México acaba de experimentar un ejercicio inédito sobre la decisión de continuar la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) o la de empezar un nuevo proyecto aeroportuario con tres terminales: Santa Lucía, Toluca y el actual aeropuerto de la CDMX. El resultado de dicha consulta es conocido por todos: cancelar el NAIM. Lo importante de este ejercicio es que deja un parteaguas en la vida política de México, imponiendo un mecanismo que el gobierno entrante se dispone a utilizar para su toma de decisiones.

El discurso de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es que el pueblo debe ser consultado en los asuntos trascendentales del país, haciendo realidad lo que llama “democracia participativa”. Sin embargo, esta consulta no estuvo apegada a Ley Federal de Consulta Popular, que garantiza que este tipo de ejercicios democráticos deben ser imparciales (Art. 40: “… de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía…”), representativos y transparentes. Por ello, en opinión de muchos, el primer ejercicio realizado por el equipo de AMLO no fue legal (dado que no se hizo bajo la ley que regulan las consultas populares) ni legítimo (dado que no siguió los principios básicos de estas consultas).

No obstante, a pesar de que los resultados de esta “consulta ciudadana ”no son vinculatorios (término que se reserva para aquellas acciones que por ley las autoridades deben de acatar), AMLO anunció que se cancelará el proyecto de Texcoco y que se iniciarán los trabajos de Santa Lucía. Ante esta decisión se han levantado voces de cúpulas empresariales, de medios de comunicación, de intelectuales y de ciudadanos que se oponen a esta decisión, por los efectos negativos que tendrá para la economía del país. Algunos de estos efectos han sido la pérdida del valor del peso ante el dólar y la caída de la bolsa de valores mexicana.

Las lecciones que nos deja esta consulta son muchas, solo destaco algunas:

*La consulta adoleció de problemas que ponen en duda su credibilidad. Entre los más importantes destacan tres: no fue representativa de la población mexicana, estuvo sesgada a favor de Santa Lucía y no se siguieron los protocolos elementales de cualquier consulta nacional.

*Las consultas ciudadanas, independientemente de su legalidad y legitimidad, serán un mecanismo que utilizará AMLO para tomar discrecionalmente algunas decisiones; ni la construcción del tren turístico de la Península Maya, ni la derogación de la reforma educativa se pondrán a consulta.

*La experiencia de Texcoco nos muestra que quienes fueron a votar en contra del NAIM son principalmente seguidores de AMLO, que dieron su voto para ratificarle la confianza que pusieron en él el 1º de julio pasado, independientemente de la opción que el presidente electo hubiera elegido.

El tema de las consultas ciudadanas llegó para quedarse (al menos este sexenio) y no parece que el equipo de AMLO requerirá de los buenos oficios del Instituto Nacional Electoral (INE) para asegurar que éstas se realicen de manera profesional y se garantice su objetividad e imparcialidad. Por ello, es importante que la ciudadanía exija que toda consulta se realice en el marco de la ley y se lleve a cabo por instituciones independientes al gobierno en turno.

También es importante reforzar en los planes y programas de estudio de la educación básica todas las competencias que fortalezcan la formación cívica y ciudadana de los estudiantes, empleando ejercicios similares a los que en un futuro podrán participar. Los resultados de las evaluaciones internacionales sobre este tema (ver: Segundo Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana) muestran que los estudiantes mexicanos tienen una pobre cultura ciudadana y un bajo interés por participar en la vida política del país. Sin una ciudadanía bien formada e informada, las consultas resultan ser una simulación de participación democrática que solo ayudan a “legitimar socialmente” a quienes en su momento ejercen el poder.

Si de verdad queremos transitar a una democracia participativa hay que garantizar que los mecanismos sean legales y que la ciudadanía participe lo más informada posible.

 

****El autor es Presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, A.C. y Ex presidente de la Junta de Gobierno del INEE