En medio de las recientes interrupciones en los servicios de Intercam y la suspensión de transacciones internacionales en CIBanco —una decisión tomada unilateralmente por VISA tras una notificación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos—, es necesario detenernos a reflexionar con serenidad sobre la solidez del sistema financiero mexicano. Porque una cosa debe quedar clara: el problema no está en México, sino en decisiones impuestas desde el gobierno de Donald Trump.
La administración Trump ha intensificado su política de control económico internacional bajo el argumento de combatir el lavado de dinero, el financiamiento ilícito y proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Desde esa lógica, la reciente medida podría verse como parte de un paquete de acciones preventivas para ejercer mayor presión sobre instituciones extranjeras que operan con plataformas internacionales vinculadas al sistema financiero estadounidense.
Pero, ¿hasta dónde llega esa narrativa sin cruzar la línea del intervencionismo?
Pongamos los hechos en contexto. Intercam enfrenta dificultades operativas debido a causas de fuerza mayor, ajenas a su control. A pesar de ello, las inversiones de los clientes están protegidas en el Instituto para el Depósito de Valores (INDEVAL), uno de los pilares más sólidos del sistema bursátil mexicano.
CIBanco, por su parte, fue notificado por VISA sobre la desconexión de su plataforma de operaciones internacionales, afectando en particular a las tarjetas CICash Multicurrency. El detonante fue una alerta del Departamento del Tesoro fechada el 25 de junio, que no respetó siquiera el periodo de 21 días normalmente establecido por el propio gobierno estadounidense para este tipo de acciones. La medida entró en vigor el 30 de junio a las 14:00 horas, sin espacio real para diálogo o respuesta institucional.
No es la primera vez que decisiones externas generan desestabilización en nuestras instituciones financieras. Pero el sistema mexicano ha demostrado ser resiliente. Ha enfrentado crisis internas, choques externos, reformas profundas, y aun así mantiene su capacidad de proteger el patrimonio de millones de personas.
La respuesta de CIBanco fue inmediata y responsable: garantizó a sus clientes el reembolso de fondos en moneda nacional o extranjera y activó su red de sucursales para mitigar el impacto. Intercam, por su parte, ha mantenido una comunicación abierta y transparente, cumpliendo con rigor su deber fiduciario.
Hoy más que nunca, debemos reafirmar que el sistema financiero mexicano no es frágil ni dependiente. Tiene mecanismos de supervisión sólidos, marcos regulatorios robustos y una creciente confianza internacional. Prueba de ello es que, pese a la presión, México sigue atrayendo inversiones y consolidándose como un centro financiero regional.
Dicho esto, no sería extraño que otras instituciones mexicanas estén bajo el radar de las autoridades estadounidenses. Y si bien toda investigación legítima debe ser bienvenida, también es necesario que las autoridades mexicanas actúen con mayor contundencia, no solo para sancionar irregularidades, sino para defender la soberanía regulatoria del país.
Lo que resulta incómodo —e incluso preocupante— es que una potencia extranjera termine haciendo el trabajo que las autoridades mexicanas deberían estar haciendo de forma más eficaz. Ese vacío institucional es el que da pie a estas intervenciones.
No estamos ante una crisis financiera nacional. Estamos ante un recordatorio de que los equilibrios geopolíticos impactan nuestras instituciones y que, por tanto, debemos fortalecerlas desde adentro.
Defendamos la soberanía de nuestro sistema financiero. Protejamos la confianza pública. Y recordemos que, en tiempos inciertos, la firmeza institucional es también un acto de resistencia.