La reestructuración del aparato de inteligencia de Estado en México y el combate a la criminalidad transnacional están avanzando desde el plan de seguridad de 100 días en su fase operativa, y la legal adscripción de la Guardia Nacional a la Defensa (ya no nos referiremos más a tal institución como la “SEDENA”) concretada ya en el poder legislativo federal (que otorgó plenas funciones de investigación a la GN) hacia la actualización concordante del marco legal-constitucional, para cuyo efecto se turnó al Senado de la Republica y dentro del mismo a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad., la Iniciativa de ley enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, para que sea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quien coordine y dirija la estrategia de seguridad pública, otorgara facultades al efecto para realizar investigaciones de delitos y para entregarle la coordinación del Centro Nacional de Inteligencia en materia de seguridad y combate a la criminalidad transnacional
La reforma modifica el articulo 21 constitucional para que sea la SSPC quien investigue los delitos y cumplimente las órdenes de aprehensión que correspondían al Ministerio Público, acciones que estarán ahora en la secretaría del ramo del Poder Ejecutivo Federal, la Guardia Nacional y las policías en sus respectivos ámbitos competenciales, quienes actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público en el ejercicio de tales funciones.
La SSPC no sustituye, sino complementa activamente al Ministerio Público, asume algunas de sus funciones, las de investigación y órdenes de aprehensión. Hay entonces una nueva coordinación y articulación de interacciones entre los cuerpos armados y de investigación (policías de investigación y Guardia Nacional), con el ministerio público y las fiscalías, federal y estatales. Es un cambio en el modelo de investigación criminal, promoción de la justicia y la seguridad pública.
Por ello, en conjunción, la otra iniciativa de ley es para el establecimiento del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia que coordinará la propia SSPC, y que será el mecanismo institucional que articule a las dependencias de seguridad con las fiscalías estatales y las policías locales, elevando al rango de subsecretaría la inteligencia y la investigación criminal integradas al nuevo sistema nacional.
Todo, explicado y detallado el 30 de octubre de los corrientes por el titular de la propia SSPC, Omar García Harfuch, como nuevas bases de la estructura y operación de la Estrategia Nacional de Seguridad Publica, a cargo de la propia SSPC.
Desde un punto de vista académico y teórico-conceptual me sigue “haciendo ruido” que se sostenga el criterio de considerar a la criminalidad transnacional como ámbito de la seguridad pública y que ésta última se equipare a la seguridad y protección ciudadana. Y a consecuencia de todo ello, se omita o ignore la seguridad interior establecida en el texto constitucional. Seguramente se pensará que tales disquisiciones jurídico-conceptuales deben subordinarse a criterios más prácticos que moldeen la urgente necesidad de reforzar la efectividad de las acciones contra el crimen transnacional que avanza en cuanto le dejan el más mínimo resquicio en cualquier plaza de la república, y desde luego, hay que contenerlo y revertir la tendencia cancelando riesgos y amenazas y capturando objetivos relevantes, golpeando las estructuras desde sus bases y niveles intermedios, hacia la estructura jerárquica superior, como se está haciendo hoy.
El reto fundamental de esta administración sexenal, con la brecha que abrió el anterior gobierno, es hacer compatibles plenamente, la institucionalización de las nuevas inteligencia e investigación criminal, la profesionalización del más alto nivel posible de los agentes en ambas funciones, y la fiscalización y control de tales servicios del Estado, con los preceptos democráticos de respeto irrestricto a los derechos humanos. No es fácil ni rápido, pero es la ruta crítica correcta, aspiracional para el México de la 4T-4R en el contexto de la construcción del su segundo piso.
Ambas iniciativas, en adición a las anteriores, permitirán avances significativos en la planeación y coordinación respecto de las nuevas atribuciones legales de investigación para la SSPC, y respecto de la promoción de la justicia. Aunadas con la reforma judicial y la renovación gradual del cuerpo de jueces, magistrados y ministros, que impulsarán una adecuada y constitucional impartición de justicia, nos ofrecen una nueva perspectiva para los mexicanos, que esperamos se concrete, mediante la homologación del modelo y los esfuerzos en los estados de la república. También se ha avanzado en los acuerdos específicos con los titulares del poder ejecutivo en Jalisco, Chihuahua y Nuevo León, para articular regionalmente la estrategia en curso. Falta Querétaro.
