PROMETEO
En un entorno de diálogos con relación a la reforma judicial, que cuenta con la modalidad de hacer un recorrido en diferentes regiones del país, pero que denota un marcado activismo político en particular de personas afines al oficialismo, así como un reducido grupo de invitados a los citados diálogos. Destaca que no hay convocatorias de invitación abiertas a líderes del sector empresarial regional, colegios y barras abogados locales, universidades privadas y públicas.
Las ministras Esquivel, Batres y Ortiz son activas promotoras para que la reforma se realice a la brevedad y que es necesario y obligado según Esquivel que la ministra Piña deje la SCJN (es tiempo de mujeres). De igual manera se especula que al menos dos ministros pueden renunciar a su cargo, junto con el que concluye su gestión en este año, por lo que serían tres posiciones que ya no se cubrirían en tanto se confirme la reforma judicial. En tanto ya se anuncia un posible paro nacional el 15 de agosto en el poder judicial de la federación con lo cual se afectaría gravemente el de por sí ya rezagado nivel resolutivo de los asuntos en todas las materias que se tramitan en los juzgados de distrito, colegiados y la propia SCJN.
Para el presidente López Obrador y para la presidenta electa Sheinbaum, así como para los grupos parlamentarios del oficialismo, la reforma judicial es un hecho inevitable, ello interpretan con su sabiduría que el pueblo bueno y sabio lo tenía claro el 2 de junio en las elecciones federales, hay que cambiar el Poder Judicial y luego entonces atentos y muy sensibles a su mandato, harán todo lo posible para que se lleve a cabo en la forma y términos propuestos por el presidente López Obrador, que con amplios conocimientos técnicos y jurídicos, apoyado por sus brillantes colaboradores en la materia, harán que el Poder Judicial de la federación ahora si funcione, sin corrupción, nepotismo e impunidad. Para la propaganda oficial diaria y el uso y abuso de los medios públicos a razón de repetirlo cada día, se lo creen y lo festejan como un triunfo más, otro de los momentos estelares de esta administración y de la siguiente.
Eso si plantean que van a cambiar todo lo malo, no precisan como lo van a cambiar. Esto es que pasara con todos los asuntos previos a la citada reforma judicial ¿Quién los va a resolver y tiempos procesales?, ¿Cómo se van a clasificar los asuntos por etapas procesales y que prioridad tendrán las ejecuciones de sentencias ya emitidas?, o de plano será como lo hicieron con la Reforma Laboral, que dejaron un caos en todas las juntas, tanto federales como locales, pues se le da atención a lo nuevo, pero los rezagos no forman parte de la reforma y ahí están los asuntos rezagados. Es ya conocido que hay inconformidad en abogados y en especial en trabajadores con laudos en firme en a nivel nacional por esos cambios que han afectado y continúan los rezagos en particular en materia laboral, pues incluso en los estados varios tienen que desplazarse a otras ciudades a concluir asuntos. Así que, si ya se existe un antecedente de como implementan las cosas en materia judicial, en mi opinión, será un tema complejo para el estado de derecho.
Sería necesario que el INEGI, que ya tiene una base de datos sobre el poder judicial en los juzgados federales, en la corte y en los juzgados de cada entidad, a efecto de que antes de tener los datos de métricas de asuntos en trámite, con sentencia, en ejecución y hacer un análisis objetivo, hasta ahora eso brilla por su ausencia en los citados diálogos y es información que ya procesan en esa dependencia. Ayudaría mucho a entender si es necesario hacerlo gradual o a rajatabla como exige el oficialismo, porque la disque oposición está más preocupada por sus debates y discusiones públicos que por atender este tema de manera sería, a ellos lo les interesa la posición en las cámaras o en su defecto conformar un nuevo partido político para seguir activos en el presupuesto. Desconozco si el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tiene acceso a los informes del INEGI, pero juntos y con el apoyo del Tec de Monterrey, la Panamericana, la Anáhuac y de la Libre de Derecho en sus diferentes campus y que decir del sector financiero que tendría mucho que aportar y decir, habría más nivel de análisis en los citados diálogos, todavía hay algo de tiempo para proponer y discutir con miras de altura.
Para el empresario nacional o extranjero, invertir en México, es una oportunidad en especial por la cercanía con los Estados Unidos al ser su principal socio comercial, a contar con un mercado de consumo interno de 130 millones de personas, de contar con remesas mensuales de 5 mil mdd, de que hay en ciertas ciudades y regiones, en especial en el centro y el norte del país, personal mejor calificado y preparado por decisión propia y de sus familias que le invierten y se comprometen a efecto de tener un futuro mejor ante la inestabilidad económica y política de los últimos 50 años.
Tampoco se puede perder de vista que la migración centroamericana, caribeña y sudamericana, cada vez es mayor el número de persona que decide quedarse en Mexico por razones de idioma y costos. Razón por la cual el país de alguna manera se transforma poco a poco. No podemos seguir enfocados en la informalidad, con el argumento simple de que no hay desempleo, precisamente pro eso hay millones de mexicanos que se fueron por la falta de oportunidades y malos salarios. El salario mínimo lo puedes subir por decreto, pero si no generas políticas públicas para incorporar al empleo formal a personas mayores de 40 años, o no generan estímulos para incrementar productividad laboral en todos los niveles, el nivel de ingreso no mejorará y seguirás promoviendo la informalidad con las diferentes consecuencias negativas para todos (inseguridad, corrupción, impunidad, evasión).
