En los medios electrónicos, principalmente, ha sido todo un acontecimiento saber que las grandes organizaciones del crimen transnacional organizado de origen mexicano están muy presentes en Ecuador y que la dinámica criminal que ellas desarrollan en dicho país en los negocios que tienen con sus aliados, son responsables de una gran parte de la violencia presente en dicha sociedad, la cual al desbordarse en días recientes mediante la insurgencia delictiva, condujo a las altas autoridades políticas a la Declaratoria del Estado de Excepción por un conflicto armado interno durante un periodo de dos meses.
Las más grandes organizaciones criminales de origen mexicano, y otras de distinto origen nacional (sudamericanas, europeas) han logrado un posicionamiento destacado en virtud de la localización geográfica de Ecuador y de su colindancia o cercanía con la “cuenca amazónica de la cocaína”, principalmente (Colombia, Perú, Bolivia (los tres más grandes productores de cocaína, en ese orden), y Brasil (segundo consumidor mundial de cocaína con poco más de dos millones de adictos y con dos grandes organizaciones criminales vinculadas al tráfico regional y global de cocaína, el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho).
La posición de Ecuador en ese primer contexto geopolítico del narcotráfico internacional es relevante, ya que colinda con Colombia (al norte) y Perú (al este y al sur) y tiene al oeste todo el Océano Pacífico. Ecuador es un país que se extiende por la costa oeste sudamericana y se sitúa en la región noroccidental de América del Sur, y las dos fronteras con el primer y segundo productor de cocaína, lo mete de lleno en la problemática regional-global vinculada a la cadena de suministro regional (para Brasil, Argentina) con rumbo a Centroamérica (Costa Rica, Guatemala y Honduras) y de allí a México (también a Europa) y los EUA y Canadá, y desde Brasil, a Europa y África. Estos factores como segundo status de carácter geoestratégico, y de geo economía criminal involucra cientos de millones de dólares que fluyen desde los mercados regionales o interregionales.
En los tres conceptos mencionados, nos explicamos la importancia que este país tiene para todas las organizaciones criminales mayores del continente, norte y sudamericano, de posicionarse y actuar, contender directamente contra autoridades legalmente constituidas, o indirectamente contra ellas mediante sus aliados locales, o en contra de sus adversarios criminales que disputan allí el negocio de la cocaína.
Los antecedentes de esta presencia criminal hoy multiplicada y complejizada, data de finales de los años noventa y los primeros años de este siglo. Al “Chapo” Guzmán le tocó abrir brecha con las organizaciones criminales locales que en nada se parecen a las de origen mexicano, mucho más poderosas éstas últimas. La situación al respecto se deterioró grave y aceleradamente en los dos últimos mandatos presidenciales. Ya en 2021 el 82% de la población ecuatoriana percibía que el tema de la inseguridad era el tema de mayor preocupación, y que el sistema judicial era corrupto y no hacía su función respecto al crimen organizado, en el cual la violencia criminal creció desaforadamente.
Las formas de organización y operación criminal en un punto convergen con la experiencia de Brasil, surgen en las prisiones y se hacen fuertes y crecen en número de miembros a partir de la presencia allí de ciertos líderes, luego se vuelcan al exterior y siguen creciendo, se potencian, se confrontan, buscan aliados y dominan una parte de la cadena de abasto, la logística del transporte por cualquier medio.
La organización criminal más fuerte en Ecuador son “los Choneros” aliados con el Cártel de Sinaloa y con el “Frente Oliver Sinisterra” de Colombia. Según una organización de periodistas de investigación, el Organized Crime and Corruption Reporting Projec, “los Choneros” con sus aliados han explotado principalmente la ruta del Océano Pacífico que pasa por Ecuador y por donde se trafica el 74% de la cocaína que viaja hacia América del Norte (México, EUA y Canadá). Pero estamos hablando de la segunda década de este siglo cuando “los Choneros” emergen con fuerza desde los penales ecuatorianos.
Sus principales enemigos son la organización “Los Lobos” (se calculan unos 8,000 miembros) que es producto de una escisión desde “los Choneros” y con origen también en las cárceles. Son la segunda organización en importancia en Ecuador y están al mando de una especie de federación de organizaciones criminales pequeñas entre ellas, “los Tiguerones”, “los Chone Killers”, a quien en medios oficiales vinculan con el Cartel Jalisco Nueva Organización (CJNG) y con los colombianos del “Frente 48″, ex combatientes de las FARC. (CNN Español, 11 de agosto, 2023)
Entonces, decir que las organizaciones del delito en México tienen “presencia” en Ecuador es muy poco, realmente combaten entre sí al lado de las organizaciones criminales de Ecuador y Colombia por el control del mercado delictivo que representa Ecuador, principalmente el tránsito de la cocaína. Es evidente entonces que se han formado dos grandes bloques del crimen transnacional, el que encabeza el Cártel de Sinaloa y el que encabeza “Jalisco Nueva Generación”, allende las fronteras de México, usando como “teatro de operaciones” el territorio ecuatoriano.
