Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la extinta Policía Federal, es una pieza clave en el caso por el que Arturo Zaldívar, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es señalado de presuntas irregularidades en el Poder Judicial.
De acuerdo con la causa penal 239/2020, Frida Martínez Zamora es acusada, junto con Jesús Orta Martínez, ex secretario general de la Policía Federal, de haber recibido cheques con dinero proveniente del erario.
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que Martínez Zamora recibió 147 cheques por una suma de mil 764 millones 956 mil 64 pesos, con cargo a cuatro cuentas de la partida ‘Gastos de Seguridad Pública y Nacional’ de la Policía Federal.
Mientras que Orta Marrínez habría recibido 99 cheques por 754 millones 661 mil 50 pesos, entre 2013 y 2014.
Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez promovieron amparos contra su detención por fraude de mas de 2 mil 500 mdp
De acuerdo con el portal Animal Político, por la denuncia de la FGR y la posterior ficha roja de búsqueda de la Interpol, Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez promovieron juicios de amparo en contra de la orden de aprehensión en su contra.
La polémica se desató luego de que el magistrado Alberto Roldán Olvera denunció con grabaciones en audio que fue presionado entre 2020 y 2021 por Carlos Alpízar, entonces secretario general de Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y el magistrado Constancio Carrasco para emitir una “resolución a modo” en un amparo promovido por Frida Martínez Zamora para frenar su detención.
El 1 de septiembre de 2020, el recurso de amparo fue recibido por el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, del cual estaba a cargo el entonces juez ―hoy magistrado― Alberto Roldán Olvera.
Magistrado Alberto Roldán acusa a Carlos Alpizar y a Arturo Zaldívar de presiones por caso Frida Martínez Zamora
Según el magistrado Alberto Roldán, las presiones de Arturo Zaldívar y sus colaboradores comenzaron en noviembre de 2020, cuando el magistrado Constancio Carrasco lo invitó a comer y le indicó que debía ir a la oficina de Carlos Alpízar, ubicada en el piso 14 de edificio del Consejo de la Judicatura para abordar el caso de Frida Martínez Zamora.
Sin embargo, el proceso continuó y el 3 de diciembre de 2020 Alberto Roldán negó a Frida Martínez la suspensión provisional contra la orden de aprehensión bajo el argumento de que era un acto con “carácter de consumado”.
Además de que resolvió que la Guardia Nacional no podría ejecutar la orden de captura reclamada, al considerar que las autoridades de la corporación carecían constitucional y legalmente de facultades para ello.
El 10 de diciembre de 2020, el juez resolvió en el mismo sentido sobre las suspensiones definitivas.
Tras la resolución, Roldán sostuvo que sólo cuatro días después se llevó a cabo la primera de cinco reuniones en la oficina de Alpízar, el 14 de diciembre de 2020.
Relató que por comentarios de otros jueces se enteró de que ahí quitaban el celular antes de entrar, por lo que se previno y metió una grabadora oculta.
En esa primera reunión, Carlos Alpízar le aseguró que la resolución del caso de Frida Martínez era de vital importancia para el Poder Judicial y las reformas que se pretendía llevar a cabo.
Cabe recordar que en diciembre de 2020 en el Congreso de la Unión se discutía la reforma a la Ley del Poder Judicial, como el que Arturo Zaldívar pretendía aumentar su mandato al frente de la SCJN.
Las amenazas escalaron al grado de que involucraban a miembros de su familia, también empleados en el Poder Judicial.
Finalmente, al no ajustarse a la línea solicitada en dicho caso, Alberto Roldán fue “castigado” y fue cambiado de adscripción a Morelia.