La violencia genera múltiples consecuencias humanitarias al interior del país, temas que deberían ser atendidos de manera urgente por el Estado mexicano a través de instituciones como la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los gobiernos de cada entidad federativa.
El espíritu de que se organicen las personas y desarrollen un trabajo profesional para defender las garantías individuales son precisamente consecuencia de esta falta de atención a problemas o atropellos que la Organización de las Naciones Unidas impulsa tarta de evitar desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del que México está suscrito.
Se sabe que entidades donde mayor es la falta de educación y poder adquisitivo, como Oaxaca, son lugares donde los atropellos pasan sin que, incluso las autoridades, atiendan los reclamos donde, incluso, la vida de miles de menores de edad estén en riesgo.
Daniel López Nelio, fue exhibido como deudor alimentario (expediente penal 538/2020) de su propia familia; sin embargo, Diana Luz Vázquez Ruiz asumió un papel de defensora de los derechos humanos y se ha manifestado desde el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.
A ella se le ubica, como promotora ante los legisladores oaxaqueños, de una iniciativa de Ley para evitar que personajes como López Helio evadan su responsabilidad familiar; sin embargo, la historia se ha convertido en verdadera batalla legal.
Resulta que las autoridades del municipio, arrestaron a Vázquez Ruiz quien ha señalado al propio Alejandro Jarquín, expresidente municipal de este municipio oaxaqueño, de haber ordenado este abuso policial, pero que aún mantiene privada de la libertad a la defensora.
A pesar del cautiverio, Vázquez Ruiz ha identificado esta acción policial en su contra, como una persecución que ha llegado hasta el acoso a integrantes de familia en su propio domicilio, por el hecho de haber evidenciado al deudor alimentario, Daniel López Nelio.
De manera lamentable, estos impactos de violencia son, en su mayoría, son invisibles, ante la inacción de la CNDH y de la Comisión local en esta materia; de ahí la importancia de las acciones de los organismos de la sociedad civil que funcionan como un proceso de equilibrio para evitar abusos y, en su momento, llegar a incluir a favor de las personas más vulnerables.
Punto Cero
Graves problemas se han registrado en las últimas semanas al interior del Instituto Politécnico Nacional (IPN), lo mismo se ha denunciado acciones de dilación sexual, acoso de funcionarios de la dirección general en contra de alumnos de la institución, fraudes y actos de corrupción.
Hoy sabemos de una serie de denuncias penales que afectan de manera directa al titular del IPN, Arturo Reyes Sandoval, quien bajo su administración se han aprobado que varios fallos avancen sin firma alguna, por ejemplo, en la licitación pública (LA-0011B0000A-E135-2021) referente a un servicio de mantenimiento de infraestructura de telefonía digital.
De esta forma, las firmas Proyectos y Suministros Interdisciplinarios de la ciudad de México así como Banana Technologies Group se han visto afectadas, ya que desde agosto del año pasado han actuado con amenazas de los funcionarios del IPN de impago de sus servicios ya presentados.
Lo cierto es que, desde el Palacio Nacional, el secretario del presidente Andrés Manuel López Obrador, Lázaro Cárdenas Batel, ya ha convocado a la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez; así como a varios investigadores de alto nivel del IPN, quizá para presentar a quién sustituirá al actual titular del IPN.
Apenas ayer, se manifestaban miles de estudiantes del IPN en la propia sede de la dirección general en Zacatenco luego de la noticia de un hecho de violencia sexual en contra de una estudiante de un recinto politécnico, que misteriosamente desmintió el IPN sin que concluyan las investigaciones ministeriales de la federación.
José Víctor Rodríguez en Twitter: @JoseVictor_Rdz