México. - Margarita Zavala, diputada del PAN, dijo que es algo “muy serio” entregarle la política al crimen organizado, en referencia a la elección de gobernador en Michoacán.

Desde la Cámara de Diputados, Margarita Zavala destacó que el crimen organizado intervino en las elecciones a la gubernatura de Michoacán, en la que resultó ganador el morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

“Es algo muy serio entregarle la política al crimen organizado”, declaró Margarita Zavala a medios de comunicación.

Es un tema de seguridad nacional, dice Margarita Zavala

Margarita Zavala aseguró que la intervención del crimen organizado en la política del país es un tema de seguridad nacional y se debe de considerar en serio la acusación.

“Y por supuesto en ese sentido es un tema de seguridad nacional, en la que todos tendríamos que tomar enserio la acusación, las comprobaciones y los testimonios que ha dado la gente”, señaló.

Margarita Zavala respaldó que la alianza “Va por México” haya solicitado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anular la elección de Michoacán, que no tuvo éxito.

“Me parece muy bien que los partidos políticos de la alianza (Va por México) hayan denunciado ello, porque son las instituciones las que tienen más fuerza que las propias personas que estarían en un estado de indefensión”

Margarita Zavala, diputada del PAN

Pese a preocupación de Margarita Zavala, el TEPJF avaló la elección en Michoacán

El 30 de septiembre, el TEPJF avaló por unanimidad el triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla a la gubernatura de Michoacán, quien fue postulado por Morena y el PT.

El magistrado Indalfer Infante aseguró que se identificó la intervención del crimen organizado en 4 municipios, pero ello no es suficiente para anular la elección.

“Si bien se acreditaron algunas de las irregularidades alegadas por los actores, estas, ni en lo individual ni en su conjunto, son suficientes para declarar la nulidad de la elección de la gubernatura”, destacó el TEPJF

Además, el TEPJF determinó instruir al INE crear una política electoral nacional para establecer protocolos y acciones en caso de la incidencia del crimen organizado en las elecciones.