El problema con los golpes históricos como el logrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no es su tamaño, sino su alcance. O, mejor dicho, sus límites.
La red de huachicol desmantelada presume escala industrial con millones de litros, decenas de empresas fachada, miles de millones en facturación simulada y la pregunta no es cómo operaban, sino quiénes les permitieron operar. Ahí es donde las investigaciones comienzan a volverse selectivas.
El operativo es exitoso por donde se le mire: Fue producto de una operación de 7 meses de seguimiento. Lograron el desmantelamiento de tres estructuras criminales dedicadas al robo, almacenamiento, distribución ilegal de combustible. Una de estas estructuras podía extraer hasta 1.5 millones de litros por semana.
Lo asegurado fueron más de 150 millones de litros de gas LP, 61 pipas, 55 autotanques. 20 tanques de almacenamiento y 11 instalaciones (“tractocamiones” o centros operativos).
Pero la parte más interesante de la cadena son los “Petrofactureros”.
Este término apunta a empresas que simulan operaciones legales, emiten facturación falsa, ayudan a “lavar” el dinero del combustible robado y tienen una mayor formación y capacidad operativa así como sofisticada. Resuelven logística así como impuestos.
La narrativa oficial habla de meses de seguimiento, cateos, detenciones. Pero lo más delicado es la trazabilidad hacia arriba y la dosificación de datos que colocan a los vinculados con este delito a merced de quien pueda emprender acciones legales. Este tipo de esquemas no se sostiene solo con operadores logísticos o prestanombres. Requiere protección. Requiere información privilegiada. Requiere, en algún punto, que alguien con poder garantice que nada se detenga antes de tiempo. De otra manera no se explica el nivel sofisticado que nada tiene que ver con vulgares perforadores de ductos, como se nos hizo ver al inicio de la persecución por huachicol.
El huachicol fiscal es delito de cuello blanco y alcance muy alto.
El patrón conocido es que se exhibe la infraestructura criminal, pero no necesariamente la arquitectura política que la hizo posible. El éxito de Seguridad Ciudadana para rastrear, investigar y desmantelar esta red es enorme pues toca todo tipo de intereses. Participaban unas 40 empresas fachada que movían hasta 23,000 millones de pesos. Hubo cateos en 4 estados con 14 personas detenidas y podría tratarse de una de las colaboraciones más grandes y exitosas entre entidades del sexenio, una señal más que contundente de que en temas de seguridad, van en serio. Nadie dio pitazos.
En México, el robo de combustible dejó de ser hace tiempo una actividad marginal. Se convirtió en un negocio que necesita, además de ductos perforados, rutas seguras, vigilancia que no interviene, revisiones que no detectan, permisos que se otorgan o se ignoran. Todo eso ocurre dentro de estructuras formales del Estado.
Por eso, cuando se anuncian decomisos espectaculares, vale la pena preguntarse qué tan profundo llega la investigación y el hecho es que aquellos liderazgos políticos que abusaron de su influencia tendrían que estar muy preocupados. ¿Se está siguiendo el dinero hasta sus últimas consecuencias? ¿Se están revisando cadenas de mando completas? ¿O estamos frente a una depuración quirúrgica que corta las ramas más visibles y deja intacto el tronco?
Hay otra pregunta que preocupa aún más: ¿qué pasa cuando las redes criminales se cruzan con estructuras de poder político y de seguridad? No es una teoría extravagante; es una hipótesis que ha aparecido en investigaciones previas, auditorías, filtraciones y testimonios. Redes de este tamaño difícilmente prosperan sin algún grado de connivencia o, en el mejor de los casos, tolerancia activa.
El riesgo de no ir más allá es convertir estos operativos en episodios de contención, no de desmantelamiento real. Golpes que sirven para mostrar resultados, pero no para alterar las condiciones que hicieron posible el negocio.
Y entonces, la historia se repite. Cambian los nombres, cambian las empresas, pero la lógica permanece pues mientras las investigaciones no se atrevan a incomodar a los niveles más altos como políticos, administrativos, incluso dentro de las fuerzas encargadas de combatir el delito, el mensaje es doble: hay consecuencias… pero solo hasta cierto punto.
El verdadero alcance de este golpe exitoso no se medirá únicamente en litros decomisados, millones identificados ni en pipas aseguradas. Se medirá en cabezas de estructuras que tarde o temprano, deben comenzar a rodar.