“Joseph Fouché no se siente obligado a ser fiel de por vida ni siquiera a Dios, no digamos a un hombre.”
Stefan Zweig
Mucha tinta ha generado los señalamientos de lavado de dinero del Departamento de Tesoro de Estados Unidos hacia tres instituciones financieras mexicanas. Como es natural se ha buscado encontrar la mayor raja política posible y de inmediato, dedos flamígeros apuntaron hacia los gobiernos de la cuarta transformación. Sin un análisis fehaciente sobre cual es el origen de los recursos públicos, se atreven incluso a afirmar que los programas sociales tienen como fuente de financiamiento los recursos que provienen de operaciones ilícitas. El “economista” Mario di Costanzo –con lo chueco que es– se atrevió a hacer el siguiente comentario desde la red “X”:
“Si eres adulto mayor y tú dinero de la pensión del bienestar te llega húmedo, no te preocupes; es que está recién lavado. Atentamente, el Gobierno”.
Tres cosas habría que aclarar. Primero, que la dispersión de recursos hacia los pensionados no se da a través de las tres instituciones señaladas por el Departamento de Tesoro: CIBanco, Intercam y Vector, sino por conducto del Banco del Bienestar. Segundo, que el monto presuntamente aludido por lavado de dinero de 46 millones 591 mil dólares sólo representa el 0.17% del presupuesto autorizado para la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores en 2025; esto es, no alcanzaría para nada. Y, tercero, más importante, que las principales fuentes de ingresos del gobierno federal son los ingresos tributarios (impuestos), los ingresos petroleros, la venta de bienes y servicios públicos, el cobro de derechos y aprovechamientos y los que provienen del financiamiento (emisión de bonos y obtención de préstamos). Todo los ingresos del gobierno federal, así, provienen de la formalidad y de actividades licitas y formalmente constituidas.
Busquemos mejor otra referencia: los 46 millones 591 mil dólares sólo representan el 1.15% de lo que debe el Grupo Salinas al fisco por evasión de impuestos. Este adeudo fiscal que se ha acumulado a lo largo de 17 años es significativo y sería de mucha ayuda, ya que representa un nada despreciable 15% del Programa de Pensión de Adultos Mayores.
La literatura sobre el tema se ha extendido hacia varios puntos. El periódico La Jornada señala tres datos relevantes: 1) que cada año fluyen 100 mil millones de dólares de drogas en el sistema financiero de Estados Unidos y se estima que en su territorio se lavan anualmente 300 mil millones de dólares; 2) que el mayor número de alertas sobre lavado de dinero se da en Estados Unidos: 95 de cada 100; y 3) que dentro del reporte del Departamento del Tesoro no se indica a las instituciones financieras estadounidenses que transfirieron por estas operaciones ilícitas 9 millones 100 mil dólares a Intercam y Vector.
Volvamos a la cifra que hipotéticamente dio el Departamento de Tesoro: los 46 millones 591 mil dólares detectados en México representan 0.04% del lavado de dinero por tráfico de drogas (incluyendo el terrible fentanilo) y 0.01% considerando todo el lavado por operaciones ilícitas en Estados Unidos. La paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
¿Qué es lo que hace tan difícil atajar o acabar con el lavado de dinero? La literatura sobre el tema considera que en el lavado hay tres etapas: colocación, estratificación e integración. En cada una intervienen un número importante de agentes y se pueden generar múltiples operaciones:
- En la etapa de colocación se fraccionan los depósitos bancarios o se dispersa el dinero sucio en diferentes instrumentos financieros y se recurre a intermediarios y a empresas fantasma aparentemente legitimas que permiten la introducción de grandes cantidades de dinero al sistema financiero.
- En la estratificación se busca evitar el rastreo y romper cualquier vínculo con el origen ilícito del dinero; para ello se realizan múltiples transferencias entre cuentas, se utilizan empresas pantalla, convierten el dinero en productos financieros y se recurre cada vez más al mercado de criptomonedas y a otros blanqueos digitales, además de que se trasladan los recursos a paraísos fiscales; esto es, se crea una maraña de operaciones que hacen difícil realizar la trazabilidad del dinero.
