No hay duda de que la resolución en contra de Genaro García Luna en Nueva York ha enviado mensajes inequívocos. Tras las revelaciones vertidas en el proceso, se ha comprobado que el crimen organizado en México, entiéndase, los principales cárteles de la droga, han penetrado en lo más profundo del Estado mexicano, tocando al mismísimo secretario de Seguridad Pública.
Esta crisis de credibilidad del Estado mexicano, sumado a la dramática situación sufrida a manos del fentanilo, ha provocado reacciones escandalosas, e incluso, inverosímiles, en un grupo de legisladores estadounidenses, mismos que han escalado las tensiones hasta propuestas que pondrían en grave peligro la integridad territorial.
El senador republicano Lindsay Graham (el lector recordará su oposición personal a muchas de las propuestas de Donald Trump en 2016) prometió hace unos días introducir una propuesta de ley en el Senado que faculte a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para entrar en territorio mexicano para combatir frontalmente a los cárteles de la droga.
En palabras del legislador “Es tiempo de actuar duro contra México… si ustedes continúan dando refugio a los capos del narcotráfico serán considerados enemigos de los Estados Unidos”. Añadió que la ley dispondría que los carteles serían considerados organizaciones terroristas. Ello implicaría, cabe señalar, un sinnúmero de acciones legales que las agencias federales estarían habilitadas para ejecutar.
En el caso hipotético de la promulgación de una ley bajo estos términos, Estados Unidos violaría flagrantemente el derecho internacional y, desde luego, la soberanía mexicana. Para la mala fortuna de nuestro país, Washington no se ha distinguido por su respeto al orden internacional cuando sus intereses están en juego. Recordemos la guerra en Irak y el desdén abierto del gobierno estadounidense hacia las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del cual es miembro permanente con derecho de veto.
Ante este escenario, y una vez que la ley intervencionista haya pasado a través de ambas Cámaras federales, tendría que ser promulgada por el presidente Joe Biden. Y mismo ante un hipotético de caso de superación del veto presidencial, y a reserva de conocer el contenido del texto jurídico, solamente el presidente de Estados Unidos está facultado para ordenar el despliegue de tropas o de agentes federales.
En otras palabras, a pesar de la baja probabilidad de que la iniciativa del senador Graham tenga éxito, lo cierto es que la relación bilateral entre México y el vecino del norte ha sido afectada. De allí que un grupo creciente de legisladores radicales, con fines políticos rumbo a las elecciones de 2024, buscan colocar a México en la mira de Washington y ante el peligro de una violación flagrante de la soberanía territorial.