Si analizamos de forma conceptual y con un imperativo ético de por medio: ¿el cómo? -el gobierno central de alguna nación- se allega de recursos (sus ingresos), en este caso a través de su sistema tributario (de recaudación de impuestos), vemos que un enfoque de eficiencia y equidad para este último es lo ideal para que pueda allegarse de la mejor y más sencilla forma de estos ingresos -de parte de los sectores económicos de la población- para su posterior gasto público; podemos apuntar ante ello, que ese modelo tributario debe ser sin lugar a dudas uno progresivo (en donde deberán pagar más los sectores económicos que más concentran la riqueza), para que paulatinamente esos ingresos tributarios se conviertan en inversión pública productiva y social, ello al menos como pretensión teórica, moral y legal, la cual debe privilegiar e impulsar el desarrollo económico -con un crecimiento inclusivo y redistributivo- de esa nación mencionada, con un apoyo social a la salud, a la alimentación, a la educación, a la vivienda digna y hacia los sectores más desfavorecidos (en una nación subdesarrollada): antes que a cualquier otro rubro al que se le pueda destinar.

Por lo cual, si avanzamos aún más en esta exploración analítica, debemos hacer justo el paralelismo en México: un país que en las últimas 3 décadas fue poco a poco sumiéndose en un desastre en todos los ámbitos de su vida pública, y es justo esa lacerante realidad (de pobreza, desigualdad, violencia y corrupción), la cual tiene consigo como enorme reto -para afrontar- el nuevo gobierno progresista y democrático que ganó abrumadoramente la elección presidencial el año pasado, y que lleva consigo ya hoy en la práctica: un imperativo ético y moral de un cambio profundo no solo de política económica sino de un honesto ejercicio del poder público.

Lo paradigmático es que todo esto, conlleva un proceso de cambio que necesita su propio ritmo de avance, de acción programática y debe hacerse con muchísima responsabilidad, es decir, que pese a que una gran parte de las causas del desastre heredado, fue la imposición a rajatabla de la deshonestidad y corrupción como forma de gobierno, junto con la política de pillaje del modelo económico neoliberal en el anterior régimen que fue derrotado en las urnas en 2018, pese a todo ello, aún se deben sopesar las consecuencias negativas en la parte macroeconómica si se aplicara a la velocidad luz: un cambio de golpe al anterior modelo económico.

Me explico: Incluso desde la configuración de un pensamiento de izquierda ultra radical y también desde un centro democrático genuinamente ilustrado en lo económico -que lastimosamente escasea en nuestro país, ya que el fundamentalismo de mercado desde una derecha dogmática abunda en muchísimos lugares- se debe tener muy claro que no se darán expropiaciones ni nacionalizaciones dentro del nuevo gobierno progresista, ni siquiera hablar o pensar en lo absoluto en una utópica socialización de los medios de producción. Poniéndonos serios –amén de lo dicho con anterioridad- hay varios puntos en el cambio de régimen que sí se pueden poner en la mesa de discusión como P. Ej. Una reforma legislativa al Banco de México (impulsando un doble mandato: seguir cuidando tener bajo control la inflación pero ahora también procurando el crecimiento económico). La polémica aquí sería hasta qué punto de amplitud se daría esa reforma (ya que la autonomía de Banxico debería seguir avante), además del cuándo (en qué momento), teniendo en cuenta que debe de haber una mejor y más favorable correlación de fuerzas -que la actual- hacia dentro de Banxico (ello en cuanto a la integración de su junta de gobierno en donde observamos todavía una mayoría de pensamiento ortodoxo en política monetaria restrictiva por sobre una visión de crecimiento de la mano de una política monetaria expansiva).

Otro punto toral para el actual gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel (sin olvidar que cuenta con una mayoría simple en el legislativo), es el de empezar a modificar la actual política fiscal recesiva en cuanto al gasto público, esta sería la actual lógica del superávit primario que lleva consigo una meta ciertamente cortoplacista y que aún dentro del nuevo gobierno tiene componentes fiscales conservadores, ello ante una Ley de Responsabilidad Hacendaria procíclica, al buscar un equilibrio fiscal en las finanzas públicas, pero solo para poder liberar recursos del superávit primario -diferencia entre ingresos fiscales y gasto programable- hacia el pago del servicio –comisiones e intereses- de la deuda interna y externa del sector público y financiero, lo que da como resultado –en la realidad- un balance público entre ingresos y egresos -incluyendo el gasto que se va en pago de deuda pública: deficitario, y aquí está la clave de todo este cuestionamiento aún sin una certera respuesta: Pero entonces ¿qué es lo que pasa con los compromisos de pago de deuda contraídos por los anteriores gobiernos neoliberales (que representan casi el 50% del PIB) y a los cuales tiene que responder forzosamente el actual gobierno progresista.

