Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido objeto de críticas por sus decisiones para regular la minería en México. Entre los detractores se cuentan Sergio Sarmiento y otros opinadores, aunque estos han sido motivados más bien por intereses personales que por una genuina preocupación por el país.
No es difícil entender por qué se debería regular la minería: es una importante fuente de riqueza, pero también puede tener consecuencias desastrosas para el medio ambiente y los derechos laborales si no se la controla adecuadamente. El proyecto de reforma del presidente López Obrador, que implica elevar las obligaciones de las empresas mineras y acotar sus beneficios, es un paso importante en la dirección correcta. Esta propuesta contempla la necesidad de concesionar las concesiones mineras, reducir su duración y establecer nuevas medidas para responsabilizar a los concesionarios del cuidado ambiental y el respeto a los derechos laborales. Todo esto, después del caso Pasta de Conchos y otros mineros atrapados que nunca recibieron indemnización.
El plan incluye concursar las concesiones mineras y reducir su duración, así como establecer nuevas medidas para responsabilizar a los concesionarios del cuidado ambiental y el respeto a los derechos laborales. Es algo que se debe hacer luego de casos como el de Pasta de Conchos, donde los trabajadores mineros que fallecieron no recibieron una compensación justa.
Camimex y otras empresas han advertido de los riesgos económicos de la reforma pero jamás criticaron las excesivas concesiones, el uso de recursos naturales sin límites, la creación de conflictos en las comunidades, vínculos con el crimen organizado, privilegios legales y explotación laboral y de la tierra. Esto hace evidente que, bajo el neoliberalismo, la gente es menos importante que el dinero.
Lo que resulta alarmante es el interés económico que algunos políticos y ex funcionarios que ahora trabajan para empresas mineras muestran al criticar esta reforma que limita el poder de extracción de las mineras privadas. Por ejemplo Eduardo Sojo quien fue secretario de Economía de 2006 a 2010 en el gobierno del presidente Felipe Calderón. En 2013, se unió a la minera canadiense Goldcorp. También Juan José Suárez Coppel, ex director general de Petróleos Mexicanos de 2011 a 2012, el en 2017, se unió a la empresa minera canadiense Timmins Gold como director independiente.
Regular la minería es crucial en México y en América Latina por su impacto significativo en los trabajadores. A menudo, son ellos los más afectados por la falta de regulación, las condiciones laborales inseguras y la falta de respeto por los derechos humanos.
La decisión del presidente es claramente una disputa ideológica, en la que la derecha liberal se opone a la regulación de la minería mientras que la izquierda clama por una mayor regulación. Pero algunos opositores deberían ser honestos y admitir que no es su brújula ideológica lo que los hace defender una industria que ha sido inhumana con los trabajadores, es el interés económico.