En esencia y sin desconocer que hay variantes y matices, la ciudadanía y el pueblo mexicano habremos de optar el próximo 2 de junio, día de elecciones generales en el país, por cualquiera de dos modelos de democracia.
Primero, es importante precisar que la democracia puede ser entendida en distintas dimensiones o facetas: política, económica, social o cultural, y que a cada una de ellas corresponden otros tantos derechos y sus garantías.
Así, la democracia política implica el pluralismo y la ciudadanía política, el derecho a participar en igualdad de condiciones en las decisiones de los asuntos públicos del país dentro de un régimen político ya sea presidencial, parlamentario o mixto, los derechos a votar, ser votado, formar, afiliarse o cambiar de partido político, o bien, acceder y ejercer los cargos públicos en condiciones pacíficas y bajo el criterio de paridad entre géneros.
Para ello, las garantías están en la normatividad, la relación ejecutivo-legislativo y el control del poder judicial independiente e imparcial, los organismos electorales, la justicia electoral y otros instrumentos jurídicos y no jurídicos.
Esas garantías son poderes ejecutivos, congresos y poderes judiciales, en particular la presidencia de la Republica, Congreso de la Union. Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunal Electoral.
La democracia económica significa la libertad de dedicarse a actividades profesionales y empresariales lícitas en un entorno financiero, bancario y de transacciones cierto y estable, a obtener lucro directo e indirecto y a que toda persona tenga acceso equitativo a los procesos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
Las garantías corresponden a instituciones que aseguren que eso ocurra, que brinden la información necesaria y suficiente para tomar decisiones y que la participación en la fábrica de bienes y servicios entre todas las personas, clases y grupos no sea tan desigual que polarice o desestabilice a la sociedad.
Esas garantías son, entre otras, los poderes públicos, pero también el Banco de México, la COFECE, el IFETEL, el INAI, el INEGI o el CONEVAL.
La democracia social implica que los derechos al mínimo efectivo vital, alimentos, vestido, salud, educación, vivienda y servicios en la casa estén satisfechos para todos, ya sean personas individuales o clases sociales o grupos sociales en desventaja o vulnerabilidad.
Sus garantías son instituciones tales como las que forman el gabinete social (bienestar, educación, infonavit, IMSS, etcétera).
La democracia cultural se materializa en el derecho a participar en la vida cultural e intercultural, a la identidad, acceder a bienes y servicios culturales, a la libre expresión creativa y la protección y goce de la titularidad de las obras intelectuales y artísticas, el patrimonio cultural y otros más.
Sus garantías están en las leyes e instituciones del sector cultural (secretarías, consejos, comisiones, fondos, etcétera).
En la cúspide del sistema nacional se ubica el tribunal constitucional (en México la SCJN y el TEPJF) y en el ámbito internacional hay órganos de garantía y control como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ahora bien, el proyecto de la Alianza PAN-PRI-PRD supone mantener, ajustar y perfeccionar los instrumentos jurídicos y las garantías de la libertad con igualdad de oportunidades, menos poder ejecutivo y más congreso y poder judicial, en todo caso, construir gobiernos de coalición entre partidos afines y entre congresos y ejecutivos para sincronizar mejor las políticas y el funcionamiento de los mercados. Asimismo, implica una política social y cultural de compensación a las fallas del mercado libre.
Por el contrario, el proyecto de la coalición de Morena-PT y PVEM apuesta por mas poder ejecutivo que congreso y poder judicial y órganos autónomos para facilitar la conducción nacional de la economía y la sociedad, impedir o liberar capturas del estado y, lo que es peor, de la nación por parte de poderes fácticos pues esto agrava la inseguridad; remontar el sometimiento del estado y el derecho a la economía; y separar el dinero respecto de la razón pública.
Para ello se propone limitar a esos otros poderes y transferir más derechos y vetos al titular originario de la soberanía: el pueblo. Este proyecto tiende a limitar derechos de libertad a cambio de mayor igualdad y condiciones de estabilidad y gobernabilidad.
Acaso haya una tercera opción, la de Movimiemto Ciudadano, que podría combinar elementos de esos dos modelos, pero eso hasta ahora no está claro.
En cualquier caso, habrá que considerar el contexto de un pais sumergido en varias crisis combinadas de inseguridad, violencia, corrupción e impunidad y con graves desbalances socioeconómicos.
¿Por cuál de aquellos dos modelos de democracia votará la mayoría y si otorgará un mandato fuerte para reajustar el sistema aún prevaleciente o terminar de transformarlo en otro con todas sus posibles ventajas y riesgos?
¿Cuál de las dos lideresas, Xochitl o Claudia, queremos ver conduciendo a nuestro gran país?
Eso será lo que decidiremos el 2 de junio al calor de las campañas que están por comenzar.