Un logro mayor del gobierno y de la presidenta Sheinbaum —extraordinario— es el abatimiento de El Mencho, jefe del grupo criminal más poderoso, violento y sanguinario; símbolo de la impunidad e incompetencia de las autoridades. Sin embargo, representa una oportunidad, de muy alto costo si se deja pasar. La circunstancia es irrepetible porque, por primera vez —quizá única—, el Estado tiene ventaja frente a sus dos amenazas mayores: el crimen organizado y el gobierno de Donald Trump.
Actuar proactivamente obliga a no abonarse en el éxito; se eliminó al jefe, no a la organización criminal y al negocio asociado. Por lo mismo, se debe actuar en lo subsecuente. Son dos los planos. En primer término, desmantelar la red de vínculos económicos, políticos y criminales del CJNG hasta donde alcance y sea posible. En segundo, proseguir la colaboración con las autoridades norteamericanas mediante el intercambio de información e inteligencia para asestar golpes precisos y certeros en materia financiera, de alianzas políticas y de colaboración, así como contra agrupamientos criminales locales vinculados.
La mayor dificultad está en las fuerzas de seguridad locales, muchas de ellas mal adiestradas, penetradas o coludidas con el crimen. Es la mayor debilidad del Estado mexicano y obliga a una urgente recomposición de la política pública de seguridad. Pero no hay tiempo, se debe actuar a pesar de limitaciones y, eventualmente, traiciones. Sin embargo, la lógica del poder permitiría volverlas funcionales en la medida en que se advierta que la batalla habrá de ser ganada por el Estado, no por los criminales. Buena parte de policías y políticos coludidos juegan con el ganador y, hasta antes del domingo, su apuesta estaba del lado criminal. En la medida en que el impulso institucional muestre determinación, los intereses cambiarán de bando.
A tal fin será necesario que el gobierno, particularmente la FGR, emprenda acciones ejemplares para desmantelar las redes financieras, de protección política y de asociación delictiva. No se requiere de todo, solo lo suficiente para mostrar músculo y acreditar la determinación de las autoridades de combatir al crimen; que el pacto de impunidad ha llegado a su término. Por su parte —como se ha sugerido en alguna colaboración—, debe valorarse la necesidad de que los marinos juzguen al almirante Rafael Ojeda en consejo de guerra por traición a la institución. El contralmirante Fernando Guerrero Alcántar, valiente mexicano y ejemplo de lo mucho bueno que hay en las Fuerzas Armadas fue ejecutado por cumplir con su deber al denunciar ante el propio almirante Ojeda las actividades delictivas de sus sobrinos al amparo de su protección. Su caso merece justicia y debe darse por la misma Marina.
En otro plano, el presidente Trump y el gobierno norteamericano han recibido una lección por parte de la presidenta Sheinbaum. La colaboración es eficaz en la medida en que se deje en manos de los mexicanos la operación de seguridad en territorio nacional. La información que puede proveerse en el marco del intercambio es necesaria y fundamental, así como la inteligencia derivada de la sofisticada tecnología norteamericana es crucial para que policías y soldados mexicanos logren objetivos de campo, como eliminar o capturar criminales. Sin embargo, se requiere mucho más para desmantelar la red criminal; es indispensable atacar sus finanzas y sus alianzas, incluso las de carácter global. El crimen organizado asociado al narcotráfico, más que organizaciones terroristas, son sofisticadas y poderosas empresas globales criminales con alianzas y redes que deben ser combatidas en sus finanzas y actividades de negocio.
El dilema que enfrenta la presidenta no es menor. Puede abonarse en el éxito que representa el abatimiento de un criminal emblemático y, con ello, eludir el problema que implica romper con la impunidad que se ha impuesto y corrompido al régimen político. En este sentido, la relación criminal del CJNG con el contrabando de combustible es ineludible y está documentada. Dar curso al rescate del Estado mexicano —al que con emoción aludió el general Ricardo Trevilla en la mañanera del pasado lunes— demanda combatir la impunidad en todas sus expresiones, especialmente frente aquellos que, encabezando las instituciones, traicionan la confianza que la sociedad les ha depositado.
No abonarse en el éxito es el mayor reto y dilema de la jefa del Estado mexicano. Los riesgos hacia adelante persisten y es posible que se agraven. Un logro extraordinario puede representar también el deterioro de la seguridad si no se actúa con sentido de responsabilidad y visión de Estado.