El recurso de plantear un falso problema regularmente es una vía para generar una respuesta distinta respecto del tema en cuestión; algo así pasa con la famosa consulta para la revocación del mandato presidencial, en tanto no pretende – ni por parte de los mismos solicitantes - interrumpir el ejercicio del encargo de gobierno, pero que se erige como una vía para lograr su ratificación; es decir, lo opuesto del objetivo que está implícito en el uso de dicho instrumento.

En efecto, la revocación está diseñada para consultar a la ciudadanía cuando se pretende que un gobierno vive una situación de pérdida de confianza por parte de quienes lo eligieron, al grado de suponer que alcanza una expresión significativa del electorado, cuando ha transcurrido poco más de la mitad del período del encargo; es decir, habiendo culminado los primeros tres años de la responsabilidad conferida.

La medida tiene, en esa hipótesis, el mérito de ofrecer una vía legal e institucional para renovar un gobierno que ya no cuenta con el respaldo popular requerido y, por el contrario, enfrenta condiciones amplias de rechazo. Con ello se evita que la respuesta a una circunstancia de ese tipo diera lugar a la detonación de una crisis extendida de gobernabilidad o que, en su defecto, buscara desfogue por un camino extra-institucional como la es la fractura del régimen o, en el extremo, un golpe de Estado.

Lejos de tal propósito, la consulta sobre la revocación que se realizará el próximo 10 de abril de 2022, pretende exhibir fortaleza por parte del gobierno, mediante la vía indirecta de ganar en las urnas, de manera artificial o simbólica, un nuevo respaldo, en el momento estratégico de culminar la primera mitad de la administración; de modo que hacia la segunda y última etapa el gobierno, se exhiba y actualice un amplio apoyo de la sociedad.

El gobierno busca reconvertir revocación en ratificación, cuando el impulso de bono democrático y de la fuerza otorgada al inicio del gobierno se empieza a ver remota, y frente a la polémica de las medidas que ha instrumentado, de la crítica que concita y de la agenda que está proyectada hacia el futuro, lo que habla de una fase decisiva que se encamina a terminar la responsabilidad de gobierno y al desahogo de un propósito de sucesión a través de su partido.

Por un sendero pervertido y que corrompe su finalidad, se intenta mostrar músculo ante el electorado; de esa forma superar, por avasallamiento, a opositores y críticos, así como a quienes polemizan ante la instrumentación de políticas centralizadoras y que rompen equilibrios y contrapesos en la vida de la República, y de resultados decepcionantes en el combate a la pobreza, el crecimiento económico, la seguridad, de la gestión ante la pandemia del corona- vid.

La restauración de un presidencialismo sustentado en las famosas facultades extra constitucionales, de las que hablaba Carpizo, puede tener su mejor cómplice en una consulta para ratificar el mandato presidencial y así otorgarle cartas credenciales y de legitimación para arremeter con su programa de acciones en su fase última.

En ese horizonte, la consulta de la revocación de mandato se convierte en vocación de hiper mandato, de un hiper presidencialismo decidido a lucir sus amplias capacidades en la etapa de relevo de gobierno en 2024, y para dejar atrás limitaciones, controles y juicios que tienden a moderar la cabal expresión de su poderío. De la mano de la consulta, viene la amenaza de la restauración autoritaria, del retorno del sistema hegemónico de partido y de limitación al pluralismo.

Así, la consulta de la revocación de mandato se convierte en un Frankenstein que pretende llevar al hiper mandato presidencial, a un engendro que parecía conjurado.