Es la transnacionalidad criminal. No necesitan controlar directamente el territorio ecuatoriano o la producción que llega de Colombia, lo hacen a través de sus aliados, porque no son “solo contactos”, hacen negocios juntos y reparten beneficios. Pero hay otros rubros criminales asociados, el sicariato, la extorsión, el blanqueo de capital (que en Ecuador se facilita porque tienen un sistema monetario dolarizado, y lo más fácil es hacer depósitos, pagos e inversiones en dólares americanos).
Un hito en la violencia criminal en Ecuador ha sido el asesinato de Fernando Villavicencio candidato presidencial el 11 de agosto de 2023, quien había hecho declaraciones fuertes contra la violencia y la presencia criminal externa en Ecuador. Ha sido un crimen que recordó el asesinato del candidato Jorge Eliécer Gaitán (1948) en Colombia, que como en Ecuador al principio, no se ha sabido quien ordenó y ejecutó el crimen. En Colombia se supo después con toda certeza que lo ordenó Pablo Escobar. En Ecuador se sospecha también de una mano criminal vinculada al narcotráfico internacional. Pero no hay la certeza.
Ecuador tiene firmado un Tratado de cooperación y ayuda con EU que puede ser invocado y activado ante la declaratoria de existencia de un “conflicto armado interno” que hicieron los poderes constitucionales de ese país, el Ejecutivo y el Legislativo. Dos meses no parecen ni de lejos suficientes para sofocar la ola violenta criminal que partió de las cárceles hacia las ciudades. La insurgencia criminal se ha hecho fuerte con más de un centenar de rehenes. Será muy difícil su rescate sin un costo alto en vidas, porque un Estado de Excepción no se instaura para negociar con la delincuencia transnacional, obviamente. Y entonces, puede prolongarse.
Pero aún con lo importante y hasta grave antes analizado consideramos que lo fundamental es cómo en cualquier momento las organizaciones criminales pueden poner en muy serios apuros al Estado y su gobierno, con una acción coordinada y explosiva que conmociona a la sociedad y le exhibe el gran poder que ha cobrado este fenómeno contemporáneo que amenaza la seguridad nacional y la expectativa democrática. Desarrollan una ofensiva como si los Estados y gobiernos nacionales estuvieran inermes ante esta eventualidad. Reaccionan no hay capacidad para adelantarse a los hechos. Pero claro que se puede hacer y mucho.
Repito una vez más: el combate al crimen trasnacional no puede desarrollarse exitosamente sin articular las políticas una vez que se haya reformulado el marco constitucional y las instituciones (la inteligencia, las fuerzas federales, la seguridad, la justicia nacional, la readaptación en prisiones) y se haya debilitado considerablemente la corrupción de Estado. Son temas de una reforma en serio del poder en materia de Seguridad y conexos para mejor cumplir y generar una nueva eficiencia y eficacia en el quehacer público en la materia.
La coordinación de las instituciones y los encargados de la seguridad no basta, si tenemos los mismos vicios, problemas y penetración criminal en los órganos del Estado abocados a estas tareas. El residente AMLO repetía antes muy frecuentemente –ahora no he vuelto a escucharlo- que “no se puede poner vino nuevo en botellas viejas”. Precisamente. En América Latina, en los países que ya cursaron por una reforma a los aparatos de inteligencia, a la seguridad y la justicia, les resulta imperativo una segunda generación de reformas para transformar su funcionamiento con mayor eficacia y poder responder a tan formidables retos.
En México, los avances son muy pequeños, aún en el gobierno de la transformación nacional: tenemos la misma ley de inteligencia para la seguridad nacional de Vicente Fox, no tenemos ley de Seguridad Interior, ni de ciberseguridad (hackearon los equipos informáticos de la SEDENA), ni tampoco una Ley de Inteligencia Nacional (hoy pueden espiar a quien sea, incluso al fiscal Manero, robar equipo electrónico y autos en el CNI, espiar a los hijos del Presidente AMLO), y el l Sistema Nacional de Seguridad creado con Salinas es disperso y heterogéneo (no logra unificar en todo el país el modelo de seguridad con los Estados), increíble. La apuesta total en la Guardia Nacional no ha sido tan exitosa, sino muy relativamente. La SCJN acaba de regresar a la GN a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
¿Estará muy lejos México de una situación de este tipo? Ojalá que sí, pero no lo parece tanto, luego de los eventos vividos el fin de año pasado en 8 estados de la República en un periodo de muy pocos días. Espero sinceramente equivocarme. Pero hay caminos a tomar de inmediato para evitarlo.