México.- Colectivas feministas, mujeres y activistas exigen a la Cámara de Diputados la aprobación del dictamen que involucra una serie de reformas conocidas como Ley Olimpia.

Mujeres de la organizaciones Defensoras Digitales preparan protestas afuera de San Lázaro para esperar la dictaminación de la Ley Olimpia federal este 29 de abril.

En manifestaciones anteriores, Olimpia Coral Melo, principal impulsora de la ley, aseguró que el recorrido para la aprobación de las reformas en materia de violencia digital no ha sido fácil.

De acuerdo con las activistas, este dictamen busca visibilizar y hacer justicia ante los casos de violencia digital principalmente contra mujeres.

Recordaron que hasta el momento suman 29 entidades con adecuaciones y reformas sobre violencia digital dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

¿Qué es la violencia digital?

La Ley Olimpia busca sancionar la violencia digital entendida como un nuevo tipo penal contra las conductas de difundir y producir materiales íntimos sexuales sin consentimiento.

Esta ley plantea una sanción de tres a seis años de cárcel; también incluye a quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o elabore contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento.

En los estados donde se ha aprobado este nuevo delito, los responsables son sancionados con privación de su libertad y multas que dependen de las agravantes contra la víctima.

Sobre el dictamen que exigen que se apruebe para el Código Penal Federal, Olimpia Coral aseguró que le deben dar seguimiento porque tiene áreas de oportunidad y es perfectible.

La discusión y votación en el pleno de la Ley Olimpia para este 29 de abril fue aprobada por los integrantes de la Junta Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Alertas por riesgos del dictamen de la Ley Olimpia

Sobre este dictamen, organizaciones civiles como Artículo 19 y la Red por los Derechos Digitales (R3D), alertaron de los riesgos que contiene el documento contra los derechos de las mujeres.

Entre las observaciones, refieren que la definición de violencia digital del dictamen no corresponde con las múltiples manifestaciones del fenómeno y es un error nombrarla así.

“El dictamen aprobado sólo contempla un tipo de violencia digital, relacionado con violaciones a la privacidad [...] el Poder Legislativo ha desaprovechado la oportunidad de una definición integral de violencia digital”.

Organizaciones civiles

También refieren que el dictamen debía incluir una definición que permita desarrollar una política pública, y que la propuesta le otorga facultades desproporcionadas al Ministerio Público sobre Violencia Digital y Violencia Mediática.

Advirtieron que el dictamen no contempla justicia ni reparación a las mujeres y pone en riesgo de revictimización.

Este sector de las organizaciones considera que es contraproducente la apuesta a la vía punitivista con las fallas en el sistema de justicia en México.