Primero fueron los ojos que todo lo ven. Las cámaras instaladas en cada esquina, en cada cruce, en cada calle, con el argumento de protegernos. Nos dijeron que estábamos más seguros. Que el crimen no podría esconderse. Sostenían, de hecho, que el crimen organizado no existía en la Ciudad de México. Que si algo nos pasaba, habría evidencia. Lo que no nos dijeron —porque lo ocultaron— fue que esos ojos también podían volverse en nuestra contra. Que si el crimen organizado quería mirarnos, perseguirnos y asesinarnos, podía hacerlo… Desde el propio gobierno.
Hoy lo sabemos: en 2018, el Cártel de Sinaloa utilizó el sistema de videovigilancia del C5 de la Ciudad de México para localizar a un informante del FBI. No lo dijo una ONG ni un periodista filtrando documentos: lo afirmó, sin matices, el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y eso basta para encender todas las alarmas de una democracia herida.
En ese entonces, gobernaban Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera. Eran los tiempos del negacionismo oficial: se decía que no había crimen organizado en la capital, que todo era percepción, que los números estaban “bajando”. Claro, luego supimos que los maquillaban. Lo que no sabíamos —lo que apenas vamos entendiendo— es que mientras se nos hablaba de blindajes, desde adentro del propio sistema se facilitaba el trabajo sucio de los cárteles.
¿Y ahora qué? Ahora que sabemos que las cámaras públicas se usaron como rifles de precisión para marcar blancos humanos, sabemos uno solo de los casos en que así se utilizaron solo porque se relacionan agentes norteamericanos, pero no conocemos todos los casos locales en que las mismas herramientas, por corrupción, acción, omisión o incapacidad para detectar hackeos, colocaron a víctimas en el blanco de su acechador ¿qué sigue? ¿A quién se le exige cuentas? ¿Dónde están los funcionarios que permitieron esta infiltración criminal? ¿Por qué no están siendo investigados? Lo menos, es que sean convocados a comparecer e investigados.
La historia de este país está llena de culpables que se retiran antes de tiempo. Pareciera que el fin de un cargo se convierte en algún tipo de garantía para la impunidad, a menos que existan voluntades políticas robustas para la persecución, las notas como esta se quedan en simples notas. Esos funcionarios se reinventan, corren a otros espacios con fuero y abrazan otras causas que llenan las noticias. Los culpables ahí quedan. Que renuncian, que se reinventan, que desaparecen tras dejar un cargo, como si el paso por el servicio público fuera un periodo cerrado con impunidad automática. Eso tiene que acabarse. Cuando se trata de facilitar o encubrir al crimen organizado, la responsabilidad debe ser eterna. Debe ser imprescriptible.
El C5 ha lanzado un comunicado explicando los blindajes actuales y especificando que esos tiempos quedaron atras. Inclusive, el comunicado oficial señala que el propio FBI ha sufrido ataques cibernéticos y que nuestra ciudad tiene un engranaje de autenticaciones complejas para que no cualquiera pueda acceder a los sistemas. El hecho es que si hubo una vulneración de ese nivel, es necesario que los funcionarios relacionados respondan y sean cuestionados sobre todos los casos en los que las cámaras de seguridad pública fueron clave para cometer delitos o para omitir la persecución de los mismos.
Porque si hoy sabemos de un solo caso, ¿cuántos más quedaron en la sombra? ¿Cuántas personas fueron observadas, cazadas, ejecutadas con apoyo del sistema que se diseñó para protegerlas? Recordemos a Abril Pérez Sagaón, asesinada luego de denunciar violencia doméstica, convertida en blanco, mientras el agresor —un alto directivo de Amazon— sigue prófugo. ¿De cuántas muertes más fueron cómplices silenciosos quienes controlaban los accesos, las claves, los datos, las cámaras?
El C5 ha insistido en que las medidas de seguridad se reforzaron, que hoy hay más cámaras, más filtros, más cifrado. Bien. Pero eso es lo mínimo. No se trata solo de mirar al presente con orgullo, sino de escarbar en el pasado con responsabilidad y llamar a los responsables a rendir cuentas. Es momento de abrir las bitácoras, rastrear los accesos, investigar los vínculos. No por revancha, sino por justicia y previsión. ¿Y que tal si el sistema fue vulnerado con acuerdo de algún operador del C5? ¿Qué pasa si no solo fue habilidad sino corrupción y aquel servidor siguiera dentro de la institución?
Hace aproximadamente un mes, dos funcionarios clave de la ciudad fueron acribillados sobre Calzada de Tlalpan y la cámara inmediata sorprendentemente no tomó imágenes ni datos, por alguna razón, se había atrofiado mientras que las cámaras aledañas y particulares permitieron obtener lo que hoy conocemos -qué tampoco ha arrojado grandes avances-.
No podemos permitir que el crimen se apodere de las herramientas del Estado, menos cuando se debaten nuevas plataformas para búsqueda y vigilancia con datos ultrasensibles en tiempo real. Ni que los responsables se escuden en el tiempo o en el olvido. Las cámaras todo lo ven. Y la sociedad, ahora, también.
X: @ifridaita