El partido Movimiento Ciudadano (MC) respalda a Verónica Dávila, ex directora del Periódico Oficial de Estado (POE) en Nuevo León.
En un comunicado fijaron su postura en favor de Verónica Dávila, así como de Juan Isidoro Luna, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana estatal, quienes fueron vinculados a proceso.
Esto por el presunto delito de abuso de autoridad al no publicar los 56 decretos emitidos por el Congreso de Nuevo León.
Y en el caso de Verónica Dávila, un juzgador determinó que, como medida cautelar, la ex funcionaria debe acudir a firmar cada 14 días.
Movimiento Ciudadano explica porque no se firmaron los decretos
Debido a estas acusaciones, Movimiento Ciudadano explicó porque no se firmaron los decretos, porque de acuerdo con el coordinador de la Bancada Naranja, Eduardo Gaona, enfatizó que si no se publicaron los decretos, fue porque una autoridad judicial federal no lo permitía.
Por este tema, Eduardo Gaona, expresó toda su solidaridad, así como de su partido, ya que aseguró que Verónica Dávila es una víctima de lo que está pasando de las acusaciones que están haciendo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de Acción Nacional (PAN).
Acusaron estas acciones de parte de estos dos partidos como de acoso y de hostigamiento.
Asimismo, el coordinador de la Bancada Naranja calificó como “excesiva” la medida cautelar en contra de Verónica Dávila.
En otro tema diferente, Eduardo Gaona también cuestionó que el “PRIAN” sacará adelante una serie de reformas en las que le quitan facultades al gobernador de Nuevo León, Samuel García en diversos temas, como el de la Fiscalía y el presupuestal.
Ya que existe el riesgo de que el Congreso del Estado incurra en un desacato por la votación, ya que el legislativo está impedido para realizar cualquier acto sobre estos temas.
El castigo por desacato, indicó Eduardo Gaona, puede ser desde la destitución, inhabilitación, y hasta la cárcel.
Lo que consideró como una aberración, porque entre muchas de las razones que hay es que “hoy por hoy en el Congreso estamos impedidos a realizar cualquier acto que conlleve a temas como, por ejemplo, el de la Fiscalía o que conlleve a temas presupuestales”.
Además detalló que hay resoluciones judiciales a nivel federal que imposibilitan a cualquier autoridad, incluido el Congreso, de poder llevar a cabo actos de cualquier tipo.