- En la fase de integración, el dinero ya ha pasado por múltiples operaciones y se traslada definitivamente al mercado legal: se adquieren bienes inmuebles, se invierte en negocios legales, se compran obras de arte o bienes de lujo; generalmente se utilizan empresas fachadas o testaferros para estas operaciones.
Piensen en todo lo que hay detrás del lavado de dinero: empresas fantasmas y facturación falsa; cómplices o mulas (frecuentemente, sin culpabilidad voluntaria); fragmentación de operaciones y continuas transferencias; uso de criptomonedas y blanqueo digital; paraísos fiscales y cuentas offshore; casinos, bares y juegos de azar; comercio de bienes de lujo y joyas; así como nuevas formas de simulación y ocultamiento, es decir, innovación criminal. Por eso es importante la detección y la prevención temprana, es decir, cortar pronto todos los circuitos del blanqueo y evitar que los beneficios de los actos delictivos se normalicen en los circuitos de la economía legal.
Claro que existe normatividad internacional contra el lavado de dinero; también supervisión sobre bases mundialmente aceptadas, así como nuevos desarrollos tecnológicos y digitales para detectar las operaciones sospechosas. Sin embargo, el monstruo es muy grande: sólo piensen que el tráfico anual de drogas tiene un valor estimado de 350 mil millones de dólares y cuenta con alrededor de 300 millones de adictos. Sólo en Estados Unidos se estiman que hay 60 millones usuarios de drogas y que 2.5 millones de personas sufren trastornos cada año por consumo de opioides. Con estos números es difícil esperar que las acciones contra el lavado de dinero sean verdaderamente efectivas; el narcotráfico resulta ser un negocio inmenso, con un mercado que parece no contraerse.
En México existe la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; además claramente se distinguen cuatro instituciones principales que actúan contra esta operaciones irregulares: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la SHCP; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República, todas con diferentes funciones y atribuciones.
Lo más importante es que los propios bancos e instituciones bursátiles cuentan con unidades especializadas y con medidas para detectar el lavado de dinero, al integrar dentro de sus estructuras sistemas de control interno y de monitoreo de operaciones sospechosas. Aun así, es casi imposible que no dejen de pasar alguna o algunas operaciones con recursos de procedencia ilícita por las razones antes señaladas: multiplicidad, fragmentación, dispersión, complejidad y sofisticación.
El grado de eficiencia estaría dada por la capacidad de detectar operaciones sospechosas; de ahí que no se pueda inferir que una institución financiera esté plagada de casos de lavado de dinero por una operación sospechosa o por una acusación específica. Más temerario es suponer que los propios dueños consientan el blanqueo, o que participen directamente en este tipo de operaciones. Hay quien trata de desprestigiar al sistema financiero mexicano, en su conjunto, como si los montos irrelevantes de tres instituciones pequeñas llevaran a un riesgo sistémico. Inconscientes no entienden la importancia que tiene el ahorro y la inversión, el financiamiento y la prevalencia segura y confiable del sistema de pagos y de transferencias del país.
Es imposible hablar de todas las técnicas de control y monitoreo, sólo quiero hablar de una básica: “Conoce a tu cliente” (KYC por sus siglas en inglés). Es interesante porque la eficiencia de esta técnica depende mucho del conocimiento de la solvencia moral y sobre todo, de la percepción que se tenga del cliente.
Conforme al señalamiento de la Red de Control y Registro Financiero (FinCen) se dice que Vector blanqueó los sobornos del Cártel de Sinaloa a García Luna de 2013 a 2019. Se trata de más de 40 millones de dólares que se han relacionado con la empresa Nunvav Inc., propiedad de la familia Weinberg y que recibió contratos públicos en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
¿Hubiera podido alguna institución financiera dudar de García Luna y de las empresas relacionadas con él en 2013, primer año en el que inyectó recursos a Vector? Imposible, su solvencia moral estaba por las nubes; de hecho el ex Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón tuvo el reconocimiento de 12 países, incluyendo a Estados Unidos. El FBI, la CIA y la DEA le dieron sendas condecoraciones, sólo lean la siguiente declaración de Michele Leonhart (exdirectora de la DEA) en 2011: “Es un honor estar aquí con usted (García Luna), uno de los funcionarios dedicado al cumplimiento de la ley más talentosos del mundo…” En 2012, lo volvió a alabar de la misma forma.
