Aguascalientes, uno de los estados más conservadores del país, ha puesto sus condiciones para que las mujeres y personas gestantes puedan interrumpir su embarazo. Condiciones que, al parecer, buscan frenar a toda costa el derecho a abortar sin ser penalizadas en la entidad.
Y es que paradójicamente la misma legislatura del Congreso de esa ciudad, que en agosto del año pasado despenalizó el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación, ayer se echó para atrás y en una álgida sesión, con 19 votos a favor, seis en contra y una abstención, se votó para reformar los artículos 101, 102, 103 y 196 del Código Penal del estado y de este modo reducir de 12 a 6 semanas la interrupción legal del embarazo. En consecuencia la nueva legislación establece penas de tres a seis meses de prisión a quien aborte después de las seis semanas de gestación. Una grave afrenta a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.
Debemos recordar que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció por despenalizar el aborto en aquella entidad, la gobernadora Teresa Jiménez se declaró Provida. Por ello, y tras aprobarse en la misma sesión de ayer la Ley de Protección a la Vida, que advierte, además, que para que una mujer no sea penalizada si aborta en forma espontánea, se requerirá de al menos dos médicos o trabajadores de la salud que testifiquen si el aborto fue espontáneo o provocado. No solo eso: se eliminan las causales de riesgo a la vida y a la salud para interrumpir un embarazo y en caso de alteraciones genéticas en el embrión, serán también dos médicos los que certificarán la gravedad para autorizar un aborto. Una atrocidad.
Las voces de colectivas y organizaciones feministas estaban alertas desde días atrás a lo que pudiera pasar ayer en el Congreso local, pues se sabía que al tener mayoría panista, la iniciativa se iba a aprobar. Afuera del recinto legislativo, fuertemente custodiado por la policía estatal, grupos de inconformes gritaban consignas y trataron de impedir que se consumara tal atropello que echa por tierra una lucha por nuestro derecho a decidir que se ha venido librando desde hace más de veinte años en nuestro país.
Más tarde se dio a conocer el pronunciamiento conjunto emitido por organizaciones feministas donde se advierte que la reforma “es un retroceso sin precedentes en la garantía del derecho al aborto, poniendo en riesgo la salud y la autonomía de las niñas, adolescentes, mujeres, hombres trans, personas no binaries y otras personas”. Y no solo eso, se corre el riesgo de que en otros estados se pueda replicar lo aprobado en el congreso de esa ciudad.
De nuevo, al hablar del aborto estamos haciéndolo desde el punto de vista legal, como si decidir interrumpir un embarazo sea el más grave de los delitos. El aborto, hay que recordarlo, es un problema de salud pública y cada estado debe verlo desde esa óptica para implementar las medidas adecuadas que permitan realizarlo sin temor a acabar en prisión.
Qué absurdo que en estos tiempos, donde se pregona la libertad en todos los sentidos y donde las mujeres hemos avanzado enormemente para poder elegir sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestro futuro, y donde tendremos una mujer liberal en la presidencia, existan entidades envueltas en el oscurantismo como Aguascalientes, que se atreven a decidir sobre nosotras desde la ignorancia y el fanatismo, aprobando iniciativas que van en contra de lo establecido por la Corte y la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se recomienda “evitar la promulgación de leyes que prohíban el aborto con límites gestacionales”, según sostiene el Grupo en Información y Reproducción Elegida (GIRE).
Dije ayer en este mismo espacio que la reforma al poder judicial carece por completo de perspectiva de género y criminaliza a las mujeres. Pues para muestra, basta un botón. ¿Será que la SCJN eche un vistazo a lo que ocurre en ese estado? ¿Tendrán las mujeres y personas gestantes garantía de que alguien podrá brindarles apoyo jurídico ante tal atropello a sus derechos humanos?
Lo veremos…