Los procesos de evaluación integran una etapa más dentro del complejo mundo de la administración; así, para que un proyecto tenga los resultados deseados deberá planearse, organizarse, implementarse y, desde luego, evaluarse, sólo de esta manera se sabrá si va o no por buen camino para llegar a la finalidad deseada.

En este sentido, para México, el Estado de Derecho debe ser una finalidad, al igual que para cualquier Estado.

¿Pero qué tan cerca o lejos está de alcanzarlo cada país? la respuesta efectiva no puede ni debe obtenerse con apreciaciones aisladas por muy autorizadas que sean, ya sea desde el campo de la academia o desde la parcela de la institucionalidad pública, pues en este marco no hay mejor modo para cerciorarse de la cercanía o lejanía del Estado de Derecho que a través de indicadores objetivos, demostradores del récord de satisfacción sobre el cumplimiento auténtico de las competencias de las instituciones públicas.

En este momento, vale la pena hacer la precisión que el Estado de Derecho no está asociado con la felicidad de la población, aunque esto esté muy vinculado con aquello, sino que se refiere a la explicación causal, la cual demuestra el cumplimiento bien hecho de las competencias de las instituciones públicas. En sentidos concretos y cercanos a las personas implica conocer en qué medida las leyes dictadas por los órganos legislativos se respetan en un marco de neutralidad; qué tanto las instituciones de la administración pública ejecuten invariablemente la ley; en qué medida las resoluciones judiciales se cumplen, incluso sin necesidad de llevar a cabo algún proceso de ejecución; que los registros públicos aseguren los derechos de todos quienes ahí están inscritos; que el orden público (paz, seguridad pública, salubridad general, alimentación integral, planeación demográfica) esté asegurado.

En este contexto, llama la atención un estudio del World Justice Project (WJP, por sus siglas en inglés), titulado “Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020”, el cual mide ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

Tanto el estudio, como los resultados y la metodología respectiva puede consultarse en el sitio electrónico: https://worldjusticeproject.mx/ .

Cabe señalar que el estudio citado hace referencia a un ejercicio similar de octubre de 2018, publicado por la propia WJP , en este orden de ideas comparando este último análisis con el que recientemente se dio a conocer se manifiesta un retroceso en el rubro de Orden y seguridad, ya que descendió significativamente este puntaje, pues en 19 de las entidades federativas del país, aumentó la tasa de homicidios, la prevalencia e incidencia delictivas y creció el deterioro de la seguridad de los mexicanos conforme a percepciones de diversas personas.

Lo anterior deja ver que el gran reto de México es la seguridad pública, siendo ésta, de acuerdo a la teoría política, la tarea fundamental y la primera que cualquier Estado debe asegurar.

Por otro lado y para saber “quién es quién” en el tema del “Estado de Derecho”, si dividiéramos en cuatro partes a las entidades federativas diríamos, de acuerdo al estudio que estamos comentando, que las ocho entidades más cercanas a la plenitud legal son: Yucatán; Aguascalientes; Zacatecas; Campeche; Querétaro; Coahuila; Nuevo León y Durango.

Por su parte, las que menos adhesión tiene al Estado de Derecho son: Tlaxcala; Jalisco; Estado de México; Ciudad de México; Morelos; Quintana Roo; Puebla y; Guerrero.

Seguramente, sobre este estudio surgirán muchas opiniones, tanto a favor como en contra, pero finalmente se agradece que existan investigaciones con metodologías bien descifradas que permitan dar a conocer en dónde estamos para tomar consciencia de lo que debe de hacerse en pro del bienestar total.