Los últimos acontecimientos en México que forman parte de la coyuntura al final del mes patrio, calentaron el ambiente y la polémica en torno a dos grandes eventos: el 9º. aniversario del crimen colectivo a los normalistas de Ayotzinapa (algunos siguen discutiendo si fue o no crimen de Estado, creo que lo fue) ante reclamos de ocultamiento de información pendiente que atañe a la participación de miembros del ejército mexicano en dicha operación de exterminio de estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014, así como el ataque a las instalaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes CISEN), y lo que algunos medios de prensa escrita y electrónicos denominaron “la entrada triunfal del Cartel de Sinaloa a Chiapas”, en el municipio de Comalapa en la frontera México-Guatemala, en el contexto de la disputa por el predominio estratégico entre el Cartel de Sinaloa y el CJNG, lo cual provocó la ficticia vuelta a la discusión de pseudoconceptos vagos como “narco-Estado” y “Estado fallido”,
Evidentemente en tiempos de campañas electorales, cada bloque de fuerzas ideológicas-políticas movilizó a sus fuerzas en medios para exaltar en el sentido de su mejor conveniencia lo que en tales espacios del territorio nacional sucedió o cómo se expresaron las fuerzas sociales que siguen de cerca los hechos. Como era de esperarse, hay exabruptos narrativos y pseudo informativos, y minimización de los hechos para restarles importancia.
En el caso de Ayotzinapa, el gobierno actual ha hecho un esfuerzo extraordinario de investigación de los hechos, de presentación confirmada de responsables, de judicialización de los casos y finalmente de seguimiento hasta el encarcelamiento de ellos. Efectivamente hay actores muy pesados en la cárcel: dos generales del ejército, otros ocho militares con grado, el ex procurador general de la república Jesús Murillo Karam, también en la cárcel, y unas 135 personas más encarceladas (muchas luego liberadas) involucradas en los hechos y con responsabilidad en ellos. No obstante, las investigaciones a cargo del Lic. Alejandro Encinas continúan. El GIEI (los expertos que abrieron brecha para derrocar la “verdad histórica” construida en el gobierno de Enrique Peña Nieto) han señalado discrepancias interpretativas y sobre información restante. Falta una pieza clave que es Tomás Zerón de Lucio quien se puso a salvo en Israel y a quien se tiene tres años tratando de extraditarlo.
En una investigación sobre hechos públicos, en donde se generó un amplio operativo de Estado para ocultar la participación de fuerzas federales en ellos (militares, policiales, agentes de inteligencia), en donde se “manosearon” tanto los escenarios del crimen, y en donde han “muerto” tantos testigos directos muy importantes, todos, hechos que trascendieron las fronteras al involucrarse el narcotráfico internacional en una importante ciudad de los EUA., va a ser imposible que todos cuantos participan y reclaman en el esclarecimiento de los hechos queden completamente satisfechos. Me viene a la memoria un ícono de evento criminal nunca aclarado a satisfacción de todos: el asesinato del presidente J.F. Kennedy.
Y ello no significa que debamos conformarnos con lo que hay. Significa que lo total, o lo absoluto, o la plena completitud es casi imposible en este tipo de eventos en donde los actores directos tuvieron años enteros (cinco por lo menos) para ocultar, destruir, cambiar, ensuciar escenarios, asesinar a muchos testigos relevantes, pactar nuevos silencios, nuevos encubrimientos, etc. Los reclamos seguirán en este gobierno y en otros sobre distintas materias. Es el destino de este tipo de mega investigaciones sobre hechos en donde actuaron las titulares de instituciones públicas y de los cuerpos armados del Estado. Nadie está conforme y se vuelven casos con intereses creados en muy distintos sentidos, aparte de los intereses legítimos por la verdad. Da muchos reflectores, prestigio, notoriedad, etc., mostrarse insatisfecho y disputar la legitimidad del manejo de la información al gobierno en turno, sin descartar que efectivamente pueda haber más información que conocer y valorar como señalan especialistas serios.
Los vínculos de algunos militares, policías federales y estatales, y sus directivos, no sólo con los hechos violentos directos, sino con el crimen transnacional organizado, es un dato muy complejo de procesar (tema de seguridad nacional) en tales instituciones públicas y Palacio Nacional, en su caso. Allí puede haber una razón muy poderosa de bloqueo informativo, como hipótesis de trabajo. Y no es algo esquizofrénico, el subsecretario Encinas ha hablado de la venta probable de armas militares al crimen organizado. Gravísimo.
