La senadora panista Xóchitl Gálvez denunció a la alcaldesa del municipio Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, Mary Hernández, por presuntos delitos electorales.
La denuncia fue presentada por Xóchitl Gálvez ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que se investigue a Mary Hernández y, en su caso, se sancione por el presunto uso de recursos públicos y condicionamiento de programas sociales a favor de los candidatos de Morena en la entidad para las eleciones 2022.
Elecciones 2022: ¿Por qué Xóchitl Gálvez denunció a la alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández?
En su denuncia acompañada de un audio de prueba, Xóchitl Gálvez indica que en una reunión de trabajo llevada a cabo el pasado 30 de abril encabezada por la alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto, esta hizo afirmaciones sobre atribuciones que no corresponden a su cargo y que la involucrarían en delitos electorales.
Xóchitl Galvez acusa que en la reunión a la que asistieron los candidatos de Morena en las elecciones 2022 José María Chacón Chablé y Mara Lezama, la alcaldesa Mary Hernández afirmó ser la responsable de la campaña de la candidata en el ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto.
En este sentido, señala que Mary Hernández manifestó su responsabilidad como vigilante de los programas federales en favor de adultos mayores, sembrando vida y jóvenes construyendo el futuro.
Aunado a lo anterior, la denuncia menciona que la alcaldesa Mary Hernández también solicitó el voto en favor de los candidatos Mara Lezama y José María Chacón Chablé.
De igual manera, el escrito expresa que la alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto reconoció que llevó a la gente a votar en el proceso de revocación de mandato del presidente AMLO para que eligieran que el mandatario continuara en su cargo.
La denuncia sostiene que la alcaldesa Mary Hernández también dio a conocer el compromiso que hizo con Mara Lezama sobre que si en Felipe Carrillo Puerto obtiene los votos necesarios para ganar la elección, habrá un paquete de obras en dicho municipio por un monto de 10 mil millones de pesos.
Xóchitl Gálvez comentó que dichas acciones podrían representar delitos electores como el uso de recursos públicos a favor de candidatos.
Además de presión para votar a favor de ciertos candidatos, y el condicionamiento de programas sociales, servicios gubernamentales y realización de obras públicas a la emisión de un sufragio a favor de candidatos o partidos políticos.