Sin embargo, ante la incertidumbre jurídica que generan estas decisiones en materia judicial, hace que el empresario valore y pause sus decisiones. Eso ya se ve reflejado en tipo de cambio y tasas de interés, que no se trata de movimientos abruptos especulativos, sino de que los mercados reaccionan en su momento. Si el poder judicial va a ser integrado por nombramiento por voto y apoyo dirigido a militantes o afines a partidos políticos, la carrera judicial, con experiencia práctica y conocimientos técnicos jurídicos, pasara a un segundo nivel. En consecuencia, los costos en materia financiera serán mayores, pues el riesgo de impago y recuperación judicial por lo pronto no tendría certeza, ya de por si ahora es lenta y costosa. Así que las áreas pricing o cálculo de costos y riesgos serán mas cautelosas para crear costos en productos hipotecarios, consumo y empresariales.
La inversión en materia energética, es clave para detonar crecimiento, pero si siguen las reglas actuales y la imposición oficial, esa inversión se reorientará a otras regiones del mundo, eso puede implicar que la inversión del nearshoring, que ya se rezago, se ponga en cámara lenta, muy lenta. La automotriz esta activa porque su mercado son los Estados Unidos, regiones como el norte y el bajío lo han aprovechado y se han generado cadenas de proveeduría regionales. Eso no sucede con el sureste, no solo son las obras emblemáticas sin terminar que siguen siendo más una buena intención muy costosas, sino la infraestructura carretera y educativa de calidad regional básica y en especial de seguridad que hoy carecen para ser competitivos y atraer inversión.
La reforma judicial nos obliga a abogados y a los empresarios del sector financiero a ser prudentes y objetivos, son temas que no necesariamente entiende el ciudadano de a pie, pero nuestros accionistas y empleados si lo deben entender. No se trata si entras en etiquetas simplonas de si eres de derecha o de izquierda, todo extremo es malo. Debemos ser facilitadores en nuestro entorno y es claro que el sistema judicial mexicano ha sido por décadas cuestionado por impunidad, corrupción, nepotismo y excesos. En su mayoría alineado al poder en turno, en esta administración hubo diferencias en diversas resoluciones y ese motivo, más el argumento de grandes salarios, genera esta posible reforma.
La imposición nunca ha sido de buenos resultados, tarde o temprano es acotada. Hay que corregir los excesos e impunidad con precisión, claridad en los hechos y con fundamento y soporte en las leyes. Deben aplicarse con exigencia legal los tiempos establecidos en los cedidos de procedimientos civiles, familiares y penales. Y el que no los cumpla deber ser sancionado. Eso ya está en los códigos y leyes, falta aplicarlo, separar y ser autónomas las judicaturas de los tribunales federales y estatales, no para convertir en una santa inquisición judicial, sino para que tengamos un proceso ágil y creíble en las autoridades judiciales.
El verdadero problema, el que debería tocarse primero es el de los Tribunales estatales, ahí empieza el derecho, ahí se origina la problemática, mal actualizados en promedio jueces, secretarios, proyectistas y actuarios. Sin herramientas tecnologías y recursos para hacer una adecuada gestión judicial, provoca, rezagos, costos y que se impugnen los asuntos en los juzgados federales, que al final son los que van meridianamente corrigiendo los asuntos sino es que llegan a tribunales colegiados y la SCJN. Esos poderes locales siguen muy tranquilos, sus presientes son nombrados por los gobernadores locales y es lo que hace y promueve corrupción, nepotismo e impunidad. Ese debería ser el primer trabajo de análisis y soluciones a nivel local y de verdadera soberanía. El 50% de los asuntos del fuero común se radican en la CDMX, un 30% entre Nuevo Leon, Estado de Mexico y Jalisco y el 20% en el resto del país.
Esta reforma judicial en mi opinión y de diversos colegas, generara un desanimo en la carrera judicial por formación técnica jurídica, sino por intereses políticos, el pueblo bueno decido con su voto para que el gobernante elija y corrija bien, no para involucrarlos en encuestas a modo o a mano alzada, el tema es serio. Para eso tiene leyes y códigos, debiendo poner a las mejores hombres y mujeres preparados al cargo, sino lo han hecho son corresponsables de los resultados.
Todos los mexicanos deseamos un país con justicia social, con oportunidades, respetando las diferencias de opinión y de preferencias políticas y afinidades o no personales. El tema de la reforma judicial, tendrá que ver con todos, pues son asuntos en materia civil, mercantil, laboral, fiscal, penal y familiar que impactaran para bien o para mal a todos, por lo que las decisiones que se toman de manera apresurada y sin identificar el problema con claridad para ser analizado, no son un buen elemento de confianza.
La reforma judicial pone en atención dos temas, los asuntos fiscales y penales, los temas que a esta administración le dio mayor atención, en el primero pide solución en seis meses y en el segundo en un año. De no resolverse habría disciplina judicial al ser reportados. ¿Qué dice o propone con relación a temas civiles, mercantiles o laborales? No dice mayor cosa. Anexo la liga al documento base de Presidencia que difunde en su propia página.
REFORMA_AL_PODER_JUDICIAL__2_CS.pdf (www.gob.mx)
En la misma señala que los estados deberán establecer la mecánica para su nombramiento, la realidad es que lo que le urge es el Poder Judicial de la Federación, y ya que los estados hagan las cosas cuando puedan y quieran. Por lo tanto, los asuntos seguirán impugnándose en la justicia federal, razón por la cual cerca de 2 mil puestos judiciales podrán ser votados en el corto plazo o gradualmente, todo depende de cómo lo aterricen y negocien antes de que entre a las cámaras. En tanto el pueblo bueno y sabio será un observador más, al final dirán el pueblo nunca se equivoca.
PROMETEO (previsión/prospección
Mario Sandoval en X: @MarioSanFisan
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios.
Ex presidente Nacional AMFE