La actuación de la consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Delgadillo Morales, ha despertado una fuerte ola de críticas por parte de la ciudadanía y de los representantes de los partidos políticos, quienes señalan una preocupante falta de respuesta ante las irregularidades evidentes ocurridas durante y después de la jornada electoral, particularmente en el municipio de Alvarado.
A pesar de que la responsabilidad principal de la presidenta del OPLE es hacer cumplir la ley electoral y garantizar la transparencia del proceso, su silencio e inacción frente a las denuncias públicas han generado un clima de desconfianza generalizada. En Alvarado, se han reportado múltiples irregularidades —desde inconsistencias en el manejo de actas hasta presunta intervención indebida en los consejos— sin que hasta ahora se haya iniciado alguna investigación formal o se haya emitido pronunciamiento alguno desde la presidencia del organismo.
Incluso se habla de que la propia Delgadillo Morales participó en el contubernio a través del cual el candidato del Partido Verde obtuvo miles de votos de boletas clonadas, tal como fue denunciado hace una semana.
Los partidos políticos han levantado la voz exigiendo explicaciones, y la población no ha tardado en manifestar su inconformidad. La falta de claridad en el actuar del OPLE ha sembrado serias dudas sobre la legalidad y legitimidad del proceso electoral en esa región. “Es indignante que no haya respuesta ante hechos tan visibles y graves”, han expresado ciudadanos de Alvarado, quienes han denunciado públicamente anomalías sin obtener respuesta alguna.
El problema no se limita a un solo municipio. En diferentes distritos electorales, los representantes partidistas y ciudadanos han expresado su desconfianza en la actuación de los consejos distritales y municipales del OPLE, percibiendo una estructura que, lejos de actuar con imparcialidad, parece proteger intereses ajenos a la voluntad popular.
El caso de Alvarado es particularmente alarmante. No sólo por la cantidad de denuncias que se han acumulado, sino por la pasividad de una autoridad electoral que debería actuar de oficio frente a cualquier indicio de irregularidad. La omisión de Delgadillo Morales no sólo pone en entredicho la limpieza de la elección, sino que también compromete la credibilidad de la institución que encabeza.
En un momento en que la democracia exige transparencia, legalidad y confianza en las autoridades, el papel de la presidenta del OPLE ha quedado bajo un manto de sospecha. La exigencia ciudadana es clara: que se esclarezcan los hechos, que se investiguen las denuncias, y que se garantice que las elecciones se rijan por la ley, no por el silencio.
Porque en democracia, la omisión también es responsabilidad. Y ante la duda, lo mínimo que se espera de una autoridad electoral es que actúe.