La Fiscalía General de la República (FGR) deberá transparentar el uso dado al software de espionaje Pegasus en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por órdenes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Esto tras una batalla legal de casi cinco años encabezada por la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) para que se informe cómo se espió a periodistas, opositores y activistas a través del software Pegasus durante el gobierno de Peña Nieto.
De modo que un juez federal ordenó al Inai, quien a su vez, solicite a la FGR dar a conocer las especificaciones técnicas del uso de Pegasus, así como los nombres y cargos de los funcionarios públicos que firmaron el contrato para el uso de Pegasus.
¿Por qué el juez ordenó al Inai emitir resolución para transparentar contrato de Pegasus?
El juez Fernando Silva otorgó un amparo a la organización R3D para emitir una nueva resolución con el fin de transparentar los detalles del contrato del software Pegasus.
Lo anterior, por considerar que el uso de Pegasus generó actos de corrupción y violaciones graves de derechos humanos. Con ello dejó sin efectos una resolución del Inai del 11 de abril de 2018, que protegía los datos técnicos del software de espionaje.
En este sentido, el juez Fernando Silva que el argumento de reservar las especificaciones técnicas, uso y funcionamiento de Pegasus por “seguridad nacional” señalada en la resolución inicial del Inai es inconstitucional.
Dado que “pasó inadvertido que la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos y con actos de corrupción no debe clasificarse como información reservada”.
De esta manera, el asunto fue turnado al comisionado Francisco Javier Acuña, titular del Inai, para que emitiera una nueva resolución que cumplimente el mandatado del juez.
Hasta que finalmente, el 7 de septiembre de 2022, el pleno del INAI aprobó acatar las sentencias de juez y del tribunal colegiado y ordenó dejar sin efectos la resolución inicial de 2018.
Es importante mencionar que pese a que el amparo fue emitido el 13 de diciembre de 2018, tanto el Inai como la FGR impugnaron. En tanto, la ratificación de la sentencia por parte del tribunal fue hasta el 12 de agosto de 2022.