Más de dos mil trabajadores de honorarios y de confianza serán despedidos en el Senado de la República a partir de abril y, además, no recibirán ninguna compensación por seis años de trabajo. Con esta maniobra, que viola los derechos laborales, se obtendrán mil trescientos millones de pesos que no serán devueltos a la tesorería, sino que aumentarán los montos de los finiquitos de las senadoras y senadores que terminan sus funciones en el último día de agosto.

Una cosa es decir que se defienden los derechos de los trabajadores y una muy diferente respetarlos. En varias ocasiones, integrantes de diversos grupos parlamentarios denunciaron la subcontratación que utilizaba el Senado para sus trabajadores de limpieza. Se habla poco del detrimento en los salarios de los trabajadores de honorarios y de confianza en estas dos legislaturas, particularmente de los asesores parlamentarios. Los secretarios técnicos de las comisiones, de los órganos de gobierno, asesores y personal profesional de apoyo a la labor legislativa son el sustento del funcionamiento del Senado. Cuando algo sale bien es producto de la habilidad, liderazgo y compromiso del senador o senadora; cuando algo falla es culpa del secretario técnico o del asesor.

En 2018, con el argumento de la austeridad y de terminar con la burocracia dorada en todos los ámbitos de la administración pública, el Senado quitó gastos médicos mayores, seguro de separación, vales de despensa y otros apoyos que consideró privilegios de la burocracia dorada. Hasta ahí la cosa va bien. El asunto cambió cuando sin evaluación, los senadores despidieron a un número importante de personal; se eliminó el servicio civil de carrera, se redujeron salarios de secretarios técnicos y asesores de comisiones; además, se les prohibió laborar en otras instituciones, incluso en actividades de docencia o investigación. En cinco años, no se han dado aumentos salariales, todo queda a discreción de la administración y del criterio del senador o del grupo parlamentario correspondiente.

Como en toda dependencia gubernamental, en el Senado había una fuerza aérea, que debía eliminarse, pero eso no implica que todas y todos los trabajadores de esta cámara fueran de la burocracia dorada o aviadores. Uno de los principales logros del gobierno de López Obrador es el aumento real de los salarios mínimos, pero en el Senado esto no ha ocurrido, por el contrario. Hay un desprecio de los senadores por el trabajo intelectual y como no, si alrededor del 60% del tiempo en tribuna lo dedican a los insultos y las descalificaciones.

En febrero y en plena cuesta de principio de año, más de dos mil trabajadores recibieron la noticia que su contrato era de sólo cuatro meses, improlongable y sin liquidación. Eso si querían y si no, pues ni modo. La administración dice que es porque en abril termina el último periodo ordinario de la actual legislatura, que hay que cerrar la administración y que no deben dejar pendientes a los nuevos senadores. Eso suena bien, pero todos saben que los altos mandos del Senado y sus estructuras se quedan hasta agosto y en caso de no continuar en la siguiente legislatura, sí tendrán liquidación de ley. Todas las economías van a los grupos parlamentarios y de ahí, a las senadoras y senadores.

El tema se ha tocado en las reuniones a puerta cerrada de los grupos parlamentarios, se sabe que hay voces inconformes, pero son las menos, porque los senadores enfrentan la disyuntiva de hacer lo correcto y liquidar a sus colaboradores o salir con buen cheque de partida. ¿Ustedes que creen que decidirán Ricardo Monreal, Julen Rementeria, Manuel Añorve, Clemente Castañeda, Raúl Bolaños, Genoveva Bañuelos, Sasil de León y Miguel Ángel Mancera? Pues tener su buena liquidación y seguir como si nada defendiendo los derechos de los trabajadores, aunque más de una y uno se morderán la lengua. Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política es de bronce.