Una respuesta rápida a ello, sería pensar en una auditoría a la deuda externa o una reestructuración de la misma, pero ¿sería factible? Ya que en tiempo y forma el nuevo gobierno no se está siquiera planteando (quizá prudentemente) en renegociar o mucho menos en negarse a pagar esa deuda. Aquí la lección de realidad es cruda: no se puede desmantelar el régimen neoliberal así como así, ello sin tener en cuenta las consecuencias negativas a los indicadores macro y por ende a la economía nacional en su conjunto.

Otro punto deliberativo a observar es la propuesta –que vendría con la reforma a la ley de gobierno del Banco de México- de utilizar las reservas del Banxico para financiar proyectos de inversión productivos. Aunque se oye de entrada bien, la verdad es que es difícil aceptarlo, pero no hay modelos alternativos -cercanos a la realidad del país- loables para usar como ejemplos exitoso de ello. Es por eso, que pienso que desde el activismo intelectual de izquierda es preponderante enfocarse en las batallas realistas que ya se están dando: Una muestra de ello es P. Ej. La Ley Federal de Remuneraciones para los Servidores Públicos, esa es aún una larga batalla -necesaria- que se está dando desde el Ejecutivo, pasando por el Legislativo y terminando en el Poder Judicial (más en concreto en la SCJN). Y en un futuro cercano vendrán muchas más batallas, tales como una verdadera reforma fiscal progresiva y una eficiente ley antimonopolios.

Es decir, como resumen general, se tendrá que ir poco a poco transitando del modelo neoliberal en el corto y mediano plazo a su versión post (un moderno desarrollo estabilizador acorde a nuestra época). Antes de ello, aún se pueden aprovechar algunas posibles ventajas del anterior modelo: la más importante quizá –dada lo totalidad de tratados comerciales firmados con otras naciones- el ir diversificando el mercado externo en sintonía con el crecimiento de la infraestructura de conectividad regional (tanto en lo nacional como en el extranjero).

Además, los proyectos de inversión mixta seguirán siendo vitales, y ante ellos se necesita confianza y certidumbre, por lo cual sinceramente veo muy difícil la introducción de impuestos a las transacciones financieras (ITF) en la BMV, pero sí veo más factible el impulsar gravámenes progresivos -verdaderamente sobre ganancias- a la extracción minera (además claro de procurar la sustentabilidad ambiental y el respetar derechos laborales), y el modificar en beneficio de las finanzas públicas nacionales -y de una vez por todas- los regímenes tributarios especiales. P. Ej. El Régimen Fiscal Opcional para Grupos de Sociedades, un esquema tributario que conserva gran parte de las ventajas ("resultado fiscal integrado”) de elusión fiscal que otorgaba el anterior Régimen de Consolidación Fiscal: un auténtico privilegio fiscal otorgado a los grandes macro grupos empresariales por el anterior régimen oligárquico y neoliberal. Claro que en esto ya se han dado pasos enormes –aún por apuntalar en sólidas leyes- al prohibir las condonaciones fiscales a las grandes corporaciones así como la lucha contra la evasión fiscal.

En conclusión, creo que debemos situarnos de nuevo en la realidad y no solo en el corto sino en el mediano plazo, en el cual ya se está dando una batalla titánica -y que de ninguna manera se está haciendo "nadando de espaldas"- por un cambio de régimen que siente las bases de un México menos injusto y menos desigual, construyendo el inicio de un auténtico Estado social y democrático de derecho, esa es la visión ética y programática.

Así que los retos son enormes y se necesitará de todo el empuje de los sectores progresistas para sacar adelante los mayores cambios posibles en beneficio del interés del bien público de las grandes mayorías sociales de este país.

*Politólogo y Gestor Social.