La seguridad como una de las funciones esenciales del Estado, conceptual e históricamente evoluciona y se transforma en paralelo a la funcionalidad del Estado mismo, a su propia organización e interrelación con la sociedad y con otros países. La guerra y el conflicto social son dos de los grandes factores que condicionan los cambios en la estructura del Estado y en el ejercicio del poder, así como en los conceptos de seguridad. Es decir, los conflictos entre estados, el belicismo que adoptan algunos de ellos, y la conflictiva social nacional, influyen de manera determinante en el concepto cambiante de seguridad, en la filosofía política que subyace en ella, en la organización para su ejercicio y en los cambios que la misma acusa al influjo de estas circunstancias.

Esencialmente la seguridad se entendió mucho tiempo como capacidad de defensa frente a la posible acción de ejércitos o agentes extranjeros, es decir, actores externos, de tal manera que la seguridad descansaba en los ejércitos que gradualmente se fueron profesionalizando y adquiriendo mayor poder de fuego y ventajas técnicas, humanas y tecnológicas. La guerra ha sido consustancial a la historia humana, en unas épocas más que en otras, lo que no significa que toda la historiografía del desarrollo humano se equipare a la historiografía de los conflictos bélicos. Esa guerra puede ser interna producto de la agudización de las contradicciones sociales. Las ideas y conceptos sobre la seguridad han caminado en paralelo al desarrollo y severidad de estas conflictividades.

Poder del Estado, guerras, seguridad y sociedad, son variables que pueden interrelacionarse de distinta manera dando como resultado distintas ecuaciones a lo largo de la historia. Si a ello agregamos criminalidad, tenemos otra combinatoria distinta susceptible de usarse en diversos momentos históricos conforme se producen las transformaciones sociales. No es posible hablar de ningún tipo o grado de seguridad en una comunidad humana, si no hay un poder instituido que se ocupe legalmente de ello. Lo mismo sobre la política social y el combate al crimen.

Hoy la seguridad es un concepto multifacético hay diversos tipos de seguridad, pero posee dos grandes proyecciones: la seguridad interior, como variante de la seguridad nacional, y la seguridad internacional. Internamente, la seguridad pública, la seguridad interior, la seguridad nacional, la seguridad humana y dentro de ella, la seguridad social, que es de lo que vamos a encargarnos en esta investigación. En todos los casos, las problemáticas en dichos tipos de seguridad impactan la acción del Estado a través de los gobiernos nacionales, su estructura jurídico-política constitucional, sus cuerpos armados y el contenido de sus políticas.

En nuestros días, el crimen transnacional, como forma especial y superior de la organización delictiva, es el más grande reto surgido contemporáneamente al Estado constitucional y a la voluntad política para conformar un Estado social de derecho con la estructura legal-política y el contenido doctrinario que ello conlleva, lo que incluye también la optimización de la política social como eje sustancial y estratégico de la acción de gobierno para el desarrollo. Ni la política de seguridad, de criminalidad y justicia, ni la política social han respondido adecuadamente a la magnitud del reto lanzado. En esa búsqueda estamos en México y en toda la región latinoamericana, para circunscribirnos a ella.

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Como apunta Fernández Riquelme (2013) y John A. Moses (1982) los primeros lineamientos de política social podemos situarlos de manera clara a nivel internacional en la Sozialpolitik germana ligada al mundo del trabajo, a los efectos de la industrialización alemana durante la República de Weimar (1919-1933) y en el Welfare State europeo y anglosajón posterior a la segunda guerra mundial. Para hablar en términos contemporáneos.

Comentamos la semana anterior que históricamente, la primera política pública de este tipo surge del economista alemán Gustav Schmollër como una forma estatal de intervención en la economía (“moralización” le llamaba, ¿habrá inspirado al presidente AMLO este concepto en su disertación sobre la “Economía Moral”') regulando las formas de asistencia y protección del trabajador contratado, ligada al derecho del trabajo y las relaciones laborales, en la acelerada industrialización y urbanización de Alemania, el tránsito del Estado prusiano al Estado alemán de los siglos XIX-XX. Su impacto llegó al mundo anglosajón, incluyendo EUA hacia finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, pero también hasta el lejano Japón, entre los reformadores durante la llamada Revolución Meijí (el proceso de reforma para el cambio social y político ocurrido en Japón durante los años de 1866-70, produciendo una nueva estructura social que incluía derechos sociales para los trabajadores durante la industrialización japonesa.

