El 24 de marzo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el rancho Izaguirre era un centro de reclutamiento, adiestramiento, tortura y muerte, pero no hay pruebas de que haya sido un campo de exterminio. Además, informó de la detención de 49 personas en este caso, entre ellas El Lazca, presunto jefe de este centro de adiestramiento; así como de la cancelación de 39 sitios de internet que se utilizaban para enganchar a jóvenes y reclutarlos de manera forzada. En suma, hay avances en la investigación.
La polémica respecto a si el rancho Izaguirre era un centro de adiestramiento o un centro de exterminio, más allá de un debate semántico y de ayudar al avance de la investigación, puede empantanar el caso. Hay preguntas de mayor utilidad para la indagatoria. Una de ellas: ¿cuántos, y dónde están las personas que pasaron por el rancho Izaguirre antes de su aseguramiento en octubre del año pasado?
Esta pregunta admite tres respuestas genéricas. La primera: quizá la mayoría de personas, de entre 18 y 30 años, que estuvieron en el rancho Izaguirre participen en estos momentos —de manera voluntaria o involuntaria— en actividades delictivas de esta organización criminal. Son la carne de cañón, los elementos prescindibles en los enfrentamientos con las fuerzas del orden o con otros cárteles.
La segunda respuesta está en las personas que lograron escapar del rancho Izaguirre y que, en estos momentos, se encuentran escondidas. A través de los medios de comunicación conocemos los testimonios de algunos de ellos, pero seguramente hay varios más que, por cuestiones de seguridad y miedo, se mantienen ocultos.
La tercera respuesta a esta pregunta está en las personas que fueron asesinadas en el rancho y que pudieron ser incineradas o enterradas en éste o en zonas aledañas. Aquí es donde la autoridad debe establecer los protocolos y mecanismos para lograr su identificación.
Mucho se ha hablado de la justicia transicional como un mecanismo para lograr la pacificación. Este es un buen momento para ponerla en práctica. El gobierno debe valorar la posibilidad de hacer un llamado a las personas que fueron reclutadas —voluntaria o involuntariamente— en el rancho Izaguirre para que se entreguen a las autoridades y puedan ser reinsertadas en condiciones de seguridad a la sociedad.
También es el momento de hacer un llamado a las personas que lograron escapar del rancho Izaguirre a que entren en contacto con las autoridades para deslindar responsabilidades y avanzar en la investigación. Para que esto sea posible, el gobierno debe construir las condiciones que garanticen su seguridad y un trato digno.
Respecto a la identificación de las personas asesinadas en este rancho, los dos hilos de los cuales las fiscalías deben tirar son los testimonios de los sobrevivientes que ya han declarado a los medios de comunicación y la información que puedan proporcionar las personas detenidas; además de la coordinación que puedan lograr con los grupos de madres buscadoras.
No es momento de discusiones estériles respecto al reparto de culpas, sino el momento de actuar con visión de Estado, con método y responsabilidad en el esclarecimiento de estos hechos. Eso pienso yo. ¿Usted qué opina?
La política es de bronce.