrada, se dijo que arribó a nuestro país el pasado viernes 17 de julio extraditado de España donde fue detenido gracias a una ficha estando acusado de asociación delictuosa, cohecho, lavado de dinero y corrupción. Pero a la fecha nadie lo ha visto. Las autoridades armaron un montaje para evitar que pisara el Reclusorio Norte como era el procedimiento a seguir; recurrieron al viejo y choteado truco de un mal estado de salud para internarlo en un hospital reportando un cuadro de anemia y síndrome de esófago de Barret que lo mantuvo en hospitalización durante 15 días hasta que un juez le dictó libertad condicional a pesar de que fue vinculado a proceso por los casos de corrupción Odebrecht y Agro Nitrogenados. De manera que no pisó la cárcel y ahora descansa plácidamente en una de sus múltiples propiedades, gozando de los privilegios que le ha conferido el gobierno en turno a cambio de que entregue información y nombres de quienes participaron con él en los actos ilícitos que se le acusa. Lozoya ha negociado no ir a prisión y otorgar ese mismo beneficio a su madre, su hermana y esposa, quienes participaron en sus atracos, y ahora cínicamente ha comenzado una férrea pelea jurídica para recuperar sus cuentas bancarias que le fueron congeladas, sus bienes asegurados y sus facultades para ser funcionario público. Es decir que además de todo, tal vez se le tenga que pedir perdón al ex director de Pemex, quien por cierto, durante el tiempo que estuvo a cargo de la paraestatal le causó un daño por más de 23 mil 520 millones de pesos.

Una burla pues, algo parecido a lo ocurrido con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a quien apenas en mayo del año en curso un Tribunal federal le confirmó la sentencia de 9 años de prisión impuesta desde 2018 acusado por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Sin embargo, en el fallo se revocó el decomiso de unas 40 propiedades ligadas al ex gobernador y excolaboradores que se había ordenado como parte de la condena, las cuales siguen aseguradas hasta la fecha pues las investigaciones no avanzan. Según información del caso son propiedades entre las que se encuentran 21 terrenos ejidales en Campeche y 20 casas y departamentos ubicados en Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Quintana Roo, (La Silla Rota 24/07/20).

Y mientras ya decíamos, en México se urdió todo un montaje justificando problemas de salud para evitar que Lozoya pisara la cárcel, del otro lado de la frontera norte, el dirigente de la iglesia evangélica La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien enfrenta cargos de abuso sexual de menores, pornografía infantil, violación sexual, extorsión y varios otros, permanece detenido desde junio de 2019 en una cárcel de Los Ángeles, California, y recientemente se le ha negado su libertad a pesar de que su defensa alegó que su cliente “tiene un alto riesgo de muerte” si contrae el nuevo coronavirus pues padece diabetes e hipertensión. Su siguiente audiencia se programó para el 6 de agosto y se espera que ese día la Fiscalía estatal vuelva formularle cargos al líder de La Luz del Mundo.

De este lado del muro construido por Donald Trump, en el penal federal de Santa a Martha Acatita, Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social en el sexenio anterior, lleva casi un año recluida en espera de juicio, desde el 13 de agosto en que acudió voluntariamente a declarar -tras ser acusada de permitir el desvío de fondos públicos por unos 255.6 millones de dólares a través de universidades públicas y empresas fantasma-. El juez de control le impuso prisión preventiva por riesgo de fuga al detectar que poseía una licencia de conducir vinculada a un domicilio distinto al declarado, pero aún cuando ha interpuesto varías solicitudes de amparo para llevar su proceso en libertad, continúa en el centro de reclusión. Robles argumentó además ser una persona mayor de 60 años se edad, con padecimientos de hipertensión y rinitis crónica, pero nada le ha valido para retomar su libertad.

Son pues los contrastes de una justicia inflexible, rigurosa, e implacable como la de nuestro vecino del norte y una laxa, blanda, selectiva y flexible como la que tenemos en nuestro país.

Opinion.salcosga@hotmail.com

@salvadorcosio1