Ayer por la mañana, en la sección conocida como “Quién es Quién” se presentaron los cargos de los funcionarios públicos que ganan más que el presidente de la República. Entre ellos se encuentran el Consejero de la Judicatura Federal, el gobernador del Banco de México, el comisionado presidente del INAI, el Consejero Presidente del INE, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, entre otros; muchos de ellos con salarios mensuales netos superiores a los 200 mil pesos.

El artículo 6º. de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores públicos establece que “ningún servidor público recibe un salario superior al del Presidente de la República”.

Con base en este artículo, el presidente AMLO, desde el inicio de su presentación, inició una serie de batallas legales y mediáticas dirigidas a descalificar a todos los funcionarios cuyos salarios violasen el artículo 6º. de la citada ley. Como respuesta a esta intervención del presidente, algunos funcionarios se ampararon como medida de protección de sus sueldos.

En este contexto, sí que la ley debe ser respetada. Por ello, bien vale ejecutarla e implementarla. Sin embargo, AMLO justifica la ley cuando mejor conviene a sus intereses políticos. ¿Por qué Morena ha violado flagrantemente la Ley con sus reiterados actos de campaña? ¿Acaso hemos olvidado cómo AMLO ha contravenido sistemáticamente los principios del Estado laico con sus reiteradas referencias a sus ideales cristianos? ¿O cuando expuso en plena conferencia mañanera los ingresos de Loret de Mola, en un acto de autoritarismo presidencial en contra de un ciudadano? ¿O cuando el presidente violó la ley de Banxico tras haberse adelantado para ofrecer información que correspondía como competencia exclusiva al Banco de México?

AMLO, en su estratagema política, busca a veces presentarse ante el pueblo como el gran “defensor de la ley”. Sin embargo, cuando sus intereses políticos indican de otra forma, el presidente se lanza contra la Constitución y las leyes, erigiéndose así como fuente de la justicia, por encima de cualquier consideración legal.

Esta clase de “doble moral” no es invención de AMLO, sino se trata de un juego reiterado en la mayor parte de los regímenes autocráticos en el mundo. Cuando conviene al dictador, justifica sus actos bajo el argumento de la legalidad, y cuando no, los autócratas miran hacia otro lado. Así es hoy en México. ¡Y ni imaginemos lo que se vendrá una vez que hayan comenzado oficialmente las campañas presidenciales de 2024!