La Dra. Beatriz Hernández murió estando en custodia de la policía municipal de Progreso de Obregón en Hidalgo. Su muerte se suma a los 318 feminicidios en el primer cuatrimestre de este año en nuestro país. La cifra es oficial por el Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La misma instancia señala que de enero de 2015 a marzo de este año, se han registrado 4,852 feminicidios en nuestra patria. Delito que se incrementa de manera anual.

¿Cuál es la respuesta a una muerte que se pudo evitar?

La ignorancia del presidente municipal de Progreso de Obregón, Armando Mera de Morena, quien en su infinito desprecio, culpa a la doctora de su muerte.

Sin tener ninguna prueba acusa a la hoy occisa de haber estado bajo los influjos de alguna sustancia, para después “rematar” diciendo que “se suicidó” colgándose en las barandillas. No solo no entiende la gravedad de su dicho, tampoco que su expresión invita a continuar la violencia contra las mujeres y además, culparlas del nulo interés y cuidado que se tiene a ellas. Incluyendo a las autoridades.

Lo único cierto es que la Dra. Beatriz Hernández murió estando bajo la custodia de la policía municipal de Progreso Obregón y ante eso, quien no tiene el valor de enfrentar su responsabilidad es el presidente del municipio donde se realizó el feminicidio. No hay otra forma de nombrarlo, su muerte fue feminicidio.

En su infinita cobardía e ignorancia, Armando Mera alardea que pedirá la intervención de López Obrador porque él considera se le está acosando.

Victimizarse cuando la única muerta es la Dra. Beatriz Hernández mientras supuestamente estaba siendo cuidada.

En esta trágica historia, el alcalde Mera acusa al gobierno estatal de extracción priista de haber prendido fuego al palacio municipal. Mientras el gobierno estatal y diferentes colectivos de mujeres niegan su participación en dicha quemazón.

Volver la muerte violenta de una joven de 29 años en un feudo político en lugar de buscar a los verdaderos culpables es parte de no entender lo que estamos viviendo. Cierto, siete funcionarios se encuentran en la cárcel, dada la orden de prisión preventiva dictada por el juez como medida cautelar. Pero solo son para evitar su posible evasión y cumplirá el plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Se tiene que encontrar a los responsables y que paguen con la pena tipificada en los códigos. Pero no solo eso, es necesario que la autoridad máxima de dicha limitación geográfica deje de culpar a la Dra. Beatriz Hernández de su mortal destino e inicie actuando de forma responsable.

Los familiares de la joven profesionista de tan solo de 29 años solo tienen una poco creíble explicación de lo que pasó. Dados los antecedentes de la doctora, es extremadamente difícil creer que se quitó la vida.

Sus compañeros, los médicos del Hospital General de Pachuca, donde ella hacía su residencia, tampoco creen en la explicación oficial otorgada. Realizaron una marcha en silencio en Pachuca para exigir justicia por la joven doctora.

La muerte de la Dra. Beatriz Hernández es investigada como feminicidio. Se debe llegar al final del asunto y encontrar a los culpables de tan inapropiada víctima. Al mismo tiempo, se debe frenar los dichos superfluos y comentarios terribles de las autoridades municipales como lo expresado por Armando Mera.

Los feminicidios continuarán en nuestro país, si ni siquiera las autoridades que debieran velar por la seguridad de la ciudadanía, entienden la gravedad de lo que sucede.

Hoy, al igual que las mujeres que marchan exigiendo un alto a la violencia, o de sus compañeros, nos unimos al grito silencio #JusticiaParaBetty.

Las palabras de violencia se trastocan en hechos. La indiferencia por las víctimas, permite que los feminicidios continúen sin que nadie les ponga un alto.