TUCSON, ARIZONA.- Si de algo sufre la sociedad mundial en 2025, es del rechazo hacia la otrora divinidad del New York Times. Si nos dicen que hay laboratorios de fentanilo en territorio mexicano, aun en contra de la evidencia científica, y no nos ofrecen pruebas, ¿quiénes somos para cuestionar? Los hay porque los hay... y está publicado. ¿Quién sigue?
He sido periodista estadounidense desde que egresé de Medill School of Journalism, Northwestern University, hace cuatro décadas. Cuando a mí me llaman a cuentas sobre mis publicaciones, es una tentación proclamar, “favor de no sospechar; vengo del máximo pedigrí periodístico”. Pero, aún así, me resigno y ofrezco pruebas o reconozco errores.
He tenido el gusto y disgusto de conocer reporteros, fotógrafos y editores del periódico neoyorquino. Hasta parecen seres humanos de carne y hueso. Nunca me han invitado a las sesiones durante las cuales un Todopoderoso les revela realidades, pero sé que existen. Por ejemplo, conozco bien el trasfondo de las acusaciones lanzadas en un artículo del NYT contra el ahora senador independiente Manlio Fabio Beltrones, en 1997.
Analicé ese artículo del New York Times que acusaba a Beltrones de supuesta complicidad con traficantes de drogas mientras gobernaba el estado de Sonora. Mi auditoría, auspiciada por un grupo de seguidores del senador, se publicó como el libro No Accuser, No Crime, But You’re Guilty (No hay acusador, ni delito, pero eres culpable).
Analicé los 91 párrafos de ese artículo línea por línea. Entrevisté a los dos agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) que habían sido citados anónimamente por el New York Times; a los tres reporteros cuyos nombres aparecían en el artículo; a embajadores; a las fuerzas del orden y a otros que sería posible atestiguaran de manera genuina cualquier complicidad por parte del gobernador en funciones.
¿Resultados? Ninguna evidencia. Nada que demostrara sus dichos y acusaciones. Es evidente que los reporteros del NYT, Craig Pyes, Julia Preston y Sam Dillon, “informaron” poco más que simples conjeturas; intrigas de funcionarios del gobierno de Ernesto Zedillo, malquerientes del gobernador Beltrones; declaraciones falsas de funcionarios del PRI interesados en eliminar a un rival, y rumores sembrados que irresponsablemente hicieron suyos algunas ineptas autoridades. Así lo resolvió una investigación de la entonces PGR, de un gobierno federal hostil al gobernador Beltrones, concluyendo que el artículo de marras contenía versiones “falsas y calumniosas en exceso”.
Un periodista renombrado mexicano, Jesús Blanco Ornelas, molesto por la baja calidad del reportaje del NYT llevó a Beltrones como su invitado especial a Nueva York donde recibiría el premio María Cabot por sus denuncias e investigación periodística en contra del narcotráfico en México. Fue un franco mentís. En la ceremonia estaba el director editorial del NYT al que Jesús saludó burlonamente presentándole al hoy senador independiente.
Entonces, ¿cómo podría publicarse una historia tan condenatoria? Acusaciones tan serias contra un gobernador en funciones nunca ocurrirían en Estados Unidos a menos que los reporteros pudieran corroborarlas. Pero, como aprendió este reportero, existe un estándar más laxo e irresponsable cuando se trata de extranjeros. Para el NYT, casi por definición, los políticos mexicanos son culpables de algo. Es, simplemente, implícito.
De manera reveladora, a pesar de mis repetidos intentos de contacto, ninguno de los reporteros ha respondido a las consultas de seguimiento. Otras acusaciones de irregularidades financieras relacionadas con Beltrones han resultado, igualmente, no verificables o sea, más cercanas a la mentira. Entonces, si los estadounidenses, nosotros mismos, estamos confundidos acerca de la desinformación en 2025, deberíamos estudiar el paradigma informativo de México.
En Estados Unidos, al menos, las leyes de difamación y calumnia ofrecen presentar un recurso. No se necesita más estudio que el caso de Dominion Voting Systems, que demandó con éxito a Fox News Corp., y el caso exitoso presentado contra Alex Jones, el locutor, por los padres de niños asesinados en la Escuela Primaria Sandy Hook en Connecticut, para ver la brecha entre una sociedad que penaliza el manchar reputaciones, y otra que institucionaliza la difamación como una práctica estándar y con impunidad.
Si los rumores y los informes de inteligencia no corroborados van a ser la base para descalificar a un político, en cualquier parte del mundo, los poderes legislativo, judicial y ejecutivo de los gobiernos a nivel mundial se quedarán sin empleados. Al New York Times le han ganado demandas en casos de difamación. Sus ediciones han llevado miles de correcciones. Ha sido víctima de plagios garrafales de parte de sus propios reporteros y de errores tanto pequeños como enormes. Inclusive se ha considerado revocarle un premio Pulitzer.
La cuestión de la existencia, o no, de laboratorios de fentanilo en México sigue como tema en al aire. Mi propósito no es exonerar o afirmar. Es avisar que los medios, con audiencias de 10 personas o un millón, tienen obligaciones morales y legales para responder a cualquier inquietud o cuestionamiento. El ser medio grande, o el tener buenos antecedentes en el periodismo, no convierte afirmaciones en verdades.
Sigan insistiendo, mexicanos, exigiendo cuentas a los medios estadounidenses, sean de Tucson o de Nueva York. Nos hacen a todos un favor honorable y vital.
Sobre el autor: Keith Rosenblum ha sido reportero del Arizona Republic, The Arizona Daily Star y director de comunicaciones del congresista federal, James T. Kolbe, R-AZ.