El nuevo Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, buscará retomar en el circuito internacional el peso geopolítico que erosionó, durante cuatro años, Donald Trump. Para hacerlo, deberá fijar postura y agenda respecto a un factor que, además de incidir en la acumulación y demostración de poder, está modificando las bases político, sociales y económicas sobre las cuales las sociedades modernas fincan su desarrollo: la tecnología.

Las oficinas de asuntos gubernamentales de las Big Tech: Amazon, Facebook, Google, Twitter, Apple, Uber, Netflix, Zoom y YouTube deben estar trabajando a marchas forzadas y evaluando escenarios para que las alianzas estratégicas no parezcan monopolios, el pago de impuestos no deje entrever defraudación, las políticas de privacidad no sean abiertamente invasivas, las reglas de convivencia no lleguen a la censura, las unidades de negocio no echen mano del neoesclavismo y el desarrollo de algoritmos e inteligencia artificial no transgredan la ética.

Y es que el recambio de Presidente en la nación que alberga una parte importante del clúster tecnológico global parece ser un buen pretexto para, no solo pedirles explicaciones respecto a las prácticas nocivas que han llegado a asumir, sino para establecer el nuevo marco normativo que deberán acatar hacia adelante en todos sus proyectos y procesos de innovación. No importa si son de corto, mediano o largo plazo.

Da la sensación de que las Big Tech están alcanzando su mayoría de edad y con ella las implicaciones de hacerse responsables del impacto que tienen en la sociedad, en donde su peso ha llegado a ser asimétrico, ubicándose en ocasiones por encima de poderes constituidos, llámense órganos reguladores, tribunales administrativos, Cámara de Representantes, y, por qué no, un Presidente en funciones como lo fue Trump.

El libertinaje tecnológico, refieren algunos expertos, pudo haberse consolidado y extendido en la administración de Barack Obama (reelegido), gozó de un vacío político durante el mandato de Trump y está ahora frente a un Joe Biden que desde que fue vicepresidente --con el propio Obama-- ha seguido con atención la carrera tecnológica y la guerra cibernética y de desinformación que se juega en el exterior, en donde Rusia, Corea del Norte y China son particularmente agresivos.

De acuerdo con “Information Technology and Innovation Foundation”, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, el nuevo Presidente demócrata buscará que el gobierno se convierta en un socio activo de la industria. La estrategia parece tener sentido. Habrá más dinero para investigación y desarrollo a cambio de que el gobierno fortalezca su rol como ente regulador, pasando de una posición contemplativa a una más proactiva.

Como prueba de ello, se espera que la nueva administración busque eliminar la denominada “Sección 230”, una disposición al interior de la Ley de Telecomunicaciones del gobierno estadounidense en donde se exime de responsabilidad legal a las plataformas digitales por el contenido que generan los usuarios.

Al respecto, Joe Biden ha sido enfático: debe ser revocada. Desde su punto de vista, las plataformas digitales son co-responsables, por ejemplo, de la distribución de información falsa y de los pagos que reciben para ampliar el alcance de la misma.

La “autoregulación” que hoy mantienen no parece ser suficiente. O visto de otro modo, no ha sido del todo efectiva. El ejemplo inmediato es el asalto al Capitolio, hecho sobre el cual muchos se preguntan por qué tardaron tanto en silenciar a Trump.

Sin embargo, del otro lado aparecen argumentos también válidos, los cuales toman como base la primera enmienda a la Constitución y con ella la libertad de expresión sin intervención del gobierno o cualquier otro ente. Advierten que eliminar la “Sección 230” ineludiblemente distorsionaría la naturaleza del internet como un espacio libre y en donde, si fuese el caso, el responsable final debería ser “usuario” que infringió las normas y no la plataforma o vía que utilizó para hacerlo.

Otro de los temas en la agenda del demócrata es el aumento de impuestos a los corporativos tecnológicos que, presumiblemente, pasaría del 18 al 28 por ciento.

Si bien, faltan temas por abordar, lo revisado aquí permite avizorar que, Joe Biden quiere atajar el libertinaje de Silicon Valley, al menos en el papel. Falta ver si tiene espacio de maniobra para lograrlo y por supuesto revisar cuáles serían las consecuencias que traería consigo esto a nivel regional y global.

Para finalizar, una pregunta, ¿Por qué la discusión se centra solo en la interacción entre el gobierno y las Big Tech, si los dos históricamente han dado muestras de abusos? Desde mi perspectiva, el control de ambos recae en una sociedad organizada sólida.

Actualmente hay esfuerzos importantes al respecto pero así como las políticas de uso permean sobre millones de personas no importando su ubicación o nacionalidad, los usuarios deberíamos hacer lo propio. Se trata de asumir la ciudadanía digital.