“Gimme shelter
Oh, a storm is threat’ning
My very life today
If I don’t get some shelter
Oh yeah, I’m gonna fade away
War, children, it’s just a shot away
It’s just a shot away
Oh, see the fire is sweepin’
Our very street today
Burns like a red coal carpet
Mad bull lost its way”.
Rolling Stones
“I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat”.
Winston Churchill
La narrativa oficial nos vende la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, como el inicio de una nueva etapa. “Se construye la paz”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera de hoy.
Pero la paz no se decreta. Y mucho menos cuando el país se fue a dormir con carreteras incendiadas.
De acuerdo con cifras oficiales difundidas esta mañana por el gabinete de seguridad, tras el operativo se registraron más de doscientas acciones violentas —bloqueos carreteros, incendios de vehículos, ataques a comercios— en al menos una veintena de entidades. Jalisco volvió a ser epicentro, pero no fue el único. Hubo afectaciones en vías federales, suspensión de corridas, cierre temporal de aeropuertos regionales y escenas que recordaron otras jornadas de “narcoterror” que ya hemos vivido.
La embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en estados como Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero. Recomendó resguardarse y evitar traslados innecesarios. Cuando una potencia extranjera advierte a sus nacionales que se encierren en tu país, el eufemismo de “incidentes aislados” deja de sostenerse.
Eliminar a un capo es, en sí mismo, positivo. Un criminal menos. Nadie sensato defendería a Oseguera. El problema no es la caída del individuo; es la estructura que lo produjo y lo protegió.
¿Lo que se percibe ahora es paz o expectativa de represalias? Lo pregunto porque cuando un liderazgo criminal de ese tamaño cae, no necesariamente llega la calma, sino la fragmentación. Y con la fragmentación, la disputa.
Ya lo vimos tras la captura de Joaquín Guzmán Loera. Ya lo vimos con la detención de Ismael Zambada García. Incluso el proceso contra Genaro García Luna no alteró la ecuación estructural. Cambian los nombres; no cambia el sistema de tolerancia, omisión o abierta complicidad entre política y crimen organizado.
En la mañanera, la presidenta reiteró la estrategia de “atender las causas”. El mantra heredado de Andrés Manuel López Obrador permanece intacto. Pero los hechos contradicen la retórica: mientras se reparten apoyos sociales, el control territorial del crimen organizado no disminuyó en los últimos años; se expandió. Las organizaciones criminales diversificaron negocios —huachicol fiscal, extorsión, control logístico, trata de personas— y penetraron estructuras municipales y estatales.
Hablar de paz desde una tribuna ideológica frente a actos coordinados de violencia masiva, puede ser válido, pero no deja de ser una apuesta peligrosa. Porque el lenguaje importa. Si el gobierno se niega a llamar terrorismo a lo que tiene características de terrorismo —violencia indiscriminada para generar miedo colectivo y presión política—, entonces la ciudadanía puede quedar atrapada en la negación oficial.
Hoy se nos dice que el Estado actuó con contundencia. Sin embargo, la pregunta incómoda es otra: ¿qué tan profunda será la depuración política que acompañe esta ofensiva? Porque si el operativo se limita al vértice criminal y no alcanza las redes políticas, financieras y administrativas que facilitaron su expansión, el hueco se llenará rápido. Siempre hay relevo cuando el negocio permanece intacto.
Antes de hablar de paz, la presidenta tendría que explicar qué ocurrirá con los funcionarios señalados por vínculos con grupos criminales en distintos estados; qué investigaciones avanzan realmente; qué gobernadores y exgobernadores serán llamados a cuentas. La coherencia no se prueba en la captura del capo sino en la limpieza del entorno que lo hizo poderoso.
Mientras tanto, el país tiene compromisos internacionales en puerta. México será una de las sedes del Copa Mundial de la FIFA 2026. No quiero pecar de pesimista; sin duda falta para eso varios meses aún. Pero sí hay que considerar que se proyectan millones de visitantes y miles de millones de dólares en derrama económica.
La pregunta no es si el Mundial conviene económicamente. La pregunta es si el Estado puede garantizar condiciones de seguridad excepcionales en un contexto de reacomodo criminal. Trece partidos en territorio nacional no son solo un evento deportivo; son vitrinas globales.
¿Puede el gobierno garantizar seguridad en conciertos multitudinarios como los del Zócalo capitalino? Las respuestas no pueden ser optimistas por decreto. Deben ser técnicas, operativas, verificables. Espero que así sean.
Lo que viene no es necesariamente una guerra declarada. Podría ser algo más complejo: disputas locales, ajustes internos, violencia intermitente y mensajes de fuerza. Es decir, exactamente el tipo de violencia que obliga a la población a replegarse sin que oficialmente exista un “conflicto”.
La narrativa oficial insiste en que no hay guerra. Pero cuando se queman carreteras en cadena y se paralizan ciudades para presionar al Estado, el concepto que se use es secundario. Lo sustantivo es el miedo. Y el miedo no se disipa con conferencias matutinas.
Si el gobierno quiere que esta operación marque un antes y un después, tendrá que demostrarlo con algo más que consignas. Con procesos judiciales que alcancen a cómplices políticos. Con auditorías reales a territorios capturados. Con una depuración interna que no distinga colores partidistas.
Giro de la perinola
Y aquí el punto que hoy pocos desarrollaron: la dimensión internacional del relevo.
La caída de Oseguera no solo reordena plazas internas. Reconfigura rutas. El Cártel Jalisco Nueva Generación no era una banda local; era un actor transnacional con presencia en Centroamérica, redes en puertos estratégicos y conexiones con mercados asiáticos de precursores químicos.
Cuando un liderazgo así desaparece, no solo compiten células locales. También compiten intereses externos. Intermediarios financieros. Operadores logísticos. Proveedores internacionales.
El vacío no es romántico: es rentable.
Si el gobierno mexicano no blinda puertos, aduanas y estructuras financieras —si no revisa contratos, concesiones, mandos medios y operadores políticos regionales—, el reacomodo no será un caos desordenado sino una sustitución eficiente. Cambiarán las caras; permanecerán los flujos.
Ese es el trascendido que hoy nadie quiere tocar: la verdadera prueba no está en las calles incendiadas de esta semana, sino en lo que ocurra en los próximos seis meses en las aduanas, en los puertos y en las tesorerías locales.
Ahí sabremos si fue el fin de un capo… o el inicio de un rebranding criminal con nueva administración y el mismo modelo de negocios.