El ataque perpetrado en días pasados en Querétaro, en el bar “Los Cantaritos”, probablemente presagiado ante la cercanía de los narco ataques terroristas en Guanajuato, por la corta distancia y la operación de grupos de la criminalidad transnacional que se esparcen en toda esa región, fue de muy alto impacto, toda vez que mató a 10 personas e hirió a otras 13, y las primeras investigaciones evidencian la presencia de líderes criminales en las acciones terroristas, no fue una batalla inter criminal, sino que hubo diferentes bajas civiles ajenas a cualquier conflicto armado criminal e indefensas.
En tanto el gobierno estatal procede a intentar blindar la frontera de Querétaro con sus vecinos del Estado de México y Guanajuato, etc., estimando incursiones de criminales por esas vías y “contaminando” el ambiente social estatal, consideramos que hay tres factores que deben analizarse con toda seriedad, antes de atribuir a otros factores el evento de alto impacto: a) tenemos que situar el trágico evento en el contexto nacional y regional, lo cual es inevitable que tenga determinadas influencias negativas; b) los eventos en Guanajuato debieron encender la sensibilidad oficial estatal y situar el riesgo que Querétaro tendría en las semanas subsiguientes, por el accionar regional de los cárteles y la conexión operativa de sus líderes estatales, entonces aquí hubo una omisión importante de carácter preventivo, al considerar que dicho Estado es repelente en automático a tales perniciosas tendencias; c) el gobierno de Claudia Sheinbaum está firmando acuerdos de colaboración federal-estatal en materia de seguridad, con los gobiernos de signo y color distinto, ya lo hizo en los Estados arriba comentados, y se desarrollan las primeras acciones en forma coordinada, no en el caso de Querétaro.
¿Por qué? Ojalá lo explicaran las autoridades estatales con razones fundadas y suficientes. Pero difundir en la prensa local como hacen algunos “mercenarios de la pluma” que fue un ataque impulsado por Morena-Querétaro para desestabilizar el buen gobierno del PAN y posicionarse para las elecciones estatales de 2027, es una aseveración de canallas, ruin y sucia a más no poder. En el mejor de los casos es intentar generar un sesgo ideológico ante una tragedia, ideologizar la explicación probable, falsificarla, ofreciendo ideas vacuas ante un hecho con características objetivas dentro del entorno nacional que debe analizarse e informar a la ciudadanía en forma racional y responsable.
Más aún cuando los análisis especializados establecen que existe una disputa clara y documentada en Querétaro entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima en alianza con el hoy muy diezmado Cartel de Sinaloa, ambos dedicados a la extorsión, el robo de combustibles y el narcotráfico. El CJNG ha reiterado que no ataca a civiles inermes, pero se el Cartel de Santa Rosa no sólo se atrevió a amenazar al presidente AMLO, sino que ha sido señalado como presunto responsable de líderes políticos locales, y ataques a sitios públicos. Son presunciones que pesan sobre él, pero no hay duda de su actividad desde hace años en el robo al combustible en la región. De igual manera hay documentada la presencia de otros cuatro grupos, por lo menos, dedicados al cobro de “derechos de piso”, narcomenudeo y demás. Al CJNG se le vincula justamente en centros nocturnos y bares. El ataque habría tratado de llamar la atención a este vínculo conocido entre los grupos criminales.
Es decir, la prensa local registró un incremento significativo de la violencia criminal desde hace más de un año, y son las disputas y confrontaciones de los 7 u 8 grupos criminales que actúan en el estado de Querétaro los generadores de la misma, y en el contexto de una ofensiva federal contra las plazas fundamentales del narcotráfico y narco organizaciones en el país, es que hay que ubicar los hechos en tal entorno nacional y el estatal con sus particularidades en las disputas y enfrentamientos criminales. Esa es la realidad, lo demás son elementos secundarios u omisibles para un análisis serio de lo acontecido hace unos días.