La izquierda y la derecha se han unido inusitadamente en México (pese al prejucio de la “polarización”), por la decisión de la Fiscalía General de República de no ejercer acción penal con el general Salvador Cienfuegos, detenido por el gobierno de los Estados Unidos y luego retachado a nuestro país, por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

Este “pimponeo” bilateral me recuerda una escena familiar, cuando un adolescente le pide permiso a su mamá para ir a una fiesta y la progenitora le dice: “Pídeselo a tu papá”, quien, al escuchar la petición, responde: “Pídeselo a tu mamá”, hallándonos en la situación de que ninguna autoridad quiere hacerse responsable.

Ahora que nuestras autoridades lo declaran inocente, el gobierno de los Estados Unidos se indigna, pues supuestamente lo devolvió con todo y pruebas, mismas que al “Peje” le parecen poco sólidas, y comenzó a ventilarlas, iniciándose un divertido estira y afloja que, en lo que son peras o manzanas, desvían la atención de las próximas elecciones federales.

Mucho se ha especulado sobre la liberación del militar, donde algunos opinan se debió a una medida precautoria del presidente, para evitar un posible golpe de Estado (sugerido por algunos ideólogos de la derecha). El argumento es que si Presidencia aprueba el arresto de un militar, daría pie a una confabulación de los uniformados para tomar el poder, recordándonos la maravillosa película de Juan Orol: “Gángsters contra Charros”, que en este caso sería: “Militares con los Narcos”, unidos para poner a Felipe “Borolas” Calderón en la silla.

En realidad, el mayor beneficio que obtendría los Estados Unidos con un inusitado movimiento armado, sería la venta de armas, que se les están oxidando en las bodegas, mientras haya paz en el mundo.

Me divierte eso de que los militares tengan su propio tribunal para juzgarse a sí mismos (lo mismo que los curas), como si el país se dividiera por gremios. Es como si un dentista, acusado de violación, tuviera que ser juzgado por un tribunal de dentistas. No tiene sentido. La justicia se imparte con la misma base para todos.

Aquí lo que resalta es la corrupción de un sistema judicial. Carlos Salinas lo dijo de manera graciosa en una entrevista: “A la mejor sí soy culpable de lo que se me acusa, pero ¿dónde están las pruebas?”

La maña está en que los procesos y el lenguaje jurídico son tan enredados que uno nunca sabe porque los inocentes terminan en el bote y los culpables andan en la calle. El dinero es lo que determina el veredicto.

Para mí, el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en tiempos de Peña Nieto, sí es culpable (además del caso Ayotzinapa), y mi principal prueba es que la defensa del general ha tenido entre sus litigantes a quienes han defendido pura “fichita”: César Duarte, Genaro García Luna, Bill Cosby, Barbara y Jenna Bush, implicados en la secta sexual NXIVM y a los policías que agredieron al afroamericano Rodney King. No han sido abogados que se anuncian en la sección amarilla, sino abogados de oficio (de oficio en los bajos fondos), que deben cobrar un ojo de la cara.

Lamentablemente ésta es una prueba implícita de su culpabilidad, no es una prueba explícita, como la masacre de estudiantes el 2 de octubre de 1968, perpetrada por el ejército nacional, de la que el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz y su entonces Secretario de Gobernación (ambos priístas) hicieron confesiones públicas (que se acompañan de un montón de pruebas documentales).

¿Quiere el “Peje” apagar al menos uno de sus cien fuegos? Que castigue a Luis Echeverría Álvarez, que la Madre Naturaleza ha mantenido vivo hasta la fecha, con la esperanza de que un presidente justiciero le eche el guante. Con eso se ganaría el aplauso de todos.

No hace falta meterlo al bote, basta con que llene su casa de San Jerónimo con millenials reventados, que se metan de tocho morocho, armando reventones día y noche, con bocinotas que suenen reggaetón a todo volumen. Eso, le granjearía la simpatía del sufrido pueblo mexicano.