La imposibilidad legal de que AMLO le quite a Slim la concesión de Telmex
Lo publicado por Proceso es amarillismo indigno de una revista que suele realizar trabajos periodísticos extraordinarios, como el de los Pandora Papers.
José Martínez, autor de una conocida biografía autorizada de Carlos Slim —autorizada, sí, y probablemente editada bajo los auspicios de Grupo Carso—, sorprendió a Proceso.
La revista fundada por Julio Scherer García pensó que Martínez conocía el tema de las telecomunicaciones en sus detalles legales, lo que evidentemente es falso: conocerá, en el mejor de los casos, datos de la vida personal y pública de Slim, pero ello no significa que sepa algo en materia jurídica.
Es una tontería, entonces, la reciente portada de Proceso en la que se sugiere que AMLO, para demostrar que verdaderamente combate al neoliberalismo, debe quitarle al empresario Slim la concesión de Telmex.
Eso, en lógica jurídica, es un absoluto disparate, tal como me lo han comentado abogados con experiencia en la materia con quienes he hablado.
En términos estrictamente de derecho, el presidente de la república carece de atribuciones para decidir, o no, el otorgamiento, la prórroga o la cancelación de las concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Esa facultad la tiene en exclusiva el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) en tanto organismo autónomo constitucional especializado, con fundamento (por lo que respecta a Telmex), en lo dispuesto por el artículo 28, párrafos 15 y 16, y por el artículo 113 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFT).
Por lo que se refiere a Telcel, el IFETEL es competente para otorgar concesiones en materia de uso del espacio radioeléctrico, como lo establecen el artículo 27, párrafo cuarto y sexto, en concordancia con el 28, párrafo 15 y 16, de la Constitución, así como el artículo 114 de la LFT.
La concesión de Telmex vigente vence en el año 2026, de acuerdo con lo establecido en la condición 8-1 del título de concesión de Telmex de 1990 (originalmente es de 1976 y se reformó íntegramente en 1990).
En el caso de la concesión de Telmex no se trata de un bien de dominio de la nación, habida cuenta que estamos hablando de una red fija de telecomunicaciones; hoy esa red ha sufrido diversos cambios en virtud de las inversiones que Slim ha hecho durante años, así que, en el 2021, es muy distinta a la que recibió el empresario en 1990.
El pago de los derechos se hizo conforme a la Ley Federal de Derechos; fue simbólico, sí, porque no ocupa (es muy importante destacarlo) espectro radioeléctrico, esto es, de ninguna manera ha habido favoritismo o trato privilegiado del gobierno hacia Slim: simple y sencillamente ocurrió lo que establece la ley.
Por lo que se refiere a Telcel, tiene muchas concesiones de espectro radioeléctrico por las cuales ha pagado contraprestaciones y anualmente paga derechos con base en la Ley Federal de Derechos, en una proporción mayor a lo que Slim paga por la concesión de 1990 de Telmex; ello por cuanto sí ocupa espacio radioeléctrico.
En el caso de la concesión de 1990, Telmex presentó la solicitud de prórroga dentro del plazo que señala la propia condición 8-1 del título de concesión, el cual dispone que debe presentarse un año antes de que inicie la última quinta parte de vigencia de la concesión; en efecto, así se hizo, conforme a derecho, en el 2016, o dicho en otras palabras, no hay nada de irregular en esa acción legal de Telmex.
Lo publicado por Proceso es amarillismo indigno de una revista que, por lo demás, realiza trabajos periodísticos extraordinarios desde hace décadas, como el muy reciente relacionado con los Pandora Papers, reportaje en el que sus editores ni siquiera se detuvieron a pensar si podía perjudicar, o no, al accionista, en lo individual, más importante de la revista, Julio Scherer Ibarra, un hombre honesto —es mi opinión desde hace mucho tiempo— quien, por jugar con las reglas financieras de otros tiempos, quedó atrapado en el gran escándalo y, por lo tanto, así lo espero, deberá dar explicaciones muy claras acerca de su patrimonio, si no por otra cosa, porque durante tres años fue el colaborador más influyente del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El pecado de la dirección editorial de Proceso fue el de haberse dejado sorprender por un periodista mediocre tirando a malón como don José Martínez, quien gozó del apoyo de Slim para un libro que le dio (a Martínez, no a Slim) dos y medio minutos de fama y quizá algún dinero como pago por derechos de autor.
Desconozco las motivaciones de José Martínez, pero no dudo que obedezcan a que Carlos Slim —lo mismo que su familia y los directivos de sus empresas— ya no le dan el trato de privilegio que recibió en el pasado.