El fraude electoral sin derecho a fianza
Los candidatos de estos partidos del viejo régimen recurren a prácticas que, en teoría, son duramente penadas por la ley.
El hecho de que el fraude electoral en todas sus vertientes es un delito grave y sin derecho a fianza desde finales del 2018, cuando arrancó la Cuarta Transformación, es algo que las autoridades, incluyendo el propio presidente, han venido repitiendo por espacio de dos años y medio.
La pregunta es si los aspirantes a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, del PRI-PRD y Samuel García, de Movimiento Ciudadano, denunciados ante la FGR y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales lo sabían, o si les importaba.
Sobre aviso no hay engaño. No se trata de “persecución” gubernamental, ni nada por el estilo, ya que el pasado 21 de abril, Adrián de la Garza denunció a Samuel García por “posible lavado de dinero”. En respuesta, el 5 de mayo del año en curso, Samuel García anunció que interpondría una denuncia penal (la quinta) ante órganos electorales, señalando que el inexistente programa “Por Ti Mujer Fuerte”, consistente en entrega de tarjetas con la promesa de una dádiva bimensual, constituye también un delito electoral.
Luego entonces ¿Quieren denunciarse Adrián de la Garza y Samuel García entre ellos, pero que las autoridades no procedieran, o cuál era su propósito? ¿O no conocen las leyes electorales, o pretendían pasárselas por el “arco del triunfo” y quedar impunes?
A todas luces, ambos individuos “punteros en las encuestas” ante el desplome de la aspirante de Morena en la entidad presuntamente habrían cometido estos delitos graves y en caso de encontrarse culpables, deben pagar las consecuencias, incluyendo la cárcel, si esto lo amerita.
Y eso, señores del PRIANRDMC, no es “persecución política”. Es, en un país que ha sufrido 3 grandes fraudes electorales en espacio de 3 décadas, simple justicia.