El reciente caso que involucra a Maryfer Centeno, autodenominada grafóloga, y el youtuber Mr. Doctor ha desatado una polémica que pone en evidencia dos problemáticas profundas en México: la legitimación de prácticas pseudocientíficas y el uso del aparato de justicia con tintes de influyentismo. Este asunto, que comenzó con críticas hacia las afirmaciones de Centeno, como la supuesta influencia positiva de escribir con tinta azul para la salud, ha escalado a niveles preocupantes, con una orden de aprehensión girada contra el creador de contenido.
La rapidez con la que se ha actuado en este caso contrasta con la lentitud del sistema judicial para atender denuncias que involucran delitos graves. Este hecho no solo alimenta sospechas de tráfico de influencias, considerando que tanto Centeno como su madre han trabajado como peritas en la Fiscalía de la Ciudad de México, sino que también refuerza la percepción de una justicia selectiva. ¿Cuántos mexicanos que enfrentan delitos reales ven actuar a las autoridades con la misma celeridad?
Centeno, quien no cuenta con título oficial en grafología ni aval académico, ha construido su carrera en redes sociales vendiendo la grafología como una disciplina legítima. Sin embargo, esta carece de reconocimiento científico, lo que coloca sus afirmaciones más cerca de la charlatanería que de la ciencia. Este caso recuerda al de Marilyn Cote, una falsa especialista en salud mental que utilizó las plataformas digitales para posicionarse como experta, sin la formación que respaldara sus credenciales. Ambas historias evidencian una alarmante falta de regulación en México sobre profesiones no reconocidas y sobre las implicaciones éticas de promoverse como expertas sin el respaldo necesario.
La crítica de Mr. Doctor a Centeno, aunque expresada con un tono poco amable, responde al derecho de cuestionar públicamente las afirmaciones que carecen de sustento científico. Castigarlo con una orden de aprehensión por ejercer su libertad de expresión establece un precedente peligroso en un país donde las voces críticas ya enfrentan riesgos considerables. Este caso debería centrar la discusión en la necesidad de equilibrar la regulación de discursos de odio con la protección a la crítica legítima, especialmente cuando esta expone prácticas cuestionables.
El trasfondo de este conflicto también apunta a una debilidad en el aparato de justicia mexicano: su facilidad para ser manipulado por quienes tienen recursos o conexiones. Las acusaciones de influyentismo que recaen sobre Centeno y su familia no son menores y deben ser investigadas con rigor, ya que el uso de relaciones personales para llevar a cabo venganzas legales mina la confianza pública en el sistema judicial.
Más allá del enfrentamiento entre Centeno y Mr. Doctor, el verdadero problema radica en cómo las instituciones, en lugar de garantizar una justicia imparcial, parecen funcionar en beneficio de quienes tienen el poder y las conexiones para influir en los procesos. México necesita urgentemente una revisión profunda de sus criterios de acción judicial para evitar que el sistema sea utilizado como una herramienta de represalias personales.
En última instancia, este caso no solo pone bajo la lupa la credibilidad de Maryfer Centeno y su oficio, sino que también lanza una pregunta incómoda a las autoridades: ¿por qué la justicia actúa de manera selectiva, favoreciendo a unos y desprotegiendo a otros? Mientras no haya respuestas claras y acciones contundentes, este tipo de casos seguirán minando la confianza ciudadana en las instituciones.