A dos semanas de la devastación provocada por el huracán Otis en Guerrero, es necesario analizar si los derechos fundamentales de las personas afectadas son respetados en medio de esta tragedia. El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister” ha lanzado un llamado urgente al gobierno federal, resaltando omisiones y el acceso desigual a la asistencia que miles de ciudadanos enfrentan.
Jesús Rey Fierro Hernández, presidente del GIDH expuso la necesidad de atender los derechos de las personas en situaciones de desastre. Esta atención debe incluir tanto la seguridad y la protección como el acceso igualitario a la ayuda y la no discriminación en su distribución, resaltó.
En este sentido, hay que enfatizar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha proporcionado directrices que deben aplicarse a nivel global en casos de desastre. De esta forma, el gobierno mexicano está obligado a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas, que residen en poblaciones cercanas a Acapulco.
La población de Guerrero sigue en grave vulnerabilidad, especialmente grupos como madres, mujeres, personas adultas mayores, enfermos, personas indígenas y menores de edad. El gobierno debe garantizar que los derechos de todas estas personas sean protegidos, sin discriminación por motivos de raza, género, discapacidad, idioma, religión u origen.
El acceso a la información en un idioma comprensible y el derecho a participar en la planificación y ejecución de la respuesta ante desastres también son derechos que deben ser respetados. Por eso es necesario evitar una severa crisis en materia de derechos humanos que podría agravar la ya existente crisis de seguridad que existe en la región.
De esta forma, es necesario que el gobierno federal cumpla con su deber de proteger y respetar los derechos de las personas afectadas; no debemos permitir que una tragedia natural se convierta en una tragedia de derechos humanos. La integridad y el bienestar de todos los ciudadanos son responsabilidad del Estado, y esta responsabilidad no debe ser tomada a la ligera.
Punto Cero
La figura de Hugo López Gatell, exsubsecretario de Salud y conocido por su papel en la gestión de la pandemia de COVID-19, ha estado en el centro de la controversia recientemente. Las sombras que rodean sus acciones con respecto a la Universidad del Conde y la Maestría en Cirugía Estética han arrojado una luz preocupante sobre un posible conflicto de interés y una atención selectiva.
López Gatell intentó clausurar la Universidad del Conde en Veracruz, mientras otorgaba permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (Revoe) a dos universidades privadas en Ciudad de México y Nuevo León para ofrecer la misma Maestría en Cirugía Estética. Esta aparente contradicción plantea interrogantes sobre sus verdaderas motivaciones y su enfoque en la salud pública.
Además, López Gatell respaldó afirmaciones de una “youtuber” sobre presuntas muertes relacionadas con malas prácticas en cirugía estética, aunque éstas resultaron ser infundadas, ya que no hay registros de casos legales en contra de médicos cirujanos estéticos en los tribunales del país. En cambio, los casos problemáticos parecen vincularse con cirujanos plásticos. Esta controversia arroja sombras sobre la veracidad de la información respaldada por López Gatell.
El episodio también involucra a Veracruz, donde López Gatell usó su influencia para revisar la documentación y operación de la Universidad del Conde. Sin embargo, una revisión oficial del gobierno del estado no encontró anomalías que justificaran la clausura de la institución. Esto plantea más interrogantes sobre cuáles eran los verdaderos motivos detrás de su intento de cierre.
La transparencia y la integridad son cruciales en la gestión de la salud pública. Cualquier conflicto de interés o influencia indebida mina la confianza en las instituciones y pone en riesgo la credibilidad de quienes tienen la responsabilidad de velar por la salud de la población. Los ciudadanos merecen respuestas y garantías de que la salud pública se maneja con la mayor honestidad y objetividad posible, máxime cuando se aspira a dirigir una entidad del país.
Periodista | X: @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017