El mismo J.A. Moses consigna claramente la enorme contribución del entonces primer ministro de Prusia Otto Von Bismark décadas antes (junio de 1883), quien creó por primera vez en el mundo, un sistema de seguridad social para proteger a los trabajadores en caso de enfermedad, darles atención médica, dotarlos de medicamentos y del pago de una pensión equivalente a la mitad del salario para el sustento del enfermo (la versión primaria de la licencia médica). Se trató de toda una concepción social para el cambio que se expandió a distintos países hacia finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, en donde pensadores y gobernantes de origen alemán fueron relevantes.

No debemos omitir la enorme presión con movilizaciones políticas que sobre estos pensadores ejerció el movimiento social de la resistencia obrera al proceso industrializador en Alemania y en Inglaterra en cuanto a sus graves efectos en el mundo del trabajo, así como la influencia de otras concepciones filosóficas y cuerpos teóricos más radicales como el del marxismo durante esa misma época, y en menor medida, del anarcosindicalismo. Éste, recordemos llegó a México durante la dictadura de Porfirio Díaz, contribuyendo al colapso de la dictadura. En la vieja Rusia zarista fueron fundamentales tales teorías y doctrinas que inspiraron una praxis ordenada en partidos políticos.

La segunda vertiente u oleada histórica del cambio hacia una política social amplia nació en Inglaterra mediante la acción de Lord William Beveridge durante la II Guerra Mundial, quien lanzó el “Plan Beveridge” que partió de un criterio conceptual de economía política: era preferible no promover el ahorro de los individuos para propiciar un consumo de masas y darle el máximo dinamismo a la economía, para que sea el Estado quien se hiciera cargo de los gastos sociales que debía financiar el ciudadano con sus propios recursos, promoviendo así la realización de un Estado social capaz de cuidar al ciudadano desde la “cuna a la tumba”, consigna que se convirtió en el postulado central del Estado de bienestar.

En consecuencia, durante el siglo XX se transitó en toda Europa occidental hacia una concepción económica-social central, aunque con amplias y actuales diferencias nacionales, desde los “derechos laborales” como objeto principal de la política social hacia los “derechos de ciudadanía” como meta de la actividad del Estado. Su influencia ha sido tan poderosa y prolongada que en pleno siglo XXI se sigue postulando la necesidad, especialmente en América Latina, de una “sociedad del bienestar”, frente a la difusión de las formas individualistas y materialistas de existencia que defiende los “derechos del consumidor” como criterio básico de producción y socialización de las comunidades. Este sigue siendo un punto importante de choque entre estas dos concepciones distintas que se traslada a la disputa política por los contenidos de la política social desde el Estado actual.

La sociedad y el Estado contemporáneo se han transformado en gran medida, de ninguna manera son lo que fueron en los siglos anteriores, solo que han conservado algunos aspectos sustantivos inherentes a su naturaleza humana o institucional, pública, otros se han trastocado al influjo de los nuevos tiempos, de los nuevos procesos, de las nuevas circunstancias. Tenemos nuevas instituciones, nuevos actores sociopolíticos, nuevas organizaciones, nuevas potestades constitucionales y nuevos derechos sociales.

No sólo, entonces, el enorme reto es encontrar la concepción, los programas de política pública, las estrategias, las instituciones y los actores sociales adecuados, para lograrlo, sino que también es indispensable transitar desde los viejos modelos teóricos de interpretación de los fenómenos, hacia los nuevos enfoques teóricos e históricos, y las metodologías de análisis que nos acercan a esta posibilidad para no hacer de nuestros esfuerzos una cadena de logros parciales, muy importantes pero permanentemente insuficientes para lograr la victoria.