Uno de los pilares históricos del nacionalismo revolucionario de antaño ha sido la narrativa anti estadounidense o antiyanqui. Así fue durante el siglo XIX, y luego, reiterado durante el XX.
AMLO hoy, en su afán de recuperar valores del pasado, y con ello, la explosión de su popularidad, recoge el discurso antiestadounidense. Lo hemos visto estos últimos días en torno a la polémica sobre la captura de Caro Quintero. En una clara contradicción con las declaraciones de Merrick Garland, Fiscal General de Justicia de Estados Unidos (léase, el responsable del Departamento de Justicia, y por tanto, de la DEA) el presidente mexicano ha asegurado reiteradamente que las autoridades estadounidenses no participaron en la captura de Caro Quintero.
Quizá derivado de su propia voluntad de hacer volar su popularidad y de presentarse ante los mexicanos como un presidente libre de injerencias extranjeras, y aun más, competente para defender a los mexicanos y la soberanía nacional, AMLO busca negar cualquier participación de la DEA.
Si bien el embajador Ken Salazar, cuya autenticidad de palabra ha quedado en entredicho tras su sospechada connivencia con AMLO, ha aseverado que la acción fue dirigida por la Secretaría de Marina en solitario, la realidad apunta hacia una operación conjunta.
Primero, porque Caro Quintero era un miembro distinguido de la lista de los diez fugitivos mas buscados por el FBI (esa lista entre cuyos miembros figuró algún día Osama Bin Laden) y luego, porque tanto esta agencia como la DEA (ambos organismos dependientes del Departamento de Justicia, es decir, bajo supervisión de Merrick Garland) realizaron durante años acciones de búsqueda contra el capo mexicano.
La tortura y asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, miembro encubierto de la DEA asesinado por el cártel de Guadalajara en 1985, provocó una reacción sin precedente dentro de la agencia federal y un despliegue inédito de efectivos de investigación con el propósito del esclarecimiento del asesinato, y, desde luego, de la captura de Caro Quintero.
Otro argumento en favor de la veracidad de la declaración de Garland reside en el hecho de que las fuerzas de seguridad del Estado mexicano se han mostrado incapaces de lidiar con el crimen organizado. En este tenor, AMLO cometió un gravísimo error tras haber admitido que había ordenado personalmente la liberación de Ovidio Guzmán. Ello provocó una pérdida de confianza en los mexicanos sobre la capacidad del gobierno de enfrentar a los criminales, y si se quiere, de la voluntad del jefe del Estado mexicano de llevar ante la justicia a los capos de la droga.
En suma ¿qué motivaciones políticas tiene AMLO para ocultar públicamente la participación de la DEA en la captura de Capo Quintero? ¿Por qué se oculta detrás de las declaraciones de Ken Salazar, como si éste fuese jefe de la DEA y responsable de sus operaciones en México?
Sencillo. AMLO, fiel a su prioridad de sumar puntos a su popularidad, e imbuido de ese antiyanquismo propio del nacionalismo revolucionario de antaño, busca deslindarse de cualquier “colaboración” con el gobierno de Estados Unidos que pudiese interpretarse como la incapacidad del Estado mexicano de atender sus propias problemáticas, y aun más, que pudiese violar la soberanía nacional.