Después de su aprehensión en diciembre de 2019, en Dallas, Texas, todo cambio, cayendo su reputación al suelo. Todos se hicieron sospechosos: su jefe, el expresidente Felipe Calderón; sus colaboradores cercanos (casi todos en la cárcel); los medios y los comentaristas que lo sobreponderaban, aplaudían y se prestaban a sus escenas teatrales (Loret con su montaje); asimismo, han salido sucesivamente a la luz sus actos ominosos; y desde luego, se han puesto al descubierto sólo una parte de sus operaciones financieras. Si hubiese honorabilidad en el Departamento de Tesoro, tendría que incluir también a instituciones financieras de Estados Unidos. El dinero ilícito no se esterilizó en México, sino que se movió hacía Estados Unidos y hacia otros países y paraísos fiscales (Israel y Barbados, según Pablo Gómez). ¿Acaso Genaro García Luna y su familia no tenía negocios o activos en Estados Unidos cuando fue detenido?
Hay algo que no se acaba de entender, como es posible que el Director de la UIF se mantenga ahora sin decir nada. En mayo de 2025, la Corte de Miami condenó a García Luna y a su esposa a pagarle al Gobierno mexicano un monto total de 1 mil 489 millones de dólares. Este juicio lo inició Santiago Nieto en 2021 y fue retomado por Pablo Gómez cuando lo relevó del cargo.
El otrora líder estudiantil, convertido ahora en sabueso (me imagino que ahora se siente un moderno Fouché, el genio tenebroso, jefe de policía de la Revolución Francesas, el Directorio, el Consulado y el Imperio Napoleónico), solicitó una carta rogatoria a la jueza de la Corte de Miami, Lisa Walsh, para que conminara a Citibanamex a entregar datos sobre una cuenta de Vector Casa de Bolsa. Se trata, sí, de los 47 millones de dólares que la UIF detectó fueron desviados por García Luna a través de contratos irregulares con las empresas Nunvan Inc y Nunvan Technologies Inc, cifra que se acerca al dato de más 40 millones de dólares relacionados con los pagos ilegales vinculados con García Luna citados por FinCen.
Protagonista -como lo es - el 23 de mayo de este año, en la Conferencia de la presidenta Sheinbaum habló que el esquema de defraudación del Estado corrupto sirvió también para financiar campañas políticas; luego añadió: nunca podemos hablar de transición entre un partido y otro cuando en realidad las cosas no cambiaron. La transición no ocurrió, sino la continuación del mismo Estado corrupto que viene de los años cincuenta, esa es la verdad. El cambio vino en 2018. Esto sin dejar de mencionar que hubo instituciones financieras que participaron en la movilización de los recursos ilegales de García Luna.
Debe decir Pablo Gómez ahora, con todos estos antecedentes – sobre todo, con el de la carta rogatoria – si su gestión en el juicio civil la hizo trascender, enterando o presentando una denuncia contra Vector ante la FGR, ya que fue la institución financiera desde donde se detectaron las operaciones irregulares de García Luna. Sobre la CNBV qué se puede decir, si la carta rogatoria fue dirigida a ella y aun así no subió el tono de la alerta hacia Vector con medidas prudenciales y correctivas; sólo hasta ahora con la comunicación reveladora del Departamento de Tesoro de Estados Unidos se ha atrevido a hacer una intervención gerencial.
Todo resulta poco explicable, desde diciembre de 2020, Alfonso Romo, dueño de Vector, había dejado de ser el jefe de Oficina de López Obrador y a partir de ese momento el presidente lo mantuvo a una sana distancia; en realidad, incluso en el cargo mostró poco fuelle y en 2024, prácticamente, permanecía en el ostracismo. Ante la ausencia de acciones oportunas contra Vector, la institución financiera vinculada con las operaciones de García Luna, sólo se nota negligencia y frivolidad por parte de nuestras entidades fiscalizadoras. Deben aclarar bien lo que hicieron en 2024, o de verdad, pregunto: ¿no existe nada peor que reconocer un error?