Este domingo, Alejandro Encinas lamentaba en sus redes sociales que los abogados de la Sedena ejercieran defensa de al menos 8 militares que llevarán su proceso en libertad por el caso Ayotzinapa, luego de que una Jueza de Distrito del Estado de México impusiera medidas diversas para mantenerlos sujetos al proceso.
Ramiro Manzanares Sanabria, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Juan Sotelo Díaz, Juan Andrés Flores Lagunes, Omar Torres Marquillo, Eloy Estrada Díaz, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges y Uri Yashiel Reyes Lazos gozarán de libertad condicional, aunque su inocencia aún no está declarada.
El argumento del subsecretario de Derechos Humanos que ha sido el funcionario con mayor compromiso con los padres de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa es la aparente contradicción entre la investigación especial solicitada por el presidente López Obrador a la par que la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene una defensa legal por la actuación de sus elementos en aquella terrible noche del 26 de octubre del 2014.
A pesar de la indignación generalizada, que compartimos desde este espacio de opinión, es menester recordar que, ante la desaparición forzada, la verdad también es una forma de justicia. Los casos paradigmáticos que indignan al pueblo mexicano se han tratado de controlar con la vieja fórmula en la que no importa quien la hace, sino quien la paga y aunque definitivamente es condenable mucho de lo que ha sucedido con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), hay que tener claro que el problema no es en sí mismo el Poder Judicial ni el sistema de garantías, mucho menos el hecho de que los militares acusados tengan una defensa –que es derecho de cualquier ciudadano mexicano-.
La primera gran deficiencia radica en el manejo de la acusación, en la forma en que se integraron los elementos de investigación por parte de la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero, así como las irregularidades que hayan ocurrido a lo largo de la teoría del caso para formular imputación en contra de los participantes en los actos de desaparición forzada y ocultamiento de cuerpos en contra de los 43. Y aunque la condena debe ser enérgica, no es aislada la deficiencia de la Fiscalía que en otros casos como el de Emilio Lozoya o Rosario Robles se han demostrado.
Pareciera que la Fiscalía se quedó atrapada en los ochentas, cuando el estándar probatorio o las reglas procesales no existían. Aún peor: pareciera que existen dos discursos que se contraponen mientras avanzan en paralelo, pues por un lado, la promesa de campaña para brindar justicia colocó las expectativas más altas en un gobierno que ha maltratado últimamente a los defensores y abogados más comprometidos en el Caso Ayotzinapa, mientras que por el otro, no sólo se han ampliado las facultades de la misma Sedena de aquellos tiempos, sino que se han diversificado sus espacios de actuación mediante la incorporación de la Guardia Nacional que ahora le permite asumir diversas tareas de seguridad ciudadana.
¿Acaso la deficiencia de la Fiscalía es intencional? ¿El incumplimiento tiene que ver con exculpar al ejército? Recordemos también que, al tratarse de medidas cautelares, los 8 militares liberados ejercieron un derecho que la ley les confiere siempre que no exista prueba de que hay riesgo de fuga. Como parte del cambio de medidas cautelares, deberán ir a firmar y presentarse, no podrán salir del país ni cambiar de domicilio, así como otras restricciones que el Código Nacional de Procedimientos Penales les impone.
Pero hasta en ello, la Fiscalía se ha quedado corta. ¿Qué sucedió con el test de medidas cautelares? ¿En dónde está la solicitud bajo argumento y prueba para que la prisión preventiva no les fuese cambiada como medida? Y es que, en términos de ley, los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares ameritan prisión preventiva oficiosa pero ciertamente, en noviembre del 2022, la Corte Interamericana ordenó a México en la sentencia del caso Caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México que la medida de prisión preventiva oficiosa fuese reformada, permitiendo bajo el principio Pro Personaje que tanto abogados como juzgadores la inapliquen después de que la Corte IDH consideró que la prisión preventiva oficiosa no tiene una finalidad cautelar alguna y se transforma en una pena anticipada (párr. 162) debido a que se establece la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que el legislador considera graves, sin que se realice un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares de cada caso, todo esto, en contravención con los estándares interamericanos a los que México se encuentra sujeto.
Aunque criterios abundan, esto se pudo evitar si es que la información a lo largo de la investigación hubiese logrado conclusiones en tiempo, sin obstaculizar el trabajo de la Comisión y en ese sentido, declarando la inocencia o culpabilidad de los procesados pues al momento, se trata de militares suspendidos sobre los que no hay una sentencia a pesar de haber contado con todo el aparato del Estado, la voluntad presidencial, la colaboración internacional y las comisiones especiales junto con el invaluable trabajo de activistas y organizaciones no gubernamentales. Si ni con eso pudo resolverse un caso tan paradigmático (llegar a sentencias), no hay esperanza para la justicia de los otros tantos desaparecidos que tocan las puertas y rascan la tierra, ni hablar de crímenes que sufren todos los demás mortales.
PD. El problema no son los estándares garantistas que ciertamente, son altos e implican contundencia por parte de la Fiscalía para que no haya duda de la participación de una persona en un delito. Después de todo, si las cárceles tienen inocentes tras las rejas ¿por qué nos daría tranquilidad que paguen militares, solo por ser militares, por delitos que cometieron sus mandos u otros elementos? PUES fabricantes de delitos es justo lo que no queremos. Pero eso no libera a la Fiscalía del lamentable papel que ha jugado, su ineficiencia es un factor poderoso de impunidad que parece difícil de arrancar.