Dentro de estas jornadas de protesta, llama la atención el ataque a las instalaciones del Centro Nacional de Inteligencia, antes CISEN. Es indisputable que agentes de ese centro en su versión CISEN estuvieron involucrados, no se sabe bien a bien cuántos ni de qué nivel y en qué tipo de acciones precisas, y qué tanto conocimiento directivo hubo, de allí que la protesta llegó hasta la Magdalena Contreras, con violencia. No recuerdo un hecho así, directo, que exprese un estado de ánimo de alta exaltación. Luego vino la versión de “infiltrados”, como los autores del exabrupto político, lo califico así, porque nada tienen que ver las autoridades actuales. De cualquier manera, es un hecho insólito que crea precedentes, al convertir tales instalaciones en objetivo de una protesta violenta, en objetivo de vandalización, lo que no sucedía antes. Digno entonces de desatacarse.
La entrada de una caravana de camionetas con hombres fuertemente armados al municipio de Comalapa, colindante en la frontera con Guatemala, ficticiamente y con amplio despliegue mediático en imágenes, trata de traer a la mesa de discusiones públicas la sobada hipótesis del “narco Estado” y del “Estado fallido”. Ambos conceptos que no están provistos de ningún cuerpo teórico o doctrinario que le de algún tipo de solidez y precisión, es por ello, un seudo concepto peregrino que se puede usar casi para lo que se quiera. Si la presencia o entrada a un municipio en México pudiera ser considerada como expresión de la pérdida de soberanía territorial y de una conexión directa con altas autoridades con el crimen transnacional, tendríamos 50 años o más siéndolo. Es absurda la ligereza con que se tratan de aplicar estos pseudo conceptos. Asumen una dimensión más propagandística que analítica.
Es patético escuchar “analistas” o “comentaristas” aplicar semejante diatriba a esta noticia, que, no obstante, debe llamar la atención por dos razones fundamentales: a) las fallas de los aparatos de inteligencia civil, militar y policial ante una movilización criminal armada de este tipo (ha habido varias en distintas localidades y regiones del territorio de la República) en la frontera guatemalteca. ¿No llaman la atención de los analistas y operadores en campo 15 o 20 camionetas con hombres armados, y, en consecuencia, de las fuerzas federales? ¿No son detectables?; y b) la débil cooperación y flujos informativos en la materia con las fuerzas armadas y la policía nacional de Guatemala en tal sentido, en un indispensable intercambio ágil de inteligencia que estos hechos expresan?
Lo de “los aplausos” son escenificaciones que no tienen la relevancia que los medios de comunicación en prensa escrita y electrónica quieren darle, como parte del golpeteo político contra el gobierno actual, Además, para nadie es un secreto que el crimen transnacional posee una base social, diferenciada, en los distintos territorios en que actúan a lo largo de la geografía nacional. Pero reporteros serios sostuvieron que fueron aplausos forzados y la rechifla, también forzada a la Guardia Nacional y al Ejército mexicano, quienes por instrucciones superiores reaccionaron rápido para devolver el control territorial al Estado-gobierno actual.
La idea de las fuerzas criminales con estos actos no es presentar combate abierto y disputar el control permanente del territorio, sólo en última instancia, no están en una guerra de posiciones sino en una guerra limitada de movimientos, copiada de las tácticas guerrilleras. Es decir, tienen mucho de propagandístico tales acciones, lo que no quiere decir que no posean fuerzas bien equipadas y entrenadas. Pero lo suyo no es el combate frontal, están dentro de una guerra asimétrica que conocen perfectamente bien.
Por otro lado, esta exhibición de poder armado se ubica en el contexto de las confrontaciones entre el CDS y el CJNG, dentro de cuya disputa estratégica, se marca el ritmo de la dinámica criminal en distintas regiones y territorios, porque la frontera guatemalteca es muy importante para los anteriores negocios (cannabis, cocaína) y para las nuevas líneas de negocios que ha incorporado a su agenda el crimen transnacional (ganadería, venta de carne, pesca, maderas, y otros). Por ello el gobierno guatemalteco movilizó una fuerza armada de 15,000 hombres entre policías y militares no sólo para resguardar la frontera, sino para prever actos de violencia criminal por la importancia que esta zona tiene en la cadena del narcotráfico internacional y regional en los nuevos negocios criminales.
Debe haber mucho más análisis que propaganda en los medios y en sus “analistas”, porque la mayoría hacen comentarios generales desde un conocimiento muy, pero muy limitado de la problemática global en nuestro país. No informan, deforman. Prefieren el golpeteo político al gobierno que un trabajo más serio y profesional; “entrada triunfal del cartel de Sinaloa en Chiapas”, patrañas mediáticas.