Hace unos meses, en este espacio advertimos que a pesar de que México tiene más mares que tierra, nada los protege. Especialmente, haciendo énfasis en las costas de Baja California, donde se trafica, bajo el abandono total de la Marina, con la tortuga Caguama y el buche de la hembra de pez Totoaba, amenazando a las pocas vaquitas marinas que quedan, así como otro tipo de especies marinas que son vendidas en contrabando a mexicanos y extranjeros, principalmente a traficantes orientales que consideran como un afrodisiaco a varias criaturas de nuestra región.
En el texto, advertimos que, durante este sexenio, los recorridos que son facultad y responsabilidad de la Secretaría de la Marina en puertos pesqueros, así como en el mar disminuyeron un 75% y las detenciones por pesca ilegal cayeron un 95%. La tendencia es peor. Como todo vacío de poder, también son criminales quienes persiguen y censuran en Baja California, igual a la iniciativa privada que a la sociedad civil organizada o al activismo y al periodismo.
El asesinato de Minerva Pérez Castro: Una tragedia que revela las grietas del sistema
En un país donde la violencia parece haberse convertido en la protagonista de nuestras vidas, la noticia del asesinato de Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en Baja California, es otro desgarrador recordatorio de la precariedad ya denunciada. Mientras conducía su camioneta en El Sauzal, Ensenada, fue abatida a tiros por sujetos armados, alrededor de las 19:00 horas.
El asesinato de Pérez Castro no es un incidente aislado; es un grito ahogado que emerge de las profundas aguas de la impunidad y el crimen organizado que azotan al sector pesquero. Apenas unas horas antes de su muerte, Pérez Castro asistió a una rueda de prensa en Tijuana para promover el festival gastronómico “Cocina La Baja”. Ahí, con una mezcla de valentía y desesperación, denunció la creciente ola de pesca ilegal que azota a Baja California.
Ella lo dijo de nuevo: “Sí hay un incremento de la pesca ilegal en los últimos tiempos, eso es una realidad, en los últimos cuatro años; cuando hay una cifra negra es muy difícil darte un porcentaje del incremento de una pesca que no se registra y ese es el problema de una pesca no registrada, desconoces el impacto total, no solamente económico, también ecológico, no sabes si salieron diez langostas o salieron cincuenta”, expresó con la firmeza de quien sabe que el silencio es sinónimo de complicidad.
La tragedia no termina con su asesinato. Tras el atentado, no se ha detenido a ninguna persona, y el eco de sus denuncias se hace evidente. El sector pesquero y comercial ha levantado la voz, sugiriendo que el crimen está directamente relacionado con sus declaraciones. En algún momento, las aguas del país eran cuidadas con recelo, la Marina llegó a convertirse en una de las instituciones más reconocidas y respetadas, al nivel que los pescadores eran respetuosos de la ley. Hoy, son los propios pescadores quienes son desplazados de su actividad básica y amenazados para abandonar esos espacios a la suerte de criminales que navegan armados.
El modelo de incorporación a la Guardia Nacional prácticamente, sacó a la Marina de la protección y defensa de las aguas. Un modelo en el que poco o nada se ha puesto atención en los crímenes ambientales.
El mismo día de la muerte de Minerva Pérez, Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, condenó y lamentó el asesinato en sus redes sociales, prometiendo una investigación exhaustiva. Pero al día de hoy, el mecanismo de autocensura se fortalece con este tipo de crímenes. La omisión en las tareas de protección ciudadana se ha convertido en un cómodo lugar en el que los gobernantes se deshacen de las voces más incómodas: Tan solo en 2023, 20 personas defensoras ambientales fueron ultimadas. Esos números se desprenden del más reciente informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales que cada año elabora el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
La Canainpesca, por su parte, emitió un comunicado exigiendo justicia, mientras que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Baja California arremetió contra el Estado, denunciando la falta de seguridad y la vulnerabilidad del Estado de derecho.
Minerva Pérez Castro tenía 55 años y apenas un año en la presidencia de Canainpesca. Su legado es una mezcla de valentía y desesperanza, de lucha contra la ilegalidad y la corrupción, de amor por un sector que está siendo devastado por el crimen organizado. Extorsión, pesca ilegal, amenazas; estos eran los monstruos contra los que combatía. Para Baja California, una voz apagada ha servido de ejemplo hacia todo aquel que se juegue continuar denunciando el abandono de los mares, la pesca ilegal, los crímenes ambientales, el vacío de operativos, la ausencia de autoridad.
El asesinato de Minerva Pérez Castro no solo es una tragedia personal y familiar; es una herida abierta en el Estado de derecho para un sector que lucha por sobrevivir entre la adversidad.
Es un llamado a la acción, una exigencia de justicia y una prueba más de que, en nuestro país, la valentía muchas veces se paga con la vida.
Lo desafortunado: diariamente, tareas propias de titulares de Cámaras de Comercio, periodistas, pescadores y defensores se convierten en actos de valentía. Trabajar y sobrevivir, en algunas zonas del país, han dejado de ser rutina para ser cosa de valientes.