En México, cada gobierno que alcanza una mayoría suficientemente amplia termina sintiendo la tentación de modificar las reglas electorales, no necesariamente para mejorar la democracia, sino para reducir la posibilidad de perder el poder.
La historia enseña que quienes gobiernan suelen asegurar que sus reformas buscan abaratar las elecciones, combatir privilegios, eliminar excesos y devolverle al pueblo el control de las instituciones. El discurso casi siempre resulta atractivo. El problema comienza cuando, detrás de esos propósitos aparentemente legítimos, aparece el intento de debilitar contrapesos, disminuir la representación de las minorías o inclinar el terreno electoral en favor de la fuerza dominante.
México necesita una reforma electoral. Negarlo sería absurdo. Nuestro sistema es excesivamente costoso; los partidos reciben cantidades difíciles de justificar frente a las carencias del país; las campañas se han convertido en enormes maquinarias de gasto, y las listas plurinominales suelen funcionar como refugio de dirigentes, familiares, amigos y personajes que jamás ganarían una elección directa.
También resulta indispensable regular con mayor eficacia las campañas digitales, la propaganda encubierta, el financiamiento ilegal, la utilización de programas sociales, la manipulación informativa, los ejércitos de cuentas automatizadas y el uso de inteligencia artificial para fabricar imágenes, voces o mensajes falsos. Existen razones suficientes para revisar el sistema, pero una cosa es reformarlo y otra muy distinta someterlo.
El gobierno federal y su mayoría tienen razón al señalar abusos, privilegios y costos excesivos. Sin embargo, acertar en el diagnóstico no les concede el derecho de diseñar unilateralmente las reglas bajo las cuales pretenden conservar el poder. Ningún partido debe ser juez y parte. La fuerza gobernante no puede redactar las normas, organizar la competencia, imponer las condiciones, vigilar a sus adversarios y después declarar impecable su propia victoria. Eso no sería una reforma democrática, sino la construcción de una democracia a modo.
El principal riesgo consiste en utilizar causas populares como pretexto para disminuir la pluralidad. Reducir el número de legisladores puede sonar atractivo en un país cansado de la clase política. Eliminar posiciones plurinominales también puede generar aplausos inmediatos. Pero debe analizarse con enorme cuidado qué voces desaparecerían del Congreso y quién terminaría beneficiándose.
La representación proporcional no fue creada para premiar a las cúpulas partidistas, aunque frecuentemente haya sido pervertida con ese propósito. Surgió para evitar que una fuerza política con una mayoría relativa se adueñara prácticamente de toda la representación nacional. Eliminarla o reducirla sin construir un mecanismo equilibrado podría producir congresos artificialmente dominados por un solo partido, aun cuando una parte considerable de la ciudadanía hubiera votado por otras opciones.
La democracia no consiste solamente en que gobierne la mayoría. También exige que las minorías existan, participen, cuestionen y sean escuchadas. Una mayoría sin límites puede convertirse fácilmente en una maquinaria de imposición, y un Congreso sin verdadera pluralidad deja de representar a la nación para transformarse en oficialía de partes del Ejecutivo.
Tampoco debe confundirse austeridad con debilitamiento institucional. Las elecciones cuestan y deben costar menos. Los partidos reciben demasiado dinero y deben rendir cuentas con mayor rigor. Los órganos electorales pueden simplificar estructuras, eliminar duplicidades y gastar con mayor responsabilidad. Pero organizar elecciones confiables en un país tan grande, desigual y complejo requiere recursos, personal capacitado, sistemas de vigilancia, fiscalización y presencia territorial. La democracia cuesta, pero la ausencia de democracia cuesta muchísimo más.
México ya vivió durante décadas bajo un sistema en el cual el gobierno organizaba las elecciones, controlaba las instituciones y calificaba las victorias de su propio partido. Fue precisamente para superar esa etapa que se construyeron organismos autónomos, padrones confiables, credenciales seguras, vigilancia ciudadana y mecanismos de representación plural. Nada de eso surgió como una concesión graciosa del poder, sino como resultado de luchas sociales, protestas, negociaciones y reformas impulsadas por generaciones que exigieron elecciones auténticas. Sería un grave retroceso entregar nuevamente al gobierno atribuciones que tanto trabajo costó quitarle.
Las instituciones electorales no son intocables. Pueden equivocarse, burocratizarse, desperdiciar recursos e incluso actuar con parcialidad. Deben ser criticadas, revisadas y corregidas, pero corregirlas no significa subordinarlas. El árbitro puede ser imperfecto; lo que no puede permitirse es que uno de los equipos lo designe, le pague, le imponga las reglas y tenga además la facultad de removerlo durante el partido.
La reforma electoral debe construirse mediante un acuerdo amplio, no mediante la imposición aritmética de una mayoría legislativa. Debe escuchar a especialistas, universidades, organizaciones ciudadanas, autoridades locales, partidos de oposición y órganos electorales. Debe debatirse públicamente, sin prisas y sin simulaciones. Sobre todo, cualquier modificación sustancial tendría que entrar en vigor con suficiente distancia de la elección inmediata, para evitar que las reglas sean diseñadas pensando en un resultado concreto. No se vale cambiar el tablero cuando la competencia ya se aproxima, ni presentar como voluntad del pueblo aquello que solamente responde a la conveniencia del partido dominante.
La democracia no pertenece al gobierno, al Congreso, al instituto electoral ni a ninguna organización política. Pertenece a los ciudadanos. Los partidos son instrumentos temporales; la ciudadanía es la verdadera depositaria de la soberanía.
También debe reconocerse que algunos partidos han advertido oportunamente que su propia supervivencia depende de abrir cada vez más sus decisiones a la sociedad, permitir una participación auténtica de militantes y simpatizantes, escuchar a sectores ciudadanos y abandonar la vieja práctica de resolver candidaturas, dirigencias y alianzas mediante acuerdos exclusivos de cúpula. Ese avance debe continuar.
Los partidos que no se abran, no se democraticen y no recuperen su vínculo con la sociedad terminarán por convertirse en estructuras vacías, administradoras de prerrogativas y candidaturas, cada vez más distantes de quienes dicen representar. Pero tampoco debe caerse en el extremo contrario.
Abrir los partidos a la ciudadanía no significa hacerlos desaparecer ni entregar todas las decisiones a una sociedad amorfa, sin procedimientos claros, responsabilidades definidas ni mecanismos capaces de contener la manipulación, la ocurrencia o el populismo. La democracia directa puede enriquecer a la democracia representativa, pero no sustituirla por completo.
Los partidos siguen siendo instrumentos necesarios para organizar ideas, construir programas, formar cuadros, articular intereses y asumir responsabilidades políticas. El problema no es su existencia, sino su apropiación por élites cerradas, burocracias permanentes y dirigencias que confunden a las instituciones con patrimonio personal.
México debe evitar pasar de una democracia excesivamente partidizada —la llamada dictadura de los partidos— a una supuesta dictadura de los ciudadanos, en la que cualquier decisión pueda imponerse mediante una mayoría momentánea, una emoción colectiva, una campaña digital o una consulta sin suficientes controles. La voluntad popular es la fuente de legitimidad democrática, pero también necesita cauces, límites constitucionales, información, deliberación y respeto a los derechos de las minorías.
Sin partidos abiertos, la democracia se encierra; sin instituciones y contrapesos, la participación ciudadana puede extraviarse. El desafío no consiste en elegir entre partidos o ciudadanos, sino en construir partidos verdaderamente ciudadanos: abiertos, representativos, democráticos y sometidos permanentemente al escrutinio social, pero también capaces de ordenar la participación, asumir responsabilidades y evitar que la política quede a merced del impulso, la manipulación o el populismo.
Por eso una reforma auténticamente democrática debería ampliar los derechos del elector, fortalecer la rendición de cuentas, impedir la utilización electoral de los programas sociales, castigar el desvío de recursos públicos, transparentar el financiamiento de las campañas y garantizar condiciones equitativas para todos los contendientes. También debería facilitar candidaturas ciudadanas reales, reducir las barreras de participación, fortalecer los mecanismos de democracia directa y asegurar que los representantes respondan ante sus electores, no solamente ante las dirigencias que los colocan en una lista. Ahí se demostraría si la intención es verdaderamente devolverle poder a la gente.
Porque reducir el costo de las elecciones mientras se conserva el dispendio partidista no es transformación. Eliminar legisladores sin acabar con los privilegios de las cúpulas tampoco lo es. Debilitar al árbitro sin impedir la intervención gubernamental sería sencillamente una regresión.
El oficialismo afirma contar con un respaldo popular mayoritario. Si realmente está seguro de ello, no necesita modificar las reglas para conservarlo. Quien confía en el apoyo ciudadano compite; quien teme perder, manipula el tablero.
Una fuerza política democrática debe estar dispuesta a ganar, pero también a perder. Debe aceptar que el poder es temporal, que la alternancia es legítima y que ninguna mayoría dura para siempre. Ahí se encuentra la verdadera prueba.
La reforma electoral puede ser una oportunidad para corregir abusos y fortalecer la participación ciudadana, pero también puede convertirse en el instrumento con el que una mayoría pretenda cerrar el sistema detrás de sí misma. La diferencia estará en el método, los equilibrios y las garantías.
México no necesita una democracia más barata si el precio será hacerla menos plural, menos autónoma y menos competitiva. Necesita una democracia mejor: una en la que el gobierno no sea dueño del árbitro, las mayorías no silencien a las minorías, los partidos se abran a la sociedad y los ciudadanos puedan elegir sin presiones, engaños ni ventajas indebidas.
Las elecciones se ganan convenciendo a la sociedad, no rediseñando el tablero. Porque cuando el poder escribe las reglas, controla la competencia y califica su propia victoria, la democracia deja de ser elección y comienza a convertirse en simulación.
@salvadorcosio1