Las avispas pican y muerden. Pueden picar varias veces, a diferencia de las abejas que solo lo hacen en una ocasión —pierden el aguijón y mueren—. Supongo que las avispas muerden también, sin que les pase nada, cada vez que se presenta la ocasión.
Aristófanes comparó a los jueces con avispas —solo a los jueces: no había mujeres en los tribunales de la antigua Grecia; o es lo que se me ha dicho, lo que aclaro ante la posibilidad de estar equivocado—.
La obra Las avispas, de Aristófanes, no es la única creación literaria de la antigüedad griega que trata sobre el sistema judicial: “La presencia del derecho, la justicia, el poder o el Estado aparecen en obras trágicas griegas como la Antígona de Sófocles o las Euménides de Esquilo” —cito un ensayo del jurista argentino Guillermo Lariguet, “El aguijón de Aristófanes y la moralidad de los jueces”—. Pero Las avispas tal vez sea la primera comedia que ridiculiza al sistema judicial: “encarna una caricaturesca visión de los jueces y su modo de aplicar el derecho de aquella época”.
El citado jurista argentino partió de Las avispas para “meditar sobre las condiciones bajo las cuales puede ser moral la labor judicial”.
Para Guillermo Lariguet, “si Sócrates fue conocido como el tábano de Atenas por sus afiladas preguntas a los eruditos de su época, Aristófanes, con el recurso a un humor mordaz, fue el aguijón de los griegos”.
Las avispas se desarrolla en la Atenas gobernada por Cleón. “Los principales protagonistas de Las avispas son Filocleón (el que ama a Cleón) y su hijo Bdelicleón (el que odia a Cleón). La corrupción es el principal problema moral y político que denuncia Aristófanes a través del humor”. Tal corrupción se explicada por la injerencia de la disputa política en el poder judicial.
La sobrejudicialización, que generaba corrupción —se sobornaba a los jueces, se compraba a testigos, se falsificaban documentos— era un problema en la antigua Grecia.
Provocaba otro problema la sobrejudicialización de la vida griega, quizá más grave: la obsesión de los jueces por condenar —a favor o en contra de determinados intereses—. De un trabajo del sitio de internet Fragmentos de derecho administrativo tomé estas palabras de uno de los sirvientes de Cleón: “Mi amo está loco por ser juez. Le gusta infinitamente el tribunal. Si no se sienta en el primer escaño se pone furioso. Y ni duerme siquiera. Por la noche está soñando en que va a dar el fallo y apenas pestañea cuando mira el reloj de agua que está midiendo el tiempo”.
La obsesión por condenar lleva a la arrogancia del juez y a pensar que todo lo puede.
Como en la Grecia de Aristófanes, la lucha política sobrejudicializó la vida comunitaria en México. Los partidos perdedores en 2018 pensaron que la judicatura —no solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino aun los juzgados de distrito y tribunales colegiados— podía otorgarles algo del poder que no consiguieron en las urnas de votaciones.
Un juzgador federal, el abuso en un proceso legal y una institución sobrejudicializaron la política mexicana.
El juzgador, Juan Pablo Gómez Fierro, quien en el arranque del gobierno de AMLO inventó —por sus puras pistolas— la llamada suspensión con efectos generales, lo que abrió la puerta a que la oposición derrotada intentara, por esa vía, detener todos los proyectos del primer presidente de izquierda en la historia de México.
El proceso legal del que se abusó solo para combatir a la 4T es la controversia constitucional.
Así las cosas, para darle fuerza a la absurda suspensión con efectos generales y para apoyar, intelectualmente hablando, las controversias constitucionales de la oposición, en 2020 nació —patrocinada por Claudio X. González— una institución de derecha para dar la pelea a la 4T en los tribunales, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que tiene como directora a una brillante abogada joven, Mariana Calderón, que no ha podido hacer gran cosa porque carga con el desprestigio brutal de consejeros y consejeras a quienes reporta sus actividades, entre los que están impresentables empresarios como el mencionado Claudio X. y otros fanáticos conservadores, como el hombre de negocios bastante menor Gustavo A. de Hoyos Walther, la exalcaldesa panista Lía Limón García y un integrante del PAN muy conocido en tribunales, Fernando Gómez Mont, exsecretario de Gobernación de Felipe Calderón, este el presidente espurio que entregó la seguridad nacional al narco —Gómez Mont algún día, para que no se le acuse de complicidad, deberá contar con todo detalle cómo eran las reuniones para tomar decisiones en las que llevaba la voz cantante Genaro García Luna, colaborador del cartel del Sinaloa hoy preso en Estados Unidos—.
Hay que admitir que el disparate de la suspensión con efectos generales tuvo un antecedente en el sexenio de Enrique Peña Nieto: el amparo para que el poder legislativo expidiera una ley de comunicaciones, amparo que dio el exministro Arturo Zaldívar, hoy colaborador de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La suspensión con efectos generales, la controversia constitucional y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico se convirtieron en los aguijones con los que las abejas jurídicas de la derecha pretendieron inyectar veneno a la 4T. Tales piquetes generaron enrojecimiento e hinchazón en sectores del gobierno de izquierda, pero no causaron más daño.
Las cosas se complicaron cuando, envalentonada por lo que hacían jueces y abogados conservadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que tenía un aguijón mucho más grande con el que podía destruir a la izquierda mexicana.
La arrogancia de la SCJN terminó por destruir al poder judicial que nació en 1994 en los primeros días del gobierno de Ernesto Zedillo. Pelear, en vez de negociar —argumentar, intentar de buen modo convencer con argumentos razonables— es lo más arrogante que puede hacer cualquier persona, sobre todo cuando no tiene fuerza frente al rival.
La consecuencia de todo lo anterior ha sido la reforma judicial y la reciente elección de personas juzgadoras. Lo que sigue es la implementación del nuevo poder judicial, con jueces y juezas que surgieron de las urnas de votación. No será fácil la transición.
De hecho, ya hay problemas —los últimos estertores del poder judicial que muere—, sobre todo en la Ciudad de México, donde solo la politiquería puede explicar un paro de labores en el tribunal de justicia más grande de Latinoamérica. Ha durado tanto que solo puedo considerar que hay grilla, de la más vulgar, contra el presidente del TSCJN, Rafael Guerra, quien afortunadamente tiene experiencia para resistir y conocimiento para poner orden después